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Daniel Ortega

Elementos de la crisis en Nicaragua

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A la cabeza los estudiantes, pero en general el pueblo entero se levantó, primero la protesta era por asuntos puntuales (crisis de la seguridad social, etc.) y ahora en una sola voz por justicia y democracia. La represión no se ha hecho esperar, el costo de la protesta ha sido elevadísimo. En estos 89 días de protestas de represión contabilizamos más de 300 muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos y detenidos ilegalmente, que son verdaderos presos políticos. Testimonios de torturas en cárceles como no se había sabido en el país en 30 años. En estos momentos hay ataques contra manifestantes pacíficos en distintas partes del país, secuestros de jóvenes y adultos y vivimos prácticamente en estado de sitio. El terror lo impone la Policía que se ha convertido en un órgano represor, junto con grupos parapoliciales fuertemente armados y financiados por el régimen de Daniel Ortega.

El Ejército ha declarado que no se involucrará en la actividad represiva y parece que lo está cumpliendo. Ahora bien, la neutralidad del Ejército, tal como hasta ahora la han entendido sus mandos, le ha permitido a Ortega a vista y paciencia de todo el país organizar bandas ilegales de civiles armados que operan junto con la policía y por cuenta propia secuestrando, asesinando, incendiando y sembrando el terror de distintas maneras.

En cualquier país donde impere el Estado de derecho, el presidente, que es responsable de esas atrocidades, ya habría sido removido de su cargo y juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Los nicaragüenses demandamos que Ortega renuncie, que un gobierno de transición asuma la administración del país y lleve a cabo los cambios necesarios en el sistema electoral para tener a la brevedad posible elecciones libres, justas y transparentes.

La presión popular ha obligado a Ortega a sentarse en una mesa de diálogo, no es por su gusto. De haber sido voluntad del gobierno, sus interlocutores serían los partidos políticos con personalidad jurídica que han sido funcionales y le han servido al orteguismo para maquillar los fraudes electorales, sin ninguna representatividad y credibilidad entre la población.

Enfrentamos una crisis que exige soluciones urgentes, pero el gobierno ha llegado al diálogo a perder tiempo y sin voluntad de alcanzar acuerdos sustantivos. No ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta para la democratización del país y se ha limitado a pedir la desmovilización de las protestas a cambio de la promesa de “hablar” sobre el tema de la democratización. Mientras tanto continúa la represión y el accionar de las bandas paramilitares, las que el gobierno declara inexistentes a pesar de los miles de videos y declaraciones de testigos y víctimas, que las muestran actuando en conjunto con la Policía.

El sistema electoral nicaragüense está colapsado, y requiere profundas reformas que garanticen a los nicaragüenses la independencia del poder electoral, cedulación sin discriminación, la libre participación en elecciones, tanto para elegir como para ser electo, esto incluye la libertad de conformar partidos políticos y la recuperación de las personalidades jurídicas confiscadas, el respeto a la decisión popular y garantías de fiscalización y observación de las elecciones.

Hay que resaltar que la reorganización del poder electoral no es cuestión de leyes solamente, es sobre el cumplimiento de las leyes y la voluntad de realizar elecciones correctas. El Consejo Supremo Electoral perdió toda credibilidad prestándose a la realización de varios fraudes, esos magistrados deben ser removidos y sustituidos por personas confiables e imparciales, al igual que los directores de las dependencias administrativas.

Las elecciones adelantadas a la fecha más próxima posible constituyen la salida democrática a la crisis creada por el régimen, siempre y cuando sean verdaderamente competidas y los votos se cuenten correctamente. El problema es que con Ortega en el poder y su Consejo Supremo Electoral es imposible hacer elecciones correctas. La democracia no puede ser patrocinada por Ortega, quien ha corrompido todas las instituciones políticas y no ha vacilado en recurrir a la violencia indiscriminada para mantenerse en el poder. Por eso acogemos el clamor popular de que Ortega y Rosario Murillo renuncien, pues son el obstáculo principal a la reconstrucción democrática de la sociedad nicaragüense.

En nuestra experiencia como país, la lucha sostenida del pueblo siempre ha conducido al éxito, simbólica y emocionalmente eso es sumamente importante. Es fundamental la unidad y la inclusión de todos los sectores, definir las estrategias de lucha en cada momento y no ceder terreno en las aspiraciones del pueblo. La lucha tiene diversos frentes en donde participan distintos actores, la mesa de diálogo es uno de ellos, pero los estudiantes, los movimientos sociales, los líderes opositores que por años han sido reprimidos y asfixiados por el régimen a nivel local, todos tienen un rol fundamental en la presión y conducción de la salida, el reto es su articulación.

Esta revolución pacífica que estamos viviendo es novedosa en Nicaragua, va más allá de la demanda de salida de Daniel Ortega, ha representado también un espacio de reflexión colectiva sobre la necesidad de que ese círculo vicioso que ha llevado a la entronización de caudillos en el país no se repita nunca más.

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