[EXTRACTO]

Empobrecimiento

En España, el año ha empezado con una cuarta parte de la población activa en paro, de la cual una proporción cada vez mayor son desempleados de larga duración sin derecho al seguro de paro.

Son comprensibles los esfuerzos de algunos representantes gubernamentales españoles de dar ánimos a la ciudadanía, convenciéndola de que lo peor ha pasado. Forma parte de la psicología colectiva para corregir la depresión y la economía del miedo, que no hacen más que abundar en la desconfianza y, por ende, profundizar en las dificultades para sacar la cabeza del hoyo. Datos puntuales como la caída del paro en diciembre (una cifra bastante buena), la reducción de la prima de riesgo, la subida de la bolsa, la corrección del déficit exterior, abundan en esa dirección.

Sin embargo, el contraste con la realidad cotidiana, la que se ve en las calles, hace que aquellas tendencias semejen a mucha gente runas del destino, prácticas adivinatorias. Para esa práctica de la observación, el año ha empezado con una cuarta parte de la población activa en paro, de la cual una proporción cada vez mayor son desempleados de larga duración sin derecho al seguro de paro, y los que aún permanecen en ese sistema de protección cobrarán menos a partir del sexto mes inscritos en las oficinas correspondientes.

Las tres cuartas partes restantes de la población activa se dividen entre los asalariados en el sector privado y los autónomos (de los cuales solo una ínfima minoría va a ver indiciados sus sueldos en relación con la inflación: el IPC provisional de 2012 fue del 2.9%); los funcionarios del sector público, que tienen congelados sus emolumentos y no han cobrado la paga extra de Navidad; y los pensionistas, a los que no se les ha actualizado su prestación con relación al IPC. Si, por una parte, todos esos colectivos pierden ingresos, por la otra habrán de abonar más por la utilización de los principales servicios públicos y por el aumento de los impuestos y tasas de las diferentes administraciones, ávidas de ingresos para corregir sus déficits públicos.

La suma de los dos vectores da lugar a un empobrecimiento generalizado de la población. Esta es la otra cara de la moneda, la que no subrayan los ministros ni el presidente de Gobierno en sus comparecencias. El aumento de la competitividad no se está consiguiendo por un cambio en el modelo productivo que incorpore a la realidad empresarial mejores tecnologías, infraestructuras, organización e innovación, mejoras de la educación y de la formación, sino por una reducción de los salarios y las pensiones, sin que los precios los acompasen en la misma medida. Los esfuerzos colectivos y la sustitución del bienestar por la precariedad resultan así incomprensibles para muchos, lo que es un problema para la democracia.

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