[REFERENDO]

En España no hay divorcio

Mientras que los escoceses pueden escoger democráticamente si permanecen unidos a Gran Bretaña, en España la separación de Cataluña sería ilegal.
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Llego a España, ¿debería decir, a Donostia en el País Vasco? Justo cuando la proximidad del referendo en el que los escoceses decidirán si quieren permanecer en el Reino Unido o recuperar su independencia causa estremecimientos en la península ibérica.

En el viaje del aeropuerto a mi hotel el conductor del taxi me señala que el edificio de gobierno por el que pasamos es el único en San Sebastián en el que ondea la bandera de España. Pero no vaya usted a pensar que era un simpatizante de ETA o un nacionalista recalcitrante.

Era un hombre joven con pinta de pelotari que aprendió a hablar vasco antes de hablar español y cuyas preocupaciones son económicas, no políticas. Lo que quiere es mantener su trabajo pero sabe íntimamente que primero es vasco y luego español.

En los periódicos la conversación sobre el voto escocés es eminentemente política porque el sí podría tener un efecto dominó que se sentiría en Cataluña y luego en el País Vasco. La consulta en Escocia será este jueves, solo los escoceses pueden participar y consta de una sola pregunta: ¿Debería ser Escocia un país independiente? Sí o no.

En España todo es más complicado. Si se realiza el referendo el 9 de noviembre los catalanes tendrían que responder a dos preguntas: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?”. Sí sí, tienen otra pregunta: “¿Quiere que este Estado sea independiente? Sí o no”.

A mí me parece ejemplar la manera democrática en la que los británicos han encarado la consulta y lamentable que el Gobierno español no entienda que entre el texto constitucional y la voluntad de la gente para decidir su destino hay un problema político que se agranda con la prohibición.

Es claro que hay enormes diferencias entre el caso de Escocia y Cataluña. En Gran Bretaña la Constitución no establece este tipo de prohibiciones y los partidos políticos acordaron la legalidad del referendo.

En España, la Constitución prohíbe cualquier referéndum sobre la independencia de una región, y dando cátedra de inflexibilidad política y de insensibilidad democrática el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se niega a discutir el tema escudándose en la ilegalidad constitucional del referendo.

El domingo pasado, el diario El Mundo publicó una entrevista en la que el presidente de un partido catalán decía textualmente: “Ha llegado la hora de que nos saltemos la legalidad española”. Mal principio. En los países donde impera el estado de derecho no se violan las leyes ni los líderes políticos abogan porque se rompan. Se discute la conveniencia del cambio de la ley y se da curso a la voluntad popular.

En Escocia, las encuestas muestran una opinión pública dividida en dos partes iguales. En Cataluña, según las encuestas, la voluntad popular parece favorecer la permanencia en España pero no cabe duda de que la torpeza con la que Rajoy ha manejado el asunto le ha dado más partidarios al sector independentista.

El Partido Socialista Obrero Español lleva tiempo hablando sobre la necesidad de reformar una Constitución que en el momento en el que se proclamó fue ejemplo de cómo transitar de la dictadura a la democracia y de cómo lograr una integración regional muy complicada, pero que ya no responde ni a las realidades ni a los retos de la España ni del mundo actual. Desafortunadamente, ni los socialistas de 2005 ni los conservadores de 2014 han avanzado un ápice en la discusión de este tema.

Peor aun, mientras el Partido Popular siga siendo mayoritario no hay salida legal al asunto. La rigidez del gobierno en el poder raya en el cinismo cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría señala que el camino a seguir es “plantear una propuesta de reforma constitucional en las Cortes que sin duda sería rechazada por el PP, con lo que de momento no hay salida”.

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