[LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE]

Gobernabilidad de los proyectos

Los proyectos de infraestructura pueden ayudar a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo cual se necesita que exista un marco institucional y parámetros de transparencia.

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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen la agenda pública global más ambiciosa en la actualidad, en tanto apuntan a generar transformaciones sociales, económicas y ambientales. El Gobierno de Panamá ha asumido el compromiso de lograr los ODS para el año 2030. En este contexto, la infraestructura pública cobra relevancia por su contribución esencial a este cumplimiento. La provisión de acueductos, escuelas, vialidad y hospitales, entre otros, tiene un alto impacto en el acceso a servicios públicos, empleo y conectividad de territorios y poblaciones, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos y la protección del medio ambiente.

La magnitud de la inversión pública en Panamá se ha incrementado exponencialmente. Según la Contraloría General, el gasto de capital del gobierno central en inversión real, pasó de un promedio anual de US$403 millones durante los años 2003 - 2009 a US$1,800 millones durante los años 2010 - 2016. Este crecimiento ha generado presión a las instituciones públicas responsables de los proyectos de inversión, debido a la brecha en los recursos destinados al fortalecimiento de su capacidad de gestión de proyectos complejos y de volúmenes sin precedentes.

Actualmente, la exposición de la infraestructura a malas prácticas, externalidades y a impactos de eventos naturales es recurrente en los medios de comunicación. Para reducir dichos riesgos es importante dotar a las instituciones del Estado de especialistas, herramientas, procesos, así como de un marco de control que permita optimizar costos, calidad y tiempo en la gestión del ciclo de sus proyectos, más allá de la adjudicación del contrato, que es con lo que generalmente se mide la eficiencia. Si bien la culminación de la obra es una condición necesaria, no es suficiente, en tanto que puede convertirse en un “elefante blanco” si no son considerados elementos como el equipamiento, la dotación de recursos y un plan de puesta en marcha, gestión y mantenimiento que logre asegurar la ejecución de los servicios públicos como educación, salud, seguridad, etc., para los cuales dichas obras son construidas y que son esenciales para alcanzar los ODS.

Esta problemática de malas prácticas y poca planificación sobre la posterior operación de las obras de infraestructura, determina el desafío nacional de mejorar la capacidad pública de gestión y ejecución de proyectos, incluyendo la configuración de una instancia de planeación y seguimiento, la debida preinversión, la estrategia de licitación y contratación basada en el interés público, la innovación tecnológica, el desarrollo y uso de herramientas de gestión y de estructuras especializadas en las que se apliquen estándares de clase mundial. Así como la necesidad de planificar la adecuada operación de los servicios públicos, dotando las obras de personas, insumos y sistemas que monitoreen y aseguren la calidad de los servicios para los cuales las obras fueron creadas.

En respuesta a esta exigencia de mejorar en la producción de infraestructura, el Gobierno de Panamá ha tomado decisiones estratégicas, como ha sido la creación de la Unidad Coordinadora de Infraestructura Pública (UCIP). Asistida técnicamente por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), esta unidad ha facilitado las condiciones y capacidades técnicas, legales y procedimentales para dinamizar la ejecución de proyectos en distintos sectores y territorios del país. Adicionalmente, con el objetivo de ir desarrollando su institucionalidad, la UCIP ha diseñado y validado herramientas, metodologías y estructuras de trabajo enfocadas en el ciclo de proyectos.

El autor es director de la Oficina Subregional de Unops para Panamá, Costa Rica y el Caribe

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