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[COLOMBIA]

Nuevo acuerdo revive las esperanzas de paz

La sociedad colombiana, aunque con los pies en la tierra y un poco de escepticismo sobre la desmovilización total de las FARC, no deja de mostrar su respaldo a la salida negociada al conflicto.
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El escepticismo, la impaciencia y la incertidumbre dominaban el diálogo del Gobierno colombiano y las FARC el mes pasado, cuando se cumplía un año de su inicio. Pero el acuerdo sobre la participación política de la guerrilla, firmado por las partes el miércoles pasado, revivió la esperanza de esa paz con la que Colombia sueña.

Tras casi 13 meses de conversaciones en La Habana, se han firmado acuerdos sobre dos de los cinco puntos pactados en la agenda de negociaciones y, aunque el tiempo estimado por el presidente Juan Manuel Santos para firmar la paz era de meses y no de años, la orden por ahora es seguir adelante con el proceso, inclusive durante las elecciones que se avecinan el próximo año en Colombia.

Varios análisis consideran el nuevo acuerdo como un impulso para las conversaciones, que se encallaron durante semanas por el debate sobre la inclusión política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), uno de los temas más complejos del proceso. No obstante, otras posturas insisten en que la firma de la paz está aún “muy lejos”, no solo por el tiempo, sino también por “la poca voluntad” de la guerrilla.

Las críticas se centran en la persistencia de la confrontación en gran parte del país y en los ataques realizados por miembros de las FARC que siguen afectando a diversas regiones. Atentados con explosivos contra torres de energía, oleoductos y estaciones de policía, además de secuestros como el del estadounidense Kevin Scott, liberado a finales del mes pasado, son solo algunos de los argumentos de quienes le cierran la puerta al proceso. El expresidente Álvaro Uribe, antecesor de Santos, es uno de los más grandes opositores no solo de los diálogos, sino también del actual gobierno, liderado por quien fuera su ministro de Defensa. En varias ocasiones se ha referido al proceso como un diálogo “con terroristas que ofrece impunidad, elegibilidad y micrófonos a los responsables de las atrocidades de las FARC”. Sin embargo, los aplausos sobre los avances en La Habana, a donde fue trasladada desde Oslo la mesa de negociaciones en noviembre del año pasado, no se hacen esperar y desde el Congreso, los sindicatos, las organizaciones defensoras de derechos humanos y la población civil en general llueven mensajes positivos.

Es el caso de Iván Cepeda, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, quien ha insistido en la necesidad de llegar con éxito al final del diálogo. Para el congresista “haber llegado a un acuerdo así, sea de carácter parcial, pone un firme fundamento para transitar a la paz en Colombia”. La sociedad colombiana, aunque con los pies en la tierra y un poco de escepticismo sobre la desmovilización total de las FARC, no ha dejado de mostrar su respaldo a la salida negociada al conflicto interno que vive el país desde hace medio siglo y que ha dejado más de 200 mil víctimas mortales.

Prueba de ello es el resultado de una reciente encuesta realizada por el Observatorio de la Democracia, de la Universidad de Los Andes de Bogotá, según la cual casi el 60% de los consultados apoya esa gestión.

El presidente del Partido Liberal, el senador Simón Gaviria, hizo un reconocimiento al trabajo de las partes en La Habana, pero advirtió que es “fundamental que primero se garantice el derecho a la vida y a la opinión para que cientos de personas que no han sido escuchadas en el pasado puedan participar en el Congreso”.

Dentro de lo acordado por las partes, está la creación de un estatuto que dé garantías para la formación de nuevos grupos políticos opositores, entre los que debe estar el que surja de la desmovilización de las FARC, además de una comisión multipartidista que delinee el nuevo estatuto de la oposición, entre otros temas.

Lo fundamental de este avance, para el analista Alfredo Rangel, es determinar qué guerrilleros podrán participar en política y quién no podrá hacerlo. Según él, “está claro que los que sean condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes atroces no lo podrán hacer, lo que incluye a toda la cúpula del secretariado. Eso es lo primero que debió decirse”.

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