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Ortega: de revolucionario a corrupto y asesino

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Ortega: de revolucionario a corrupto y asesino

En 2013, el dictador nicaragüense Daniel Ortega sacó debajo de su manga un megaproyecto de infraestructura para crear un alucinante canal interoceánico alternativo al Canal de Panamá. El contrato se firmó sin ningún tipo de consulta y se mantuvo oculto pese a que cedía soberanía por 50 años prorrogables a 50 más, podía generar un desastre ecológico que atentaba contra el lago de Nicaragua y el río San Juan y no aportaba ningún beneficio al país, pues estaba diseñado para favorecer a la empresa HKND, de propiedad de un ciudadano chino llamado Wang Jing, a quien ya el Gobierno de Nicaragua había beneficiado con un millonario contrato en el rubro de comunicaciones.

A pedido de organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua, Transparencia Internacional solicitó un informe jurídico sobre las extrañas e inusuales condiciones de ese oscuro y billonario contrato a la destacada jurista española Esther Hava García, catedrática de la Universidad de Cádiz.

Las conclusiones del informe fueron contundentes: se trataba de una operación altamente sospechosa de corrupción, avaluada en al menos $50 mil millones y plagada de cláusulas estrambóticas destinadas a favorecer por todos los medios al inversionista chino, atentando contra los intereses de Nicaragua con el pago de montos irrisorios por la concesión a través de una opaca empresa offshore, renuncia de la soberanía nicaragüense a favor del supuesto inversionista, blindaje ilegal del contrato volviéndolo intangible e inmodificable, y el desplazamiento forzoso de 120 mil campesinos de sus tierras.

Luego de suscrito el contrato, la empresa HKND desapareció y Wang Jing se declaró en quiebra, lo que confirmaría que se trató de un mecanismo de lavado de activos para encubrir otros enjuagues de Ortega y su camarilla. Hoy no se habla más del “Gran canal de Nicaragua”.

Ahora que el pueblo de Nicaragua se ha alzado contra la corrupción del tirano, y que este se ha revelado como un represor sin contemplaciones, los catedráticos Esther Hava García (Universidad de Cádiz) y Francisco Javier Álvarez García (Universidad Carlos III), nos recuerdan las características de esta trama corrupta.

El estudio de Hava García y Álvarez García, titulado Irregularidades en el régimen jurídico del Gran canal interoceánico de Nicaragua, plantea lo siguiente:

Hace cinco años el Gobierno nicaragüense otorgó a la empresa Hong Kong National Development Group (HKND, controlada por el magnate chino Wang Jing, “desaparecida” de Nicaragua hace más de un año y recientemente también de su sede social en Hong Kong) concesión exclusiva para diseñar, construir y operar un canal interoceánico similar al ya existente en Panamá, que conectaría Atlántico y Pacífico a través del lago Cocibolca y el istmo de Rivas, cubriendo un área de unos 270 km2. El canal, cuya construcción debería comenzar a finales de diciembre de 2014, se presupuestó en al menos $50 mil millones.

Para hacer posible el proyecto, Nicaragua modificó distintas leyes, incluyendo la propia Constitución. Además, se aprobaron dos leyes que debían regir el diseño, construcción, desarrollo y administración del canal y demás infraestructura vinculada: la 800/2012 denominada “Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y de la creación de la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua”; y la 840/2013: “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a el Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”.

Las dichas leyes no se consensuaron en modo alguno con los campesinos, quienes accedieron al conocimiento de sus consecuencias cuando comenzó la ocupación de sus tierras –en exceso-, el planificado desplazamiento de más de 120 mil de entre ellos y la represión ante cualquier signo de oposición. Ahora, y a pesar del fracaso del proyecto, siguen vigente las mencionadas leyes y todas las medidas excepcionales en ellas previstas, lo que provoca una considerable inseguridad jurídica pues no se sabe qué puede traer el futuro.

Del marco jurídico diseñado para la construcción del canal son de destacar, en primer término, las facultades exorbitantes concedidas a la “Autoridad del Gran Canal”, formada por miembros del Ejecutivo y que conforma su voluntad con un extravagante sistema de votación, ya sea en materia financiera, contractual, normativa o judicial. En segundo lugar son de resaltar algunas de las disposiciones de la Ley 800, como la recogida en su artículo 2, que dispone que el funcionamiento del Gran Canal “no podrá interrumpirse por causa alguna”, lo que literalmente significa que ni siquiera la inminencia de una catástrofe ecológica o humanitaria lo permitiría; o el hecho de que el régimen de protección ambiental brindado sea insuficiente –además las obras se iniciaron sin completarse el estudio de impacto ambiental-, o que la disciplina de la “zona del Gran Canal” y su área de afectación sea fijada por la “Autoridad del Gran Canal” sin intervención democrática alguna.

Es significativo también que las obras comenzaran seis meses antes de la promulgación de la Ley 840, cuyo artículo 1 otorga todas las autorizaciones necesarias para ejecutar el Acuerdo Marco de Concesión (MCA). Se trata, además, de una norma muy confusa: por la relación de las partes que subscriben el MCA –que, por cierto, no ha sido publicado-, o porque autoriza la firma del acuerdo marco y simultáneamente crea la entidad que ha de firmarlo.

Las condiciones para las transferencias de los beneficios derivados del funcionamiento del Gran Canal constituyen otro de los puntos “débiles” del sistema, pues: a) Las principales obligaciones pecuniarias asumidas por el inversionista son: pago anual y en efectivo de hasta $10 millones durante 10 años; y concesión a la misma Autoridad del derecho a participar en los ingresos de cada subproyecto, con un porcentaje inicial del 1% (que llegará a ser con el transcurso de los años del 99%) a través de la emisión o transferencia a favor de la Autoridad de acciones de la empresa concesionaria. Es decir: la mayor parte de los beneficios se pagan a través de la participación en una empresa constituida en un paraíso fiscal… que a día de hoy ha “desparecido”. La otra parte consiste en un pago ridículo para una infraestructura como un canal interoceánico. b) No existe contraprestación específica alguna a favor de Nicaragua por los beneficios obtenidos por HKDN. Solo se requiere al inversionista para que “procure” que una porción (sin concretar) de beneficios “sean utilizados con fines filantrópicos para el apoyo social y económico” en Nicaragua o “a nombre de los ciudadanos de Nicaragua a través del mundo según lo previsto en el MCA”.

La Ley 840 otorga al “Inversionista” poderes prácticamente ilimitados, sin establecimiento de controles de su ejercicio. Así, y entre otros: a) El Art. 2 permite incluir en el ventajoso régimen de la Ley 840 a cualquier infraestructura que el inversionista determine necesaria. b) El Art. 3 le otorga el derecho de ceder, transferir o gravar todos o cualquiera de sus derechos u obligaciones respecto de todos o cualquiera de los subproyectos. c) El Art. 11 le da la potestad de determinar “a su entera discreción” la cantidad a cobrar en concepto de tasas por todos los peajes, aranceles, etc. que deba pagar cualquier persona que utilice cualquier porción del Gran Canal. d) El Art. 8 le permite beneficiarse automáticamente del silencio administrativo positivo respecto de cualquier consentimiento que solicite. e) El Art. 12 le otorga trato absolutamente discrecional y preferente en los procedimientos de expropiación que se lleven a cabo. f) El Art. 8 pone a su servicio a todas las entidades gubernamentales, obligándolas a tomar cualquier acción necesaria para procurar los derechos del concesionario y cualquier otra parte de subproyecto.

En fin, desde un plano general lo más preocupante anida en las disposiciones de la Ley 840 que suponen una auténtica cesión de soberanía por parte del Estado de Nicaragua, dotando, además, de inmunidad civil, administrativa, penal y económica a la concesionaria y sus socios. Es decir: Nicaragua renuncia a los derechos de la soberanía sobre cualquier acción desarrollada por el inversionista en territorio nacional. Además, “blinda” esta ley al exigir una mayoría reforzada en el Congreso para su modificación. Se trata de un auténtico golpe a la Constitución de la República.

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