[SOCIEDAD]

El PIB de la esclavitud sexual

Francia considera que muchas mujeres son en realidad víctimas de trata o explotación sexual, y ha anunciado que no incorporará este dato a sus cuentas.

La entrada del tráfico de drogas y la prostitución en el producto interior bruto (PIB) de los países de la Unión Europea –que entrará en vigor el próximo 22 de septiembre– tiene el mismo límite que se aplica a cualquier otra actividad integrada en las cuentas públicas: debe tratarse de un intercambio libre. Por eso, Francia encabeza una rebelión contra esta medida. El país galo considera que muchas mujeres son en realidad víctimas de trata o explotación sexual, y ha anunciado que no incorporará este dato a sus cuentas.

Por ahora ningún otro país europeo se ha sumado a la negativa francesa. Pero, en España, tanto las asociaciones de ayuda a las víctimas de trata como la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados rechazan también que se incluya en el PIB una actividad que es “una forma de esclavitud”.

“El aumento del PIB no puede basarse en la violación de los derechos humanos”, afirma Carmen Quintanilla, diputada del PP y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso. “Muchas prostitutas son niñas. La UE tiene que reflexionar sobre esto”, agrega. “Sería necesario que el Gobierno hiciera lo mismo que el francés”, opina la diputada Carmen Montón, portavoz del PSOE en la comisión. “No estamos de acuerdo con que esto se contabilice como riqueza”. “Lo vamos a plantear en la comisión sobre trata y explotación sexual, cuyas conclusiones se elevan al Gobierno aunque no son vinculantes”.

Ambas diputadas, al igual que la Policía española y Apramp (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituta), lo tienen muy claro: no es una actividad libre y consentida. La Policía y las representantes políticas barajan cifras similares y aseguran que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas, “bajo coacción física, psíquica o cultural”, en palabras de un agente que ha trabajado durante 17 años en la lucha contra la trata de mujeres. El ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz, señaló en 2013 en la presentación del plan de lucha contra la trata con fines de explotación sexual: “Hablamos de una lacra de grandes dimensiones y con un carácter especialmente dramático, ya que quienes sufren la misma, pierden su libertad y todos sus derechos convirtiéndose en los nuevos esclavos de nuestro tiempo”.

Nadie sabe a ciencia cierta de dónde procede el porcentaje del 90%, pero casi todos coinciden en que en muchos casos la prostitución se ha convertido en una nueva forma de esclavitud. Incluso la asociación Hetaira, que defiende la legalización de la prostitución en España –una actividad actualmente alegal aunque los clientes pueden ser multados en algunas ciudades– y que rebaja mucho estas cifras, calcula que una de cada siete mujeres la ejerce obligada.

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