[EXTRACTO]

Panorama electoral en Guatemala

Las dificultades de la izquierda de Guatemala para competir en las elecciones de septiembre están dejando al país centroamericano a las puertas de un nuevo gobierno de derecha con tinte militar, lo que haría retroceder los juicios por abusos durante la guerra civil. La Unión Nacional de la Esperanza (UNE), a la que pertenece el presidente centroizquierdista Álvaro Colom, no ha logrado inscribir como aspirante a su ex esposa, Sandra Torres, quien se divorció del mandatario para sortear una prohibición constitucional que impide a familiares ser candidatos. Este conflicto está pavimentando el camino al militar derechista Otto Pérez Molina, quien lidera las encuestas y ha sido cuestionado por su supuesta participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil (1960-1996) en la que murieron cerca de 250 mil personas.

Defensores de los derechos humanos, como la abogada Jennifer Harbury, creen que, si Pérez llega a ser presidente, obstruirá a la justicia en casos que tras décadas lograron abrirse contra militares acusados de masacrar pueblos enteros. “Él ha dicho que la guerra terminó y que todos deben unirse. Pero sin justicia, es lo mismo que decir que todos debieron unirse después de la Segunda Guerra Mundial sin Nuremberg (juicios a los criminales de guerra nazis)”, dijo. En la última encuesta del periódico Prensa Libre, Pérez Molina obtuvo un 37.6% de la intención de voto, seguido de Torres con un 17.2%. En Guatemala, un candidato necesita un 50% más uno de los votos para evitar una segunda ronda, prevista para noviembre. Tribunales han negado varias veces la inscripción a Torres, quien esta semana presentará su último recurso de apelación. Muchas personas tienen presente las atrocidades ocurridas durante la guerra civil por parte de los militares, pero al mismo tiempo están hartos de los rampantes niveles de violencia que asuelan al país por parte de las pandillas o maras y más recientemente de los carteles de la droga mexicanos. Como en las elecciones de 2007, en las que perdió con Colom, Pérez promete “mano dura” contra la delincuencia. La guerra civil sigue siendo un asunto delicado en el país centroamericano. Aunque el Gobierno le quitó en junio el estatus de información confidencial a unos 12 mil documentos militares que datan de 1956 a 1996, mantiene en secreto información de 1982 y 1983, la fase más sangrienta del conflicto.

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