[CRISIS EN VENEZUELA]

Patadas de ahogado

Es alentador que la Asamblea Nacional, la OEA y Unasur unifiquen criterios para presionar al chavismo a restaurar el orden constitucional, liberar a los presos políticos y celebrar elecciones.

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Patadas de ahogado

Ante el derrumbe del Estado de derecho en Venezuela y el desmoronamiento de la economía nacional, Nicolás Maduro da sus últimas patadas de ahogado.

Incapaz de satisfacer las necesidades básicas de su pueblo ha tenido que suplicar a Naciones Unidas que le suministren medicamentos. Buscando distraer la atención de los problemas del país, hace poco mandó un destacamento de 60 militares a invadir Colombia bajo el pretexto de que el río que marca la frontera había cambiado. Ya tuvo que regresarlos a su país. Luego le ordenó al Tribunal de Justicia dar un golpe de Estado que le facultaba para asumir las funciones de la Asamblea Nacional, para recular de inmediato cuando la reacción internacional condenó la maniobra.

Frente a este desorden, la Asamblea Nacional venezolana, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unasur discutirán esta semana el rompimiento del orden constitucional en Venezuela, y abrirán procesos para que el país recupere la normalidad democrática extraviada el día que el coronel Hugo Chávez tomó el poder en 1999, y hoy continúa con su prolongación mecánica, Nicolás Maduro.

En Caracas, la Asamblea Nacional iniciará el proceso de remoción de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que, servilmente, se prestaron al golpe de Estado en Venezuela, de acuerdo con lo establecido en el artículo 165 de la Constitución, al tiempo que se activa el proceso para fijarles responsabilidad penal.

En la Casa de las Américas en Washington D. C., desde la sede de la OEA, la mayoría de los 34 embajadores acreditados ante la organización podrían pedir a la presidencia del Consejo Permanente que convoque a sesión urgente sobre la situación en Venezuela y se inicie un proceso que podría culminar en la suspensión de ese país para participar en la organización hasta que se normalice la institucionalidad democrática. También, los cancilleres de los países del Mercosur han condenado el rompimiento del orden democrático en Venezuela y reclaman que se cumpla el cronograma electoral.

Pero aparte de la última crisis institucional provocada por la torpeza de Maduro, Venezuela es un archipiélago de crisis. En los hogares venezolanos hay una crisis alimentaria, porque en los mercados no hay alimentos, y para comprar lo poco que queda en los anaqueles tienen que hacer una cola para el turno, otra para tomar el producto y otra más para pagar. También hay una crisis de salud: en las farmacias no hay medicamentos, en los hospitales los quirófanos apenas funcionan y los laboratorios no tienen los insumos necesarios. Se estima que 13 mil médicos se han ido de Venezuela. En el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo hay una crisis energética y en las gasolineras se raciona la venta de gasolina. La crisis de seguridad es probablemente la más severa en el mundo. Según una encuesta de la Universidad de Vanderbilt, el 80% de los venezolanos tiene miedo de ser asesinado, y 6 de cada 10 ciudadanos han atestiguado un asesinato en su vecindario. Es una estadística aterradora, pues en El Salvador y Honduras –considerados los dos países más violentos del mundo– solo 3.5 de cada 10, dijo lo mismo.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía venezolana caerá 8% este año tras retroceder 10 puntos porcentuales en 2015, y la inflación llegará a 720%. Además, el Gobierno no tendrá divisas para importar los alimentos que demanda la población ni los insumos que requiere el golpeado sector productivo. Esto, por el desplome de los precios del petróleo, que genera 96% de las divisas del país.

Así las cosas, es muy alentador que los presidentes de los países más grandes del hemisferio unifiquen criterios con la OEA y el Mercosur para presionar a Maduro a que se restaure el orden constitucional en el país y la separación de poderes, que se respeten los derechos humanos, la libertad de expresión y la de prensa, y sobre todo, que se fije una fecha inamovible para celebrar elecciones presidenciales. Pero, como me dice Peter Hakim, presidente emérito del Diálogo Interamericano, “el éxito de la oposición va a depender de su habilidad para proponer una agenda que le dé prioridad a reducir las dificultades económicas y humanas del país”.

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