[CHILE]

Podrían revelar identidades secretas

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¿Se debe levantar el secreto que cubre por 50 años los testimonios de los torturados por la dictadura de Augusto Pinochet? Esa discusión divide a Chile ante una iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet para acelerar y destrabar juicios por esos casos.

La reserva de identidad permitió que muchos se atrevieran a revelar por primera vez detalles de los horribles apremios por los que pasaron y que fueron recopilados en un libro en 2003, cuando se cumplieron 30 años del golpe al presidente Salvador Allende.

Ahora, la presidenta Bachelet -víctima ella misma de tortura, al igual que su madre, y cuyo padre murió en prisión- quiere acelerar el debate de un proyecto de ley para levantar el secreto de esos testimonios recabados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como 'Comisión Valech'.

“A nadie le gusta publicar las humillaciones a las que fue sometido”, dijo el expresidente Ricardo Lagos, quien creó esa comisión que recogió el testimonio de 35 mil personas y logró acreditar que cerca de 28 mil de ellas fueron torturadas, en una de las prácticas más masivas de las dictaduras latinoamericanas.

La Comisión estableció reparaciones económicas para los afectados, así como un plazo de 50 años para la reserva total de la identidad específica de cada testimonio.

El lunes pasado, durante la conmemoración de los 44 años del golpe de Estado que instaló la dictadura de Pinochet, la presidenta Bachelet anunció que le impondría "discusión inmediata" a un proyecto de ley ingresado hace dos años para permitir la entrega a la justicia de "documentos, testimonios y antecedentes" proporcionados bajo secreto a la 'Comisión Valech'.

El objetivo, explicó, es que "esa información se pueda entregar a los tribunales, de manera de avanzar en procesos que hoy pueden estar detenidos, y contribuir concretamente a la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares".

Con ello, se asemeja a lo que sucedió con el llamado informe Rettig, que en 1991 -un año después del fin de la dictadura- estableció las circunstancias en que murieron o desaparecieron las 3,200 víctimas atribuidas al régimen que por 17 años encabezó Pinochet, abriendo el camino a las investigaciones judiciales.

El anuncio de la presidenta despertó una ardua discusión y obligó a su gobierno a ampliar el plazo de discusión de la iniciativa en el Congreso.

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