[DIPLOMACIA]

Realidad y política exterior

A diferencia del año pasado, no se han reportado contactos bilaterales entre los presidentes o cancilleres del Perú y Chile en Nueva York, donde coincidieron varios días en las Naciones Unidas. Es una muestra más del enfriamiento político-diplomático que trajo la administración Bachelet, que privilegia el acercamiento a Mercosur y Unasur.

Gobiernos y cancillerías se deprimen por su falta de voluntad y creatividad para tratar sobre el llamado “triángulo terrestre”, mientras los negocios se dinamizan. En multimillonaria inversión, Sodimac compra Maestro, la peruana Cineplanet inaugura su noveno complejo de cinemas en Chile, las autoridades fronterizas perfilan un roaming especial para abaratar la comunicación celular entre Tacna y Arica, y adoptan medidas acordes con un flujo de tránsito superior al de las fronteras con el resto de nuestros vecinos.

Con una relación económica y social tan arrolladora, intriga que el camino abierto por la armoniosa aplicación de la sentencia de La Haya se paralice ante un diferendo cuya dimensión territorial es inversamente proporcional a la del problema marítimo felizmente resuelto. El misterio se explica por la importancia del principio involucrado en la disputa de ese pedazo de playa: el “respeto a los tratados internacionales”, que ambos países proclaman orgullosamente como cimiento de su política exterior.

No obstante, en esa paradoja podría encontrarse la llave para abrir la puerta de un misterio incompatible con la abundancia de los documentos fidedignos que protocolizaron la ejecución del tratado de 1929. ¿Es posible que dos diplomacias competentes sean incapaces de descifrar el secreto que encierran actos jurídicos cuidadosamente registrados durante 84 años? Los acuerdos de 1968 para construir faros que señalizaran el paralelo que pasa por el hito 1 confundieron y complicaron el diferendo. Pero son un desafío que podríamos abordar con uno de los métodos más simples para tratar las controversias internacionales: la investigación.

Es uno de los mecanismos de solución pacífica que menciona el artículo 33 de la Carta de la ONU y que podría ser aplicado en concierto con Estados Unidos, en el marco de la solución arbitral pactada en el tratado de 1929. Washington propondría un perito y las partes lo aceptarían consensualmente para que coopere con sus propios expertos en investigar los alcances de la documentación y los actos diplomáticos pertinentes desde 1929. Así se acotaría la disputa a los aspectos en los que “a pesar de su buena voluntad, (las partes) no pudiesen ponerse de acuerdo”. Es texto del artículo XII del tratado de Lima, según el cual cualquier desacuerdo sobre sus cláusulas deberá ser zanjado por el arbitraje estadounidense.

Existe una controversia porque las partes insisten en posiciones contrapuestas sobre la delimitación entre la orilla del mar y el hito 1; y existe un mecanismo de solución vinculante. Si investigamos el origen del desacuerdo, es posible que no tengamos que recurrir al arbitraje. Hagámoslo entonces. Porque repetir argumentos indefinidamente solo aislará a los gobiernos de la rica dinámica bilateral que está a punto de sobrepasarlos.

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