[CAMBIOS DE FONDO]

Reforma para refundar a México

Corresponde a la sociedad civil organizarse políticamente para exigir que se cumpla el estado de derecho, mejore la educación, disminuya la desigualdad y se exprese la protesta callejera.
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“México es un Estado fallido”; “México está al borde de la revolución”; “México necesita una verdadera transición a la democracia al estilo Venezuela”; “El presidente Enrique Peña Nieto debe renunciar”. Estos han sido solo algunos de los disparates que se han escrito con motivo de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, México.

No minimizo ni la tragedia de Iguala ni la magnitud de los problemas que México enfrenta. Al contrario, porque entiendo la grave crisis política que el país vive ahora, desestimo la noción de que los problemas del país se resolverán oyendo el canto de las sirenas de los mesiánicos comentaristas. Entiendo la pasión y la indignación que el caso suscita, pero abogo porque esta crisis motive la participación política activa de la sociedad civil para exigir reformas en México por la vía democrática sin violencia ni vandalismo.

La desaparición de los estudiantes es solo el último episodio de una saga de violencia que hace años azota al país. En los últimos ocho años en México han desaparecido más personas que las que desaparecieron en Chile, Argentina o Brasil durante las dictaduras militares. México también supera a esos tres países en el número de personas asesinadas, aunque con una diferencia, mientras que los asesinos del Cono Sur están perfectamente identificados como agentes de los gobiernos militares en turno, en México no se sabe si los asesinos fueron victimados por traficantes de droga, autoridades federales, estatales o municipales.

Tampoco se sabe con exactitud el número de secuestros que ocurren en el país. Según las cifras oficiales, en 2013 hubo mil 700 denuncias de secuestro, aunque las autoridades dicen que solo se denuncia uno de cada 10 casos. La BBC estima que la cifra real fue de 131 mil 946 secuestros. Tampoco se sabe con precisión a cuántos miles de personas afectan las extorsiones ni cuántos asaltos a camiones de carga y de pasajeros ocurren en las carreteras del país. Las autoridades admiten que en siete estados de la república el crimen organizado es el que manda, pero la inseguridad lastima a casi todo el territorio nacional.

Los cuerpos de policía, salvo escasas excepciones, son corruptos, están mal entrenados o son completamente ineficaces. Lo mismo el Ministerio Público, la institución encargada de presentar cargos a los criminales, y un número desproporcionado de jueces. El índice de impunidad en México es escandaloso, el 96% de los crímenes no es sancionado. Todos los partidos políticos están completamente desprestigiados. El ejército, que en las últimas décadas había limpiado un poco su imagen de institución dedicada a la represión ha vuelto a manchar su reputación desde que se le involucró en la guerra al narco.

La impunidad no escapa a los encapuchados “maestros y estudiantes”, a los autonombrados “líderes sociales”, a los “sindicalistas”, a los que roban camiones, cierran calles y carreteras, destruyen oficinas de gobierno y negocios privados o queman la puerta del Palacio Nacional. Desde la matanza de 1968, las autoridades se niegan a cumplir con su deber de mantener el orden y la convivencia civilizada cuando la protesta se hace frente a las cámaras de televisión. Las matanzas y las desapariciones suceden donde no hay testigos.

Negar que en México ha habido progresos en los últimos 70 años es una necedad. Para quienes vivimos bajo el régimen autoritario de un partido único es evidente que hoy el país vive en democracia. Imperfecta, pero con equilibrio de poderes, con alternancia política, con una Corte Suprema competente e independiente y con libertad de expresión y de prensa. Y los motores de este tránsito del autoritarismo a la democracia han sido una serie de reformas, incompletas a veces, pero que han logrado que el país avance.

Después de 1968, la sociedad civil exigió la reforma política que condujo al régimen democrático. Ahora vuelve a corresponderle a la sociedad civil asumir el liderazgo exigiendo los cambios de fondo que el país demanda: que se cumpla el estado de derecho, que se acelere la disminución de la desigualdad económica, que se mejore la calidad de la educación, que se exprese la protesta callejera sin recurrir al vandalismo y respetando los derechos del resto de la población. Este es el mejor homenaje que se le puede rendir a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala.

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