[PERÚ]

¿República independiente de Cajamarca?

El escándalo de Áncash permitió descubrir cuántas regiones ha conquistado la hidra de la corrupción, aprovechando el primitivo y negligente sistema de regionalización que, cual bomba de tiempo, el toledismo instaló en el Perú hace 12 años.

Sus consecuencias se ven en las elecciones. Con malas estructuras normativas, cualquier esfuerzo para mejorar la gestión pública tropieza con el caos de competencias, funciones y recursos propios en que se ha desmembrado la vida del Estado.

Caos del que se aprovechan el narcotráfico y el crimen organizado para financiar mascaradas electorales de pacotilla y expandir sus cuadros mediante movimientos regionales, departamentales o distritales que, sin control ni castigo, van liberando sus “territorios” del imperio de la ley.

Así, explotan los escándalos que hunden al país en oleadas de pesimismo y desorientación. ¿Qué impresión puede tener un joven al ver a políticos corruptos saliendo victoriosos de la cárcel porque les permitieron competir en elecciones y asumir sus cargos entre los aplausos de sus cómplices?

Pero nada peor que el voto por Gregorio Santos. ¡Desde la cárcel ha ganado 10 de las 12 provincias de Cajamarca! Envalentonado, ¿se sentará a ver pasar los cadáveres de la minería? Al de Conga seguirán los ataúdes de otros proyectos riquísimos y frustrados, propiedad de todos los peruanos. El ministro del Ambiente repuso de inmediato que “las decisiones se tienen que respetar, es finalmente el pueblo el que decide...”.

Tan espontánea reacción indica que, para él, las elecciones equivalen a una denegación anticipada de la “licencia social” para otros yacimientos y nada le impide, por tanto, adelantar opinión sobre expedientes en curso (grave, viniendo de la máxima autoridad administrativa del sector).

En reciente clase virtual (http://youtu.be/x-kvuORebsQ), el excandidato García Sayán recordó la doctrina jurisprudencial de la CIDH, incorporada por el Tribunal Constitucional con carácter obligatorio a la consulta previa a los pueblos indígenas, donde se han cometido alegres errores conceptuales, como no distinguir cabalmente los terrenos o superficies del “territorio” que no pueden tener otro titular que el Estado, como depositario de la soberanía nacional.

La politización teórica de conceptos incluye el supuesto derecho a veto o consentimiento previo (popularmente llamado “licencia social”). Pero lo que supera las necedades del ecologista más exacerbado, es pretender atribuir a las regiones el derecho a convocar la consulta previa y sancionar sus resultados. Así, Santos podría decretar una situación urgente de impacto ambiental generalizado, y prohibir la minería en Cajamarca.

Ante los absurdos acumulados, corresponde al Estado tener el coraje y la responsabilidad de aclarar este caos. Como el propio García Sayán reconoce, toda la normativa internacional sobre consulta previa apunta a lograr (1) acuerdos positivos (de hacer) construidos gracias a la (2) buena fe de las partes que intervienen. No hay pues derecho a veto –y menos aún vinculante– al que una comunidad indígena pueda acogerse para impedir un proyecto de desarrollo compatible con el medio ambiente y el derecho de todos al desarrollo nacional.

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