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Transparencia fiscal

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Transparencia fiscal

¿Quién sueña con poner fin a la opacidad de las cuentas de las empresas multinacionales y a las fortunas ocultas en los paraísos fiscales? Los sospechosos de siempre, por supuesto: los activistas de la justicia fiscal enojados por revelaciones como las de los Papeles de Panamá o los Papeles de los Paraísos. Pero no solo ellos: un informe reciente del Global Reporting Initiative (GRI) revela que los defensores más enérgicos de la transparencia fiscal son... los representantes de los fondos de inversión. Y no estamos hablando de pequeños actores: los que están a favor de las normas voluntarias de información sobre la transparencia gestionan el equivalente a 10 billones de dólares, ¡alrededor del 12% del PIB mundial anual!

Los inversores saben que la falta de transparencia fiscal suele ocultar fracasos empresariales subyacentes. Ellos son también conscientes de que las estrategias de las empresas para evitar el pago de sus impuestos, legales o no, tienen un alto coste social y humano, con repercusiones en las empresas. La caída de los ingresos públicos conlleva menos dinero para la educación, la asistencia sanitaria, los programas de reducción de la pobreza, las infraestructuras y la lucha contra el cambio climático. Y la inversión depende en gran medida de una infraestructura pública de alta calidad y de una mano de obra sana y cualificada.

Desde los años 80, se ha desarrollado una poderosa industria que permite a millonarios y empresas esconder su capital en paraísos fiscales. Unos 30 billones de dólares están escondidos allí, según cálculos de la Red de Justicia Fiscal. Esto es más del doble del PIB de la zona euro, o 150 veces la cantidad anual estimada por el economista Jeffrey Sachs para acabar con la pobreza extrema en todo el mundo.

Los países del sur son los mayores perdedores, ya que se ven privados de los fondos esenciales para el desarrollo. Según la última estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el costo regional de la evasión y elusión fiscal alcanzó un 6.3% del producto interno bruto (PIB) en 2017, lo que equivale a $335 mil millones.

El mes pasado, la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo en un artículo de opinión que “la facilidad con la que las multinacionales parecen ser capaces de evitar los impuestos y la reducción de los tipos impositivos a las sociedades de las tres últimas décadas comprometen la fe en la justicia del sistema internacional”. En otras palabras, el sistema es tóxico para la democracia.

Esto se debe a que el déficit de financiación creado por los evasores fiscales se compensa con unas mayores contribuciones de las clases media y trabajadora. El 1% más rico tiene ahora más riqueza que el resto del mundo en su conjunto, como Oxfam ha mostrado recientemente.

Cuando aumenta la desigualdad y no hay dinero para incrementos salariales, la gente busca responsables: los migrantes, los refugiados, los desempleados y los beneficiarios de la asistencia social se convierten en chivos expiatorios fáciles. Las últimas elecciones en Estados Unidos, Italia y Brasil, o incluso el brexit, son buenos ejemplos.

Frente al descontento público, el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han presionado para que aumente el intercambio entre las autoridades fiscales. Lamentablemente, los informes no son de acceso público, privándonos a todos de un recurso clave en la lucha por la justicia fiscal. No nos explican cuánto dinero se esconde en paraísos fiscales, cuánto saben nuestros Gobiernos al respecto o qué están haciendo para luchar contra él, si es el caso. Lo peor de todo es que estos intercambios dependen de las instituciones financieras, precisamente las que estaban ayudando a los clientes a esconder su dinero.

Como sostiene Lagarde, es necesario reescribir las reglas del sistema tributario mundial. Pero un debate democrático es imposible cuando se oculta información clave al público. Aún así, las empresas siguen resistiéndose incluso a las normas voluntarias. Sus principales argumentos son que el público podría sentirse confundido por la información y que producirla sería una carga.

Las multinacionales deben dejar de impedir una mayor transparencia para que los gobiernos puedan desarrollar políticas fiscales que aborden las desigualdades, así como el populismo y el autoritarismo que se derivan de ellas. También es un imperativo para el crecimiento, ya que la inestabilidad política disuade a las empresas de invertir. La transparencia es hoy nuestra única oportunidad de restablecer la confianza en nuestras instituciones democráticas e incluso, simplemente, de preservarlas.

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