[EL FACTOR KIRCHNER]

Todo cambia

El abuso de la publicidad oficial es una efectiva forma de ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información, por eso es moneda corriente entre los progresistas bolivarianos.

Es lógico que Cristina Kirchner, la presidenta de Argentina, sea la abanderada en el respaldo al “democrático” gobierno de Nicolás Maduro en su represión, tortura y asesinatos de estudiantes, jóvenes y otros venezolanos de a pie que salieron a las calles a reclamar libertad, en la férrea censura de la prensa que ha impuesto y en la proscripción y apresamiento de dirigentes políticos opositores. Es natural; va mucho con ella. Le hace juego, casi como una de esas tan caras y lujosas carteras que luce y varía, diariamente, y que no afectan su presupuesto ni hacen mella a su imparable enriquecimiento.

Ella es la voz cantante y la vocera de otras reconocidas democracias, como las de Nicaragua, Cuba, Bolivia y Ecuador, para rechazar y condenar estos intentos de novedosos “golpes de Estado mediáticos” (con censura y todo) y “golpes de Estado de las calles” (enfrentando a una brutal represión militar) de hoy. Hasta Brasil la deja hacer, mientras le sirve, y se mantiene agazapado para en su momento irrumpir y sacar la mejor tajada, como ha sucedido desde el Tratado de Tordesillas hasta el presente. Y ella no ceja. Ha sido la defensora del expresidente y exobispo Fernando Lugo cuando fue destituido en rigurosa aplicación de la Constitución paraguaya. Lo que ocurre es que aquello fue (otra novedad) un “golpe de Estado”, en uso y aplicación de legítimas normas constitucionales. Y así no vale, no ahora en esta época populista y progresista.

Fue ella quien reclamó contra la expulsión del expresidente Manuel Zelaya, quien en flagrante violación de todas las normas y decisiones de los poderes e instituciones legítimas y democráticas de Honduras, quiso hacer un plebiscito ilegal, con el apoyo de países amigos y bolivarianos y el viejo PSOE español, de José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Ángel Moratinos, para continuar en el poder. Y fue ella la que condenó el intento de golpe de Estado en Ecuador de unos 700 policías que reclamaban un aumento de sueldos, y al que desbarató y resistió, valientemente, rodeado y respaldado por unos 15 mil efectivos de las Fuerzas Armadas, el corajudo de Rafael Correa. Por eso, no cabía esperar una conducta diferente de Cristina Kirchner. Quizás había esperanza de que otros que, tristemente, vienen de papelón tras papelón, se decidieran a levantar la voz para defender el antiguo régimen de respeto a la separación de poderes, de la libertad de expresión, del libre ejercicio de la actividad política y del respeto a los derechos de reunión y de manifestación.

Ella es coherente. Y si será coherente, pruebas a la vista: por estos días en que estuvo, junto a otros muchos, festejando la democracia cubana, y al tiempo con su reconocimiento y apoyo a los atropellos de Maduro, la Corte Suprema de Argentina ordenó a su gobierno, el tercer caso en estos años, a no continuar con el otorgamiento arbitrario y discriminatorio de la publicidad oficial. El uso –abuso– de la publicidad oficial, millones y millones de dólares, es una de las más efectivas formas de ataque a la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos –de ahí que sea moneda corriente entre los progresistas bolivarianos– y a la vez las más sofisticadas, efectivas y rendidoras formas de corrupción –esto es, de quedarse con dineros del Estado–, como lo prueba el enriquecimientos de medios y periodistas amigos, allegados y familiares.

Seguramente Cristina, como ha hecho con las anteriores sentencias, no la va a cumplir (mire si va a admitir interferencias de otro poder del Estado, como dicen desde su gabinete).

La propia Corte lo presume, y en la misma sentencia reclama y advierte: “el incumplimiento de una sentencia judicial constituye un desconocimiento de la división de poderes que resulta inadmisible en un estado de derecho y, en consecuencia, causa un grave deterioro del Estado constitucional democrático”.

En menos palabras, si no cumple, está dando un golpe de Estado. Sí, pero eso era antes, la advertencia de los magistrados hoy resulta algo ingenua. Hay cosas que han caído en desuso, como la Carta Democrática Interamericana (desuso que ha sido gran mérito, y hay que reconocérselo, del chileno José Miguel Insulza), y la cláusula democrática del Mercosur (mientras así lo disponga Brasil). Ahora el concepto de golpe de Estado ha cambiado. Es otra cosa; es según lo determinen Cristina y sus amigos. Mientras los otros se callan. Viste (como dicen los argentinos).

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