[ESTADOS UNIDOS]

Una cuestión de justicia

El inicio del juicio al acusado de los atentados terroristas de Boston conforme a derecho, ha revivido el viejo debate sobre cuál debería ser el tratamiento legal a los acusados de terrorismo.

Desde que la jueza, Marianne B. Bowler, le informó a Dzhokhar Tsarnaev que la ley le otorgaba el derecho a no responder a las preguntas de los agentes que le interrogaban y a obtener representación legal, el acusado de los atentados de Boston dejó de incriminarse en el caso.

Como era de esperarse, la decisión del procurador de justicia de aplicar la ley federal que dicta que los acusados de un delito comparezcan ante un juez “sin demora innecesaria” ha provocado una reacción furibunda de algunos congresistas que querían que el FBI continuara con su investigación por tiempo indefinido, invocando la “excepción por razones de seguridad pública”. Es decir, antes de advertirle al acusado de sus derechos ante la ley.

Para el demócrata Adam Schiff, representante por California al igual que para el Republicano Mike Rogers, representante por Michigan, la Procuraduría de Justicia debió haber permitido que el FBI siguiera interrogando al sospechoso del atentado hasta obtener la información necesaria para garantizar la seguridad pública, antes de presentar al sospechoso ante la autoridad civil. Los senadores republicanos John McCain y Lindsey Graham fueron todavía más allá, exigiendo que al acusado se le declarase “enemigo combatiente” y se le juzgara ante un tribunal militar no ante un tribunal federal.

La queja principal de todos estos congresistas es que hasta que hizo su aparición la jueza Bowler, el sospechoso había confesado su participación en el ataque con bombas durante la maratón de Boston en el que murieron tres personas y más de 170 resultaron heridas. También habría admitido su participación en la muerte de un policía y en el secuestro de una persona para robarle su automóvil en el que aparentemente los dos sospechosos se trasladarían a Nueva York para colocar ahí el resto de los explosivos. Explosivos que terminaron siendo utilizados contra los agentes de la policía de Boston que les perseguían. Es decir, se había recogido suficiente evidencia para decretar su culpabilidad aunque faltaba determinar si los autores del atentado tuvieron cómplices y ligas con algún grupo extremista extranjero.

Según esto, un grupo selecto de congresistas y algunos medios habrían obtenido su información a través de informes confidenciales o de filtraciones de las autoridades. Es decir, los ciudadanos que vivimos en este sistema democrático no tendríamos manera de saber si la información que nos ofrecen es verídica ni si se obtuvo mediante métodos legales.

Pero este no es el único problema con el planteamiento de los congresistas disidentes. El problema más serio es que una vez que se tomó la decisión de juzgar a un ciudadano estadounidense sospechoso de un crimen en un tribunal federal, lo más probable es que nada de lo que previamente dijo el acusado tenga valor probatorio. Según todos los precedentes legales, la fiscalía no podría respaldar su acusación utilizando las confesiones del acusado por la forma en la que fueron obtenidas.

Y esta no es la objeción más seria contra los argumentos de quienes critican al Departamento de Justicia. Lo grave, me dice Laura Pitter, una abogada de la organización Human Rights Watch, es que “quienes quieren hacerse pasar como ´duros contra los terroristas´ y piden que los sospechosos de actos terroristas sean considerados ´combatientes enemigos´ y sean juzgados por comisiones militares no parecen haberse percatado que las cortes federales son mucho más duras que las comisiones militares”. Según Pitter, “aún cuando las comisiones militares no preservan protocolos sacrosantos del sistema de justicia estadounidense, como por ejemplo la prohibición de obtener testimonios bajo coerción, las cortes federales son mucho más efectivas en sus deliberaciones”. Y para reforzar su punto de vista, Pitter me da una estadística demoledora. “Desde el 11 de septiembre de 2001, los tribunales federales han procesado con éxito cientos de casos mientras que en el sistema militar solo siete han sido juzgados y los detenidos llevan más de diez años esperando a que se haga justicia”.

Así las cosas, la pregunta es ¿quién cree usted que tiene la razón? ¿Quienes abogan porque se respete la Constitución o quienes abogan porque el país viva en perpetuo estado de emergencia? Yo no tengo dudas, yo estoy del lado de quienes abogan por respetar la Constitución.

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