[EXTRACTO]

Entre derecho al olvido y a la memoria

Tan importante como el derecho al olvido, reconocido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es el derecho a la memoria, porque, la eliminación de contenidos de internet puede desembocar, si se generaliza, en una “falsificación de la historia”. Este es uno de los riesgos que los expertos expusieron el martes al comité designado por Google para aplicar la sentencia que obliga a los buscadores a borrar enlaces a informaciones –irrelevantes y obsoletas– lesivas para la privacidad.

Desde el pasado mayo, cuando el Tribunal de la UE reconoció este derecho, Google ha recibido 120 mil peticiones de retirada de enlaces, que afectan a 457 mil URL. Para fijar los criterios a la hora de atender o denegar estas solicitudes, el gigante de internet designó un comité que el martes celebró en Madrid la primera audiencia pública de una gira que le llevará por siete ciudades europeas. La convocatoria, en la que participaron juristas, historiadores, periodistas, especialistas en derechos humanos y representantes de los consumidores, estuvo presidida por el máximo responsable de Google, Eric Schmidt.

Los participantes coincidieron en que la sentencia convierte a Google en juez y parte al dejar en sus manos la decisión de las informaciones que deben o no ser borradas, aunque hay líneas rojas claras: solo los contenidos irrelevantes, caducos, desfasados o inapropiados deben ser eliminados de los motores de búsqueda, no solo de Google. Eso no significa, alertó la historiadora Milagros del Corral, que cualquier dato que afecte a la reputación de una persona –denuncias por corrupción, deudas fiscales, escraches– vaya a desaparecer de un plumazo. “El derecho al olvido, aunque es un término muy romántico, tiene que estar equilibrado con otros elementos. Desde una perspectiva histórica tenemos que tener en cuenta el derecho a la memoria. Si no, acabaremos destrozando la historia de nuestro siglo”, apuntó del Corral.

La experta en privacidad Cecilia Álvarez consideró que Google se enfrenta a “un papel difícil” a la hora de evaluar el derecho del individuo a retirar datos denigrantes y el de los ciudadanos a recibir información. “Los jueces actúan con ponderación. Tienen intereses en la justicia y en la verdad, pero el buscador tiene solo un interés económico”, afirmó Álvarez, quien defendió el derecho al “arrepentimiento”, es decir, la capacidad de una persona de borrar, por ejemplo, fotos que colgó en una red social hace años y que ahora, cuando busca un trabajo o solicita un crédito, le perjudican.

Google ha establecido que no atenderá peticiones cuando los contenidos sean de interés público –noticias sobre estafas financieras, negligencias profesionales, condenas penales o comportamientos públicos de funcionarios poco ejemplares–. “La sentencia está pensada para la gente corriente”, remarcó el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo, quien abogó por utilizar el término “derecho a la supresión” mejor que “al olvido” y sostuvo que cuando se trata de datos intrascendentes prevalece “el interés del afectado sobre el derecho del público a saber”.

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