[REVUELTAS POPULARES]

Los errores del ´milagro chileno´

La derecha en el poder, aunque admite las inequidades, defiende un modelo que a su juicio permitió llevar al país a su actual nivel de ingreso per cápita.

La ola de protestas que sacude Chile hace meses puso en entredicho la equidad de un modelo de desarrollo que, paradójicamente, permitió al país triplicar su ingreso per cápita y reducir la pobreza a un tercio en 20 años de democracia. “El país está al borde de la ingobernabilidad”, dijo incluso el expresidente demócrata cristiano Eduardo Frei. Su homólogo socialista Ricardo Lagos celebró “la primavera chilena”, advirtiendo un agotamiento del modelo institucional y económico.

Desde Colombia, el mandatario de derecha Juan Manuel Santos apuntó la necesidad de atender la crisis de un conjunto de políticas puestas como ejemplo por el FMI, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre otros. El nudo de la crisis, admitido por la oposición de centroizquierda y el oficialismo, es la desigual distribución del ingreso, pese a la caída de la pobreza a 15%, la menor de América Latina. Algunas cifras impresionan. Por ejemplo los ingresos laborales per cápita del décimo más pobre de la población son 78 veces menores que los del 10% más rico, según la Universidad de Chile.

Los pobres, según un informe del gobierno y la Fundación para la Superación de la Pobreza, tienen un porcentaje mayor de prevalencia de enfermedades de invalidez. Es decir, su deterioro cardíaco, cognitivo y físico es hasta tres veces mayor que los ricos. ¿Por qué esas diferencias? En un país con ingreso per cápita de 16 mil dólares, la mitad de los hogares vive con unos mil dólares mensuales, unos 3 mil dólares per cápita anuales o menos. Es decir, un monto menor al ingreso per cápita de países como Angola, Congo o Suazilandia, azotados en África por guerras civiles recientes y el sida, según datos del FMI.

El terremoto de 2010, el quinto peor de la historia, ahondó esas diferencias, dejando a 200 mil hogares sin vivienda y con pueblos completamente destruidos como en Dichato o Iloca, al sur del país.

La solución a esta crisis, que puso en entredicho el sistema electoral, el modelo económico y la propia Constitución, no es compartida por todos los actores sociales y políticos. Ello explica en parte la larga duración de las protestas ambientales, estudiantiles, civiles y regionales de 2011.

La derecha en el poder, aunque admite las inequidades, defiende un modelo que a su juicio permitió llevar al país a su actual nivel de ingreso per cápita. Los actores sociales y la centro izquierda, aunque con matices, propugnan una mayor presencia del Estado y el fin del lucro en la provisión de bienes públicos.

En Chile, gran parte de la educación, todas las pensiones e incluso las carreteras son gestionadas por empresas privadas, a través de subsidios o concesiones del Estado. Y en este punto las cifras nuevamente impresionan. Las familias de los estudiantes universitarios, incluso en las públicas que son pagadas, deben pagar miles de dólares anuales por educación. El costo de una carrera universitaria en Chile, donde la mitad de la población tiene ingresos menores al Congo, es el segundo más alto del mundo, solo detrás de EU, según la OCDE. En pensiones, un 40% de la población, por las inequidades y precariedades del mercado laboral, no logra ingresar al sistema privado de jubilación, creado para evitar los déficits públicos que generan los sistemas de reparto. Las administradoras privadas de fondos de pensiones, que manejan recursos por 100 mil millones de dólares, obtuvieron utilidades por más de mil millones de dólares desde 2006, pese a que los ahorros previsionales de los chilenos cayeron 5 mil millones de dólares desde 2007.

De hecho, la salida a la actual ola de protestas estudiantiles parece apuntar a un mayor aporte fiscal, además de reformas administrativas y legales.

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