[SOCIEDAD]

El orden como hazaña de la libertad

La autoridad debe garantizar que la libertad de una minoría para manifestar sus inconformidades no inhiba la libertad de la mayoría para circular, y vigilar el respeto de la propiedad pública y privada.

Hace poco más de un año, un heterogéneo grupo de personas agraviadas sucumbió a la tentación que el historiador británico Eric Hobsbawm comparaba con la actividad sexual, manifestando su protesta contra la desigualdad económica, la ambición desmedida de los banqueros y la corrupta colusión entre estos y la clase política, ocupando un parque público en Wall Street, el distrito financiero de la ciudad de Nueva York. Por casi dos meses marcharon, gritaron, cantaron, comieron y se inconformaron en el parque público. Al principio su protesta cautivó a los medios de comunicación y por un breve lapso su mensaje tuvo resonancia nacional y condujo a la ocupación de otras plazas, parques y calles por todo el país.

Hoy, irónica y desafortunadamente para su causa, el principal legado de Occupy Wall Street es que en las ciudades por donde pasó el movimiento, las autoridades han modificado las reglas y ordenanzas que regulan las protestas haciéndolas más estrictas.

Las autoridades aseguran que el propósito de las nuevas reglas no es restringir el derecho de la gente a manifestar su protesta, un derecho consagrado en la primera enmienda de la Constitución. Su argumento es que en los países donde rige el estado de derecho las protestas no deben trastocar el orden y la seguridad en los lugares por donde marchan los manifestantes. Entre otras cosas, los nuevos reglamentos establecen estrictos horarios y respeto a las rutas que se les fijan al otorgárseles el permiso correspondiente. Es decir, para las policías en Nueva York, en Los Ángeles, en Filadelfia o en Seattle, la libertad de unos no debe inhibir la libertad de otros para circular libremente por los lugares donde se realiza la manifestación de protesta. También dejan claro que la policía tiene la obligación de prevenir cualquier ruptura del orden. Cabe aclarar aquí que la exigencia de que una marcha de protesta cuente con los permisos debidos y se respeten las ordenanzas emitidas por las autoridades para su desarrollo no solamente es la norma en países con regímenes autoritarios o dictatoriales, sino en la inmensa mayoría de las naciones donde rige el estado de derecho. Tal es el caso en Francia, donde la protesta callejera es una añeja tradición; en España, en Gran Bretaña, en Alemania y en Estados Unidos. Desafortunadamente, en otros países cuyo desarrollo económico les sitúa entre los 20 más poderosos del mundo, como por ejemplo México, nadie pide ni tiene que pedir permisos para realizar manifestaciones en las calles, y como no hay normas que regulen su desarrollo, su impacto en la vida diaria del país es catastrófico. En la ciudad de México, por ejemplo, en los últimos seis años hubo, en promedio, 14 marchas de protesta al día, lo que equivale a 30 mil marchas durante el sexenio que ahora termina. Peor aún, por regla general, las autoridades se esmeran protegiendo a los manifestantes y abandonan su obligación de proteger el libre tránsito de millones de personas que quieren llegar a sus trabajos o a sus hogares.

Este 1 de diciembre el caos empezó en el propio recinto legislativo, en el que el presidente entrante rendía su protesta de ley mientras la oposición de izquierda se rehusaba a reconocer su investidura. En las calles hubo también manifestaciones de protesta, y aunque la mayoría de ellas fueron pacíficas, hubo otras en los que el vandalismo fue el protagonista. Enfrentadas al desorden, las autoridades del Distrito Federal y de la Policía Federal tampoco tuvieron una actuación estelar. Cuando finalmente se decidieron a actuar para preservar el orden, les pegaron a unos cuantos y arrestaron a otros, pero aparentemente se equivocaron en ambas instancias y de los 69 detenidos iniciales ya han tenido que soltar a 59 por falta de pruebas.

México ha hecho enormes avances para fortalecer sus instituciones, para capacitar a sus policías y para contar con un sistema judicial competente, pero el rezago en estas tres áreas persiste y los sucesos del 1 de diciembre en México no son sino el reflejo de sus debilidades. Y es precisamente porque el camino a seguir es largo que las autoridades deberían empezar por promulgar reglas claras y justas para que quienes quieran manifestar sus desacuerdos puedan hacerlo, y quienes solo quieren transitar libremente también puedan hacerlo.

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