[EXTRACTO]

La revolución estéril de Chiapas

Dos décadas después, el desarrollo económico y social de la zona, la educación y la presencia de los pueblos indígenas en la política estatal y nacional siguen siendo tarea pendiente.

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Dos hombres jóvenes con el rostro cubierto tras un pasamontañas y aparentemente desarmados, vigilan la entrada a la comunidad rebelde de Oventic, en el municipio de San Andrés Larráinzar. Conocido en 1996 por albergar la sede de los diálogos entre el Gobierno de México y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hoy San Andrés Larráinzar, en el estado mexicano de Chiapas, con su plaza sucia y una escuela quemada, solo aparece en la lista de uno de los programas estrella del gobierno para erradicar la pobreza, la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Como este, otros nueve municipios chiapanecos integran la triste clasificación de las 15 localidades con mayor porcentaje de pobreza. A tres horas en coche de la capital de Chiapas -Tuxla Gutiérrez-, y en medio de la montaña, el poblado de Oventic es uno de los cinco caracoles -comunidades zapatistas- creados tras la revolución de 1994, cuando los campesinos del sureste mexicano declararon la guerra al gobierno del presidente Carlos Salinas.

Son las nueve y media de la mañana de un sábado de diciembre en Oventic. Apenas quedan dos semanas para que se cumplan 20 años de la aparición pública del EZLN. El movimiento encabezado por el subcomandante Marcos reclamaba la propiedad de las tierras y un mejor reparto de las riquezas. En esta zona, la más pobre entre las pobres, la reforma agraria promovida tras la revolución de 1910 no devolvió los terrenos a los campesinos. Hoy, a dos décadas de la insurgencia, el desarrollo económico y social de la zona, la educación y la presencia de los pueblos indígenas en la política estatal y nacional, siguen siendo tarea pendiente.

“Chiapas debe convertirse en un estado moderno, seguimos teniendo los peores números del país, la mayor tasa de analfabetismo y los municipios más pobres. Necesita crecer y dejar de depender del gobierno del Estado, un proyecto político y económico que aproveche todo el potencial que tiene´, señala el profesor Andrés Fábregas Puig, doctor en Antropología del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS, un organismo universitario).

Las cifras oficiales le dan la razón: 55 de los 118 municipios del estado están dentro de la Cruzada Contra el Hambre, que incluye a 400 de todo el país. El programa social, sin embargo, “no llega a las comunidades zapatistas por no cumplir los criterios que pide el Gobierno, como el pago de impuestos por la tierra”, asegura Víctor Hugo López Rodríguez, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), una organización civil de San Cristóbal.

Según el Consejo Nacional de Población, Chiapas es el segundo estado de México con más marginación, donde el 78.4% de la población vive en situación de pobreza. A tenor de la Encuesta Estatal de Ingresos y Gastos de los Hogares 2011, el ingreso medio de las familias de Chiapas es de 6,489 pesos mensuales (unos 500 dólares), la mitad que en el resto de México. Además, tiene el índice más alto de analfabetismo, 18%, el triple de la media nacional.

El director del Frayba reconoce que las causas que originaron el conflicto zapatista no se han resuelto: “La violencia estructural está más vigente que nunca: pobreza, impunidad, criminalización. Lo que cambió es que se visibilizó el actor, se creó el sentido de dignidad indígena”. Sin embargo, su reconocimiento social ha sido escaso. “Han mejorado algunas cosas, pero los indígenas siguen siendo el sector más atrasado, el que vive en condiciones más difíciles”, puntualiza el experto del CIESAS.

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