[VIOLACIONES]

Se salvó la carta democrática

Tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos defienden la democracia como un derecho humano de los pueblos.
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El Sistema Interamericano, en su conjunto, revela paradojas que no dejan de sorprender, pero son alentadoras. En medio de las frustraciones que provoca en los espíritus democráticos el desprecio actual de la OEA por la democracia verdadera, sobre todo desde cuando el marxista chileno José Miguel Insulza asume su Secretaría, algunas de sus entidades –las decentes, diría Vaclav Havel– se resisten al predominio de la corrupción intelectual que a todas las envuelve e intentan salvar el patrimonio de libertades construido a pulso en las Américas desde 1948.

La OEA nace como mecanismo de seguridad colectiva para nuestras endebles democracias, tanto como el Congreso Anfictiónico de Panamá, apuntalado sobre el principio de la no intervención, quiso ser en 1826 el ángel protector de nuestras repúblicas emergentes, para alejar de sus senos una tradición monárquica tricentenaria.

En 1959, al formular la Declaración de Santiago, hace notar que la democracia no se reduce a elecciones sino que demanda algo más, a saber, respeto por los gobernantes de los derechos humanos, primacía del estado de derecho, alternancia en el ejercicio del poder, separación e independencia de poderes, y libertad de prensa, entre otros estándares. Y al aprobar, en 2001, la Carta Democrática Interamericana, renovando su doctrina vinculante y por apreciar en la región una suerte de vuelta atrás e inédita, a saber, el cese de las prácticas democráticas por parte de gobiernos democráticamente elegidos –era el caso de Alberto Fujimori, en Perú– entiende la OEA que lo postulado como desiderata era ya norma imperativa e insoslayable; sobre todo, después que la mayoría de los Estados miembros se sometió a los dictados de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Ese esfuerzo de decantación de la democracia, en efecto, sufre un grave revés con el advenimiento de gobiernos que optan por servir utilitariamente al eje socialista del siglo XXI, con residencia compartida entre Caracas y La Habana, y al encontrar como interlocutor de conveniencia al secretario Insulza. Y de la misma manera que aquellos deciden manipular a la democracia para vaciarla de contenido, este le quita su teleología al citado principio de la no intervención, para que tales gobiernos pudiesen, a sus anchas, tremolar la idea de la soberanía a fin de encubrir sus violaciones a la misma democracia y a su columna vertebral, el respeto y garantía de los derechos humanos.

Insulza ha cohonestado los procesos de desmantelamiento democrático ocurridos en Ecuador y Venezuela, y ante la queja de sus opiniones públicas, víctimas del deterioro en los activos de la democracia, apenas declara que se trata, sea en el caso de Rafael Correa o de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, de gobernantes elegidos; cuyas gestiones, si acaso atraviesan por dificultades, en modo alguno han afectado al ejercicio de la democracia. Y al referirse, de modo específico, a la Carta Democrática y sus normas, opta por devaluarla, haciéndose el escurridizo, y al excusarse afirma que no le está permitido inmiscuirse en los asuntos internos de los miembros de la organización.

En buena hora, recién, tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de sus autonomías institucionales y a despecho del Consejo Permanente de la OEA –cenáculo político que reúne junto a Insulza a los violadores potenciales de la Carta Democrática– han decidido salvarla de su despeñadero.

A propósito de los casos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional del Ecuador, sentenciados en 2013, la Corte declara la responsabilidad internacional de dicho Estado por haber destituido masivamente a sus jueces –como ocurriera en Venezuela en 1999– y señalada, en lo particular, que ello representa un atentado a la democracia que afecta gravemente el principio de independencia y autonomía de la justicia, previsto en el artículo 3 de la Carta Democrática.

A su vez, la comisión, al presentar su informe anual 2013, expide un informe especial sobre Venezuela para destacar como premisa que su Gobierno también ha desconocido la Carta Democrática Interamericana al violentar el estado de derecho y con ello menoscabar la autonomía de los jueces, tanto como por haber trastocado el principio de sujeción de los cuerpos armados de la república –la Fuerza Armada Bolivariana– a la autoridad civil legalmente constituida.

En suma, la Corte y la Comisión salvan a la Carta Democrática y el honor de las Américas, defendiendo a la democracia como derecho humano de los pueblos y al decir lo que ha negado Insulza, a saber, que tanto en la Venezuela de Maduro como en el Ecuador de Correa la democracia dejó de existir. Es algo, no poco.

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