[INMIGRANTES]

El sueño y la pesadilla

Mientras el Congreso y el Ejecutivo se duermen en sus muy marchitos laureles, los estados se apropian de facultades federales para legislar sobre el tema migratorio

Con la aprobación final del Dream Act, en el estado de California, los jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres, sin la debida visa migratoria y que han cumplido ciertos requisitos de excelencia académica, a partir de 2013 podrán acceder a las universidades estatales pagando colegiaturas justas y, también, solicitar ayuda financiera estatal para continuar sus estudios universitarios.

El triunfo de la razón en California se debe al empeño y a la diligencia del asambleísta Gil Cedillo, y a la visión y valentía del gobernador de California, Jerry Brown. Pero, sobre todo a Cedillo, quien por años tuvo la entereza para aguantar los embates de los nativistas republicanos que, en nombre de la moral, les niegan a los jóvenes el derecho a recibir una educación adecuada, independientemente de su estado migratorio.

La ley que recién firmó Brown complementa el sentido del Dream Act. La primera ley, firmada con anterioridad, les permitirá acceder a las universidades estatales, pagando la colegiatura vigente para los residentes del estado, en vez de la que se aplica a los extranjeros; la segunda, firmada el viernes, les permite solicitar préstamos y/o becas, bajo el entendido de que los residentes legales siempre tendrán prioridad. Además de California, hay una docena de estados que ya han aprobado leyes que mitigan económicamente la precaria situación de estos jóvenes que quieren integrarse plenamente a la sociedad y otros en donde el debate sigue pendiente.

Desafortunadamente, los jóvenes que viven en Alabama, y se encuentran en la misma situación migratoria que los de California, hoy enfrentan una disyuntiva angustiosa: presentarse en la escuela para continuar sus estudios, sabiendo que podrían ser arrestados, o emigrar con sus familias a otro estado en el que se requiera el trabajo de los padres y en donde las autoridades entiendan que no fue por un acto de voluntad que estos menores de edad llegaron a este país.

La Ley de Alabama establece severos castigos a quienes emplean, albergan o asistan a los indocumentados, y exige que la policía y las autoridades escolares verifiquen el estatus legal de cualquier persona de quien “sospechan” podría estar ilegalmente en el país. También hay leyes semejantes en Arizona, Georgia y Colorado, aunque la de Alabama es mucho más severa. Peor aún, esta es la única que hasta ahora ha superado la contraofensiva legal del gobierno federal y de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes. El viernes, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Apelaciones la suspensión de la ley, argumentando que las leyes migratorias solo le competen al gobierno federal.

El problema de fondo, sin embargo, es que el poder Legislativo y el Ejecutivo federal han sido incapaces de llegar a un acuerdo mínimo que permita ordenar un sistema migratorio nacional que hace décadas no funciona. Sin una reforma migratoria integral que regularice la estancia de los millones de personas que viven y trabajan en Estados Unidos; que establezca un sistema racional de otorgamiento de visas para satisfacer la demanda de trabajadores en industrias de alta tecnología y en aquellas que requieren de mano de obra no calificada; y mientras no se instalen mejores mecanismos de control de los flujos migratorios, no solo reforzando la frontera sur como hace años se viene haciendo, sino implementando medidas que permitan localizar a quienes arriban al país con visa de turista y permanecen en él después de que esta expira (y que según los cálculos de los expertos bien podrían representar la mitad de los indocumentados) las legislaciones estatales que hoy causan confusiones seguirán proliferando.

El presidente Obama tiene razón cuando acusa a los republicanos en el Congreso de bloquear todo intento de solución al complicado problema. Pero ni siquiera eso justifica la falta de voluntad política de Obama para apoyarse en la opinión pública (que según todas las encuestas quiere solucionar el asunto de manera pragmática) y se decida a zarandear al Congreso con los palos y las zanahorias que haya que repartir para resolver el asunto.

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