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VENTANA FISCAL

Consideraciones no políticas al impuesto político

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Consideraciones no políticas al impuesto político

El estudio sobre las tarifas del impuesto de inmuebles que me fuera solicitado por Amcham hace años, demostró nuestra realidad. Las tarifas de Panamá para calcular dicho impuesto son las más altas desde Venezuela hasta México. Sin embargo, ningún otro país concede exoneración sobre nuevas mejoras y exoneración de los primeros 30 mil dólares de todo bien inmueble, como en Panamá. Las diferencias entre los sistemas tributarios son parte de la soberanía de los países.

Volviendo a Panamá, las altas tarifas son parte de un sistema tributario que en sus inicios, de acuerdo con la Ley 63 del 15 de diciembre del año 1917, creadora del Código Fiscal, el Impuesto Sobre la Renta tenía su base impositiva en la propiedad inmobiliaria. No obstante su historia, es necesario actualizar el impuesto en estudio, pues estamos en un mundo globalizado que no perdona los errores. Y es un error mantener la estructura actual, empezando con los valores catastrales y las tarifas no competitivas.

El estudio de las tarifas y sus consecuencias sociales nos obligan a recomendar nuevamente su reconsideración, con el respeto de las opiniones de otras personas, de tal forma que el impuesto tenga diferentes tarifas basadas en la utilización de los bienes.

Así, una primera tarifa de 0.50% sería netamente residencial, aplicable a los inmuebles que sean el domicilio de su propietario y que estén y se mantengan a su nombre. No a nombre de quien no resida en la misma, ni de una sociedad ni de una Fundación de Interés Privado.

Para las propiedades inmobiliarias de uso mixto (residencial y comercial) la tarifa bien podría ser de 0.75%, cuyo propietario podrá deducir proporcionalmente el impuesto para los efectos del impuesto sobre la renta (ISR).

Para toda otra propiedad utilizada para generar rentas (arrendamiento, comercio e industria), la tarifa recomendada es de 1.20%, justificada con la deducción del impuesto como gastos del período reduciendo su contribución neta a 0.675%, en el caso de personas jurídicas por sus efectos tributarios.

En el caso de propiedades utilizadas en actividades agropecuarias en no menos del 75% de su superficie, la exoneración del impuesto sería total, independientemente del valor catastral del bien y siempre que su uso sea debidamente certificado anualmente por las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de la región en que se encuentre, igualándolo con el incentivo que se otorga a las fincas dedicadas exclusivamente a la actividad de reforestación.

Por su parte, los jubilados merecen una atención especial. En lugar de dar tantas becas a estudiantes sin incentivar el mérito, los bienes inmuebles de propiedad de personas que califican para los beneficios de la Ley 6 de 16 de junio de 1987, mejor conocida como la Ley de los Jubilados, deben recibir el beneficio de exoneración total en reemplazo del derecho de poder congelar el impuesto de que trata la misma ley, bajo las mismas condiciones establecidas: que sea su domicilio y la única propiedad, y mientras se mantengan dichas condiciones.

Otro aspecto dentro de la misma trama son los valores catastrales registrados, base del impuesto de inmuebles, que están obsoletos por el tiempo transcurrido y por muchas mejoras construidas no declaradas o inscritas para efectos catastrales y, por supuesto, se han escapado de la justa tributación. Prueba de ello son las mejoras y hasta edificios detectados por los avalúos oficiales contratados en la administración pasada, fenómeno que se repite fuera y dentro de la ciudad capital. Ambas cosas son injustas con quienes pagan impuestos, tanto la consabida obsolescencia de los valores registrados como las obras no declaradas.

CÁPSULA FISCAL: Los jubilosos jubilados por lo general no pueden aumentar sus ingresos y por lo tanto resulta justa la exoneración del impuesto de inmuebles de la finca que es su domicilio y única propiedad, ya que es la adquisición y patrimonio más importante del ser humano. Pero hay que evitar la simulación con sanciones importantes en caso del consabido juega vivo.

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