VENTANA FISCAL

Corrupción o enriquecimiento injustificado

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OPINIÓN

Eliminar el enriquecimiento no justificado, que sin dudas existe tanto en el sector privado como en el público, también es parte del cambio que necesita Panamá.

El gran desafío empieza en la administración pública, por estar expuesta a la corrupción personal y a la fuerza de los intereses políticos.

Ahora bien, el análisis sobre el enriquecimiento injustificado no está limitado al aumento que se determine en lo que la persona posee (los activos); también se incluye la disminución no justificada de las obligaciones (los pasivos).

En resumen, se trata de comparar el valor del patrimonio neto inicial con el valor del patrimonio neto al final de un período determinado y confirmar que el aumento que se refleje no está justificado con los ingresos menos los gastos ordinarios.

Contrario a lo que se pueda pensar, para eliminar el enriquecimiento injustificado sólo se requiere la voluntad de las autoridades para aplicar las leyes que existen.

Basta acudir a la Constitución Nacional (artículo 299), a las leyes 59 de 1999, 6 de 2002 y 48 de 2004 y al Decreto Ejecutivo 246 de 2004, que trata sobre el Código de Ética de los servidores públicos.

Aunque un aumento en las sanciones ayudaría.

El artículo 5 de la Ley 59 de 1999 es contundente al señalar que “El enriquecimiento injustificado tiene lugar cuando el servidor público o exservidor público, durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al término de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes, sea por interpuesta persona natural o jurídica, que sobrepasen los declarados o los que probadamente superen sus posibilidades económicas, y no pueda justificar su origen”.

Los afectados por las normas son especialmente los servidores públicos que ejercen las funciones identificadas al inicio de la misma ley 59/1999, y que son señalados en primera instancia en el artículo 299 de la Constitución Nacional. Para tenerlos presente, hoy y siempre, y no olvidarlos, ellos son: el presidente y vicepresidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales ordinarios y especiales, el procurador general de la Nación y el de la Administración, los jueces, los ministros y viceministros, el contralor y el subcontralor general de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, los rectores y vicerrectores de universidades oficiales, los directores generales, los gerentes o jefes de entidades autónomas, los directores nacionales y provinciales de los servicios de policía, el defensor del Pueblo y todos los empleados y agentes de manejo conforme el Código Fiscal (CF).

Tradicionalmente, más bien por costumbre que por ley, nos hemos acostumbrado a exigir el cumplimiento de la declaración jurada a los funcionarios con cierta jerarquía, dejando en el olvido a aquellos que califican como empleados y agentes de Manejo, según señala el artículo 1090 del CF y que tienen bajo su cuidado, custodia o control fondos del Tesoro Nacional.

Los “Empleados de Manejo”, según los identifica el artículo 1059 del CF, son los recaudadores (empleados encargados de cobrar los dineros que deben ingresar al Tesoro Nacional), los liquidadores (empleados a quienes compete el reconocimiento de créditos a favor del Tesoro Nacional) y los pagadores oficiales (empleados encargados de entregar a los acreedores del Tesoro Nacional los dineros que se adeuden).

Los agentes de Manejo, de acuerdo al artículo 1061 del CF, son las personas que no desempeñan un empleo con el Estado y que recaudan o pagan, con autorización legal, dineros del Tesoro Nacional.

Todos ellos son responsables personales de las pérdidas que ocurran a causa de su negligencia o uso ilegal de fondos, aunque sea por orden superior (artículo 1091 del CF).

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