Exadministrador de Ampyme, Giselle Burillo: ´No soy una mujer corrupta´

Pese a las compras millonarias, Giselle Burillo dijo que siguió al pie de la letra la ley de contrataciones.

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LA PRENSA/Archivo. LA PRENSA/Archivo.
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La exadministradora de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) Giselle Burillo reaccionó ayer a las acusaciones hechas en contra de su gestión por el gasto de $40 millones en la compra de equipos, parte de los cuales aún se encuentran acuñados en almacenes alquilados por el Estado.

Alega que la actual ministra de Ampyme, Ada Romero, se escuda con estas denuncias porque “la semana pasada el Ministerio Público admitió cuatro querellas contra la funcionaria por calumnia e injuria”.

Tras una auditoría realizada el pasado jueves, la ministra de Ampyme denunció que durante la administración de Burillo diversas empresas recibieron 10 contratos en compras fraccionadas para obviar procesos de homologación y acortar el tiempo que tenían los proveedores para presentar sus propuestas.

También destacó que se hacían compras por $175 mil de un producto y al día siguiente el mismo proveedor lograba cerrar otro contrato por el mismo monto.

Por su parte, Burillo contradijo estas declaraciones señalando que el mayor monto en las contrataciones durante su gestión se hizo por $250 mil. “Yo estoy tranquila porque seguí al pie de la letra la ley de contrataciones públicas”, destacó.

“Ella (Ada Romero) va a tener que probar todas las farsas y mentiras que ha dicho sobre mí. Ella quiere hacer ver que soy una mujer corrupta y eso no se lo permitiré”, señaló Burillo.

Ante la inspección hecha por el equipo legal de Ampyme al depósito ubicado en el sector de Curundú, donde se encontraron máquinas de coser, motos, kits de belleza y refrigeradoras entre otros productos, la exadministradora de Ampyme argumentó que “todas estas compras se realizaron en actos públicos para ser entregados en el programa de oportunidades de negocios”.

No obstante, desmiente la adquisición de estos kits por contratación directa, al igual que la permanencia de estos productos por más de tres años en las bodegas.

Actualmente el Estado paga cerca de $33 mil mensuales por el almacenamiento de estos equipos en bodegas ubicadas en Panamá, Colón, Chiriquí y Veraguas, muchos de los cuales permanecen allí desde hace varios años según Romero.

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