GIBRALTAR, EN EL CENTRO DEL CONFLICTO

La cuerda se mantiene tensa

El lanzamiento de unos bloques de cemento que impide la pesca a los españoles ha desatado una escaramuza diplomática que ya tiene tres semanas.

El Gobierno británico evalúa una posible respuesta legal contra los controles en la frontera de Gibraltar y ha pedido ayuda europea ante el empeoramiento del conflicto diplomático con España.

El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, reclamó el viernes a la Comisión Europea (CE) que envíe un equipo al Peñón para “reunir pruebas” contra unos controles que han provocado largas colas de automóviles durante las últimas tres semanas y que considera “desproporcionados”.

La Comisión trasladó a Cameron que hará lo que esté dentro de su competencia para asegurar el respeto de las normas comunitarias, si bien le advirtió que espera que el asunto “sea tratado por los dos países de una forma que vaya en línea con su pertenencia común” a la Unión Europea (UE).

A ese respecto, Londres sostiene que sus intentos por encontrar una salida dialogada al contencioso han resultado infructuosos y lamenta que España mantenga unas medidas que, en su opinión, restringen la libre circulación.

El Ejecutivo comunitario ha subrayado que España tiene la potestad de vigilar su fronteras, aunque los controles deben ser proporcionados, y ya confirmó su intención de enviar en septiembre inspecciones técnicas a Gibraltar para analizar las quejas recibidas.

En uno de los momentos más tensos de la disputa entre España y el Reino Unido, Londres ha enviado una flota de nueve buques militares a unas maniobras en el Mediterráneo que incluyen escalas en puertos españoles y en Gibraltar, donde recalará la fragata Westminster mañana lunes.

La crisis diplomática entre el Reino Unido y España podría empeorar si España decide finalmente aplicar una tasa de 50 euros (66 dólares) por cruzar la Verja, una vez se determine si hay viabilidad jurídica. El Gobierno español la equipara con la “tasa de congestión” de hasta 12 libras (18 dólares) que se paga diariamente por circular por el centro de Londres.

Además, España ha amagado con acudir a organismos como el Tribunal de La Haya y la ONU.

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