DERECHO COLECTIVO

Decisiones difíciles: Max Alberto Ballesteros Villalaz

La administración de un país que se precie de democrático está basada en cumplir y hacer cumplir las leyes, mediante las cuales se intenta regir la conducta y los actos de los ciudadanos, con el fin ulterior de lograr los fines del Estado, satisfacer las necesidades públicas y procurar la armonía y la convivencia pacífica entre los asociados.

Cuando se permite a un grupo, por minúsculo que sea, rebasar los límites establecidos en esas normas, permitiendo al mismo tiempo que se pisoteen los derechos de terceros, a veces hasta algunas garantías constitucionales, como el derecho al libre tránsito; entonces, la administración descuida una de sus funciones principales y da lugar a que todos los logros y la imagen nacional e internacional del Gobierno se vea empañada.

De qué sirve el 10.5% de crecimiento económico, ser el destino turístico número uno del mundo, tener una tasa de desempleo del 4.4%, traducido en pleno empleo, una industria canalera en franco desarrollo, servicios financieros de primera calidad, si damos la impresión de que no somos capaces de tomar las decisiones oportunas que eviten que el país se vea sometido al caos por un capricho exagerado de un grupo étnico.

Administrar el Estado también implica tomar decisiones difíciles, es que la libertad y el respeto al derecho de las mayorías están por encima de las creencias ancestrales y divinas de cualquier grupo, mantener cerrada la vía Interamericana por casi una semana invade el derecho que tenemos al libre tránsito, restringe el derecho al trabajo de muchos, trae pérdidas a los comerciantes, provoca escasez de alimentos, de combustible, se pierden citas médicas. Toca, entonces, despejar la vía de alguna manera.

Es muy loable y digna de admirar la voluntad de estos grupos de cuidar el medio ambiente y proteger la tierra, pero es necesario que alguien les explique el contenido del numeral 6 del artículo 257 de la Constitución Política de la República de Panamá, que describe con meridiana claridad algunos de los bienes del Estado que no son objeto de apropiación privada, y que tampoco son patrimonio ni herencia de ningún grupo por razones de índole étnica, racial, cultural o divina. Esos bienes son de todos los panameños y nadie, so pretexto de protegerlos, tiene derecho a someter al país a estos atropellos.

Demorar una decisión política o administrativa tendiente a reabrir el paso y restablecer el orden y la paz, por dura que sea, provoca confusión, tensión, alienta a otros grupos a sumarse a esas protestas, da pie a que el país viva convulsionado ante la expectativa del qué pasará mañana o cómo se va a solucionar esto, pone en peligro la gobernabilidad y la estabilidad política.

Es, en estas circunstancias, cuando el administrador debe mostrar dotes de verdadero estadista, alguien que toma decisiones apegado a los más estrictos principios de administración pública, sometido al estado de derecho, sin importar los precios que se tengan que pagar en materia política. Recordemos que el respeto al derecho ajeno es la paz.

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