MOVILIDAD URBANA

Embotellamiento o compromiso: Magela Cabrera Arias

Embotellamiento o compromiso: Magela Cabrera Arias Embotellamiento o compromiso: Magela Cabrera Arias
Embotellamiento o compromiso: Magela Cabrera Arias

El 22 de octubre la Comisión de Urbanismo (CU) del Colegio de Arquitectos (COARQ) de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) organizó el foro Movilidad, un derecho urbano en que conferencistas de la sociedad civil, oenegés y gobierno ofrecieron su visión sobre los problemas y retos que se enfrentan. La gran asistencia mostró que las dificultades para trasladarse en la ciudad se han convertido en una pesadilla que angustia a todos.

La representante de una oenegé destacó la existencia de un Plan Nacional 2011-2020 dirigido a asegurar la seguridad vial que no se ejecuta; mientras tanto mueren al año un promedio de 350 personas, la mayoría de ellas en edad productiva. Otra conferencista sobrecogió a los presentes relatando las amargas experiencias que atraviesan las personas de movilidad reducida que pretenden ejercer su derecho a desplazarse por la ciudad en trasporte público y que encuentran múltiples barreras, ante la vista y paciencia de las autoridades, contraviniendo la ley 42 de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad.

El delegado de gobierno expuso la “Implementación de un trasporte público integrado en la política de Movilidad Urbana” y detalló, además del positivo impulso al Metro de Panamá una gran cantidad de acciones dirigidas a facilitar el flujo del vehículo privado; provocando que los asistentes echaran en falta las estrategias diseñadas para apoyar decididamente a peatones, personas de movilidad reducida y ciclistas que son los elementos más frágiles y que deben ser priorizados en cualquier plan para garantizar el derecho a la movilidad.

Un académico reflexionó sobre las graves consecuencias de carecer de una visión nacional que oriente las inversiones y los planes de desarrollo del país, y la importancia de fortalecer la incipiente participación ciudadana, crucial para construir capital social. La coordinadora del foro llamó a comprometerse a empresas privadas, ciudadanos y gobierno, y resaltó la necesidad de actuar de inmediato. Además, llamó a sumarse a la CU del COARQ para fundar un Observatorio de Movilidad con indicadores fiables que posibiliten la toma de decisiones adecuadas.

Es que la movilidad urbana, además de ser un derecho que garantiza a los habitantes de la urbe su condición de ciudadanos permitiéndoles el acceso al equipamiento urbano, es vital para asegurar el funcionamiento de la ciudad, así como la circulación de la sangre posibilita la vida a un ser humano. Es por ello que el Estado es el responsable de satisfacer este derecho urbano.

El incremento constante en la motorización causa efectos ambientales (enfermedades respiratorias y cambio climático); económicos (disminución de la productividad) y sociales (pérdida de calidad de vida, agresividad y disminución del rendimiento) que han colapsado a la ciudad y exigen gestiones urgentes.

La crisis de movilidad radica en variados factores, entre los más importantes está el divorcio entre la planificación del desarrollo urbano y el diseño del sistema de transporte público, lo que podría potenciar la sustentabilidad y la equidad en ambos campos; la inexistencia de una entidad rectora capaz de integrar y hacer eficiente el transporte público, la ausencia de voluntad política para asignar y hacer cumplir rutas y frecuencias de transporte colectivo, y en la ausencia de medidas que desestimulen el uso excesivo del automóvil. El recientemente presentado Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMUS) – cuya ejecución aún tardará meses en iniciarse- sumado a la ampliación del sistema Metro de Panamá son elementos importantes, pero no suficientes para solucionar la crisis. Se requieren tareas de corto, mediano y largo plazo, incluyendo las de índole fiscal, de gestión; de planificación e intervención; así como de cultura ciudadana.

Seguiremos en el embotellamiento hasta que no desenmascaremos los factores y actores que lo producen. El Gobierno debe priorizar las acciones para ampliar y mejorar el sistema de transporte público, tomar las riendas del desarrollo urbano hace años abandonada en manos de los promotores inmobiliarios y hacer cumplir las leyes sin excepción. La empresa privada puede y debe ofrecer transporte colectivo a sus empleados; y los ciudadanos tendremos que caminar, usar bicicleta y transporte público y compartir o dejar a un lado los automóviles. Sin el compromiso de todos no se asegurará el derecho a la movilidad urbana.

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