EFICIENCIA Y EFICACIA

Mejorando la calidad del gasto social: Tom Rodríguez

Durante los últimos 13 años, Panamá ha logrado importantes avances en cuanto a la reducción de los niveles de pobreza se refiere. En esto han contribuido varios factores. El fundamental, quizá, ha sido el sostenido crecimiento económico que experimenta el país y que ha permitido aumentar la riqueza y el ingreso a través del sector privado.

El segundo consiste en el aumento de las recaudaciones fiscales que ha generado esta expansión lo que, a su vez, ha permitido un incremento en la cobertura de los llamados programas sociales.

Sin embargo, vemos síntomas claros de que todavía hay sectores en Panamá –particularmente ubicados en las áreas rurales e indígenas– en los que las necesidades básicas de la población no son atendidas adecuadamente, y esto exige esencialmente dos objetivos.

El primero es mantener este crecimiento de forma sostenida y sustentable. El otro, mejorar la calidad del gasto público enfocando los recursos en aquellas áreas más vulnerables de la sociedad e imprimir un mayor monitoreo y evaluación del gasto, midiendo de manera continua el impacto de estos programas.

Por ende, resulta de primaria importancia velar por el cumplimiento de dos principios económicos fundamentales, a saber: mejorar tanto la eficiencia como la eficacia del gasto social.

Por eficiencia entendemos lograr la mayor cobertura posible, con una óptima calidad, utilizando la menor cantidad de recursos posibles.

Por eficacia se entiende que dichos recursos se enfoquen, precisamente, en aquellas áreas donde revistan mayor impacto.

Esto es, particularmente necesario, tomando en cuenta que Panamá es uno de los países de la región que, proporcionalmente hablando, tiene un mayor gasto social.

A guisa de ejemplo, en Panamá se otorgan subsidios que, desafortunadamente, no están enfocados del todo en la lucha contra la pobreza y que pueden ser revisados a objeto de mejorar la calidad del gasto social.

Esto incluye, entre otros, probablemente subsidios a la electricidad, gas y transporte.

En segundo lugar, hay un amplio margen para mejorar la coordinación interinstitucional, con el objeto de aumentar las sinergias entre los diversos programas en materia de pobreza. Una reorientación de estos puede permitir, efectivamente, aumentar la cobertura y atender una mayor cantidad de población.

Otro aspecto podría ser establecer un sistema de adquisiciones en común, que permita lograr lo que los economistas definen como “economías de escala”, es decir, aquellas en las que se efectúan adquisiciones, en forma conjunta, para disminuir los costos unitarios de los insumos. Por ejemplo, unificando la compra de medicinas entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

Igualmente, requeriría que se redoblen los esfuerzos para establecer un sistema de medición de resultados basado en criterios objetivos que permitan un monitoreo y evaluación sistemáticos.

Lo anterior debería estar acompañado, por supuesto, de un sistema de toma de decisiones gerenciales para hacer las correcciones y ajustes que sean del caso a objeto de garantizar la mayor efectividad de estos programas de manera oportuna.

El fortalecimiento de programas como la Red de Oportunidades que, de alguna forma, se orienta hacia estas poblaciones marginadas de manera focalizada; condicionando los beneficios al cumplimiento de una serie de pautas y requisitos, entre ellos que los favorecidos se inscriban y participen en planes de salud y educación.

Para darle sostenibilidad a dicho programa, se podrían reforzar los componentes que permiten crear las capacidades de los beneficiarios para que puedan incorporarse al mercado laboral y generar sus propios ingresos mediante los cursos de capacitación educativa y laboral.

Finalmente, un componente que podría reforzarse es el de programas como “100 a los 70”, procurando que se brinde particular énfasis a los adultos de menores ingresos y monitoreando el uso de los fondos cobrados por familiares, en caso de que el adulto esté incapacitado para hacerlo él mismo.

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