JUSTICIA

Proceso penal acusatorio: José Israel Correa

La interpretación y aplicación del procedimiento especial para el juzgamiento de diputados en el Código Procesal Penal modificado por la Ley 55 de 2012, viene generando intensos debates, principalmente por el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Veamos algunas situaciones concretas:

El plazo de investigación. El artículo 491-A del Código Procesal Penal establece que la pesquisa deberá concluirse dentro de los dos meses siguientes a la apertura del caso, pero ninguna de las normas del procedimiento especial señala cuándo se entiende iniciado. Algunos plantean que ese plazo debe contabilizarse desde la emisión de la resolución que admite la querella y que designa al magistrado fiscal y al magistrado de garantías. Otros sostienen, con base en la norma general de los efectos de las resoluciones, que no surtirá efectos sino a partir de que haya sido notificada a todas las partes y esté debidamente ejecutoriada. La remisión a las normas generales es un punto favorable a la propuesta hermenéutica que a continuación defiendo. Partamos estableciendo que si bien el procedimiento especial no habla de la imputación, como una diligencia a evacuarse en el proceso contra diputados, nótese que el mismo artículo 491-A, aunque se refiere a la acusación en el primer párrafo, en el siguiente habla de “imputado” y de “imputación compleja”, lo cual ofrece suficiente sustento para afirmar que el magistrado fiscal debe, en su momento, solicitar audiencia para formular los cargos al diputado procesado. En el caso del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, aunque en el procedimiento especial no se menciona la acusación, al final se realizó, siendo una fase esencial del procedimiento, garantizando congruencia entre imputación, acusación y sentencia.

Por tanto, si convenimos en la necesidad e importancia que en el proceso se haga la imputación, entonces hay que conceder a dicha actuación todos los efectos que el Código Procesal Penal le reconoce de ordinario. Aquí es donde cobra relevancia el artículo 281, especialmente el numeral 2, de acuerdo al cual a partir de la imputación, comienza a contabilizarse el plazo para concluir la investigación y formalizar la acusación. La conclusión de recibo es que el plazo de dos meses de investigación que recoge el artículo 491-A del Código Procesal Penal empieza a contarse desde la formulación de la imputación. Ahora bien, es el magistrado de garantías quien tiene la última palabra sobre este asunto.

Otro aspecto relacionado también con el plazo de investigación y la imputación, es el de la ausencia o no comparecencia del indiciado, hecho a raíz del cual resulta imposible llevar a cabo la imputación y consecuentemente, impide empezar a contar el plazo de investigación, pues el artículo 93 numeral 12 del Código Procesal Penal prohíbe el juicio en ausencia, y concretamente su artículo 278, plantea que a la audiencia para formular cargos debe asistir el procesado. El Código Procesal Penal en el artículo 235, como norma general, no solo aplicable a los procesos especiales contra diputados, sino también al proceso penal común u ordinario, establece que el fiscal por sí mismo puede ordenar la aprehensión y conducción de una persona con el fin de presentarla ante el juez de garantías y proceder a los cargos. Empero, esta facultad del Ministerio Público es efectiva cuando se trata de personas dentro del territorio nacional. Sin embargo, no parece suficiente para lograr que en base a ese requerimiento de “aprehensión o conducción”, se active el procedimiento de extradición activa, pues la regulación de esta figura en el Código Procesal Penal, además de precisar que debe ser formulada por autoridad jurisdiccional, exige que para pedir a una persona en extradición, esta haya sido objeto de imputación o de acusación o condena, etapas que necesariamente se debieron cumplir con la asistencia del procesado a las respectivas audiencias.

Una fórmula cuya viabilidad se cuestiona, es aplicar el artículo 158 de este Código para decretar la rebeldía de una persona de paradero desconocido y ordenar su detención provisional, no solo por el epígrafe de la norma que se refiere al acusado, sino también porque en el texto mismo de dicha disposición se habla de la persona imputada, que como hemos indicado, solo puede ser aquella contra la cual se han formulado cargos en una audiencia a la que ha sido citada previamente y ha comparecido.

De este modo, nos encontramos con el obstáculo de que, por el momento y hasta que no se realice una reforma legal, toda persona que deba ser juzgada bajo las reglas del sistema penal acusatorio, pero a la cual no se le han imputado cargos, y que se halla fuera del país, está virtualmente ajena al brazo de la justicia.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

INTERNET Y EL SER HUMANO El olvido y la memoria, frente a frente

Michel Gondry, el genial director de cine francés, expone en su película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004) la posibilidad de usar la ciencia para borrar la memoria. Para olvidar. ...

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

16 Ago 2017

Primer premio

7 8 9 4

DBDC

Serie: 14 Folio: 7

2o premio

6122

3er premio

5195

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código