JUSTICIA

La Procuradora no investigará: Luis Ernesto Ramírez Castillo

Hace unas semanas leí que la señora procuradora General de la Nación, Ana Belfon, no iniciaría investigación alguna por el sobrecosto de la página web del señor Salo Shamah (Autoridad de Turismo de Panamá) ni por los contratos millonarios de la señora Giselle Burillo de Ampyme.

Esto es increíble. Yo no me canso de decir que el Ministerio Público es un obstáculo para la buena administración de justicia, y que este mal no solo ocurre a alto nivel, incluso lo practican los personeros. En mi libro La Administración de Justicia en Panamá, sostengo que debiera eliminarse el Ministerio Público como institución investigadora. Pues bien, no es que solo sea ineficiente, sino que en casos como los mencionados parece haber sido condicionado por el poder del terror de quien gobierna o por simple servilismo politiquero.

El artículo 220 de la Constitución Nacional, sagrada solo para los tontos –al parecer– establece en su numeral 3 que el Ministerio Público tiene la obligación de “Vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos y cuidar que todos desempeñen cumplidamente sus deberes”; y en el siguiente establece que debe: “Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales”.

Por otra parte, el Art. 1992 del Código Judicial establece lo siguiente: “Cuando un agente del Ministerio Público tenga noticia, por cualquier medio, que en el territorio donde ejerce sus funciones se ha cometido un delito, deberá iniciar, de inmediato, la investigación sumaria respectiva, a no ser que se trate de delito que exija querella para la iniciación del sumario”.

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la Procuradora no puede negarse a iniciar la investigación con la excusa de que “no es prioridad”. Pareciera que con ese argumento se burla de lo que dice la Constitución. La ley no clasifica los delitos a investigar, como prioritarios o no. El artículo citado dice que desde que se tenga noticias de la comisión de un delito, debe investigarse de inmediato y determinar si lo hay o no; en especial si se trata de una lesión a los fondos del Estado, que es un delito agravado. Entonces, la manifestación de la procuradora atenta contra la seguridad jurídica y las funciones que debe cumplir el Ministerio Público, pues así mismo podrían actuar los fiscales y personeros cuando, por amiguismo o por dinero, aleguen que investigar el delito que se les denuncia no es prioritario.

Tal vez lo que agrava su actitud es que Belfon se niega a cumplir con sus funciones, por lo que yo veo, y al respecto el Art. 350 del Código Penal establece: “El servidor público que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días- multa o arresto de fines de semana”.

Quizás quien me lee pensará qué iluso soy, pues en las democracias también hay personas a las que les importa un bledo lo que digan las leyes, en especial si todo lo hacemos “por unos dólares más”.

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