DESCENTRALIZACIÓN

Promoción de los partidos políticos provinciales: Exenobel Quintero Almanza

El gobierno de turno viene cacareando su decisión de transferirle a los municipios del país más de 200 millones de dólares del presupuesto estatal, que recauda de los impuesto de bienes inmuebles, destinados a impulsar la recientemente aprobada ley imparcial de descentralización, a través del traspaso de competencias del Ejecutivo a las alcaldías, para que puedan desarrollar obras de inversión social. Esto acompañado de un compromiso solidario donde los 30 municipios que más recaudan deberán ceder una parte de sus ingresos a los 45 que menos ingresos tienen, todo esto acordado, consensuado y repartido solo entre el Ejecutivo, los representantes de corregimiento y los alcaldes, con una total ausencia de participación ciudadana que al final es la que paga los impuestos.

¿Cuál es el real traspaso de competencias que dará el gobierno central a los municipios? Es la competencia coercitiva de cobrar impuestos acompañados de una amañada solidaridad entre los gobiernos locales, cuando lo propio es que la administración estatal comience a distribuir los ingresos de los activos económicos, verbigracia los ingresos del Canal de Panamá, para una mejor distribución de la riqueza.

Si en verdad queremos que el país transite por una real y efectiva descentralización, que permita a cada provincia independizarse del centralismo de 112 años, anacrónico y corrupto, que llevamos, se debe considerar una mayor cobertura de la descentralización que incluya aspectos bien amplios en áreas como: la economía, la administración y lo político electoral, entre otras. Por ejemplo, en lo económico: que el presupuesto nacional del Estado sea descentralizado a partir de su distribución en todas las provincias; en lo administrativo: que cada provincia, desde su ejecutivo provincial (el gobernador), realice las contrataciones de todo el recurso humano de las instituciones gubernamentales que en la región se requieran; en lo político electoral: creación de partidos políticos provinciales, distritales y que los gobernadores sean elegidos por el voto popular y tengan facultades con mando y jurisdicción.

También se debe asegurar la restitución del derecho humano al electorado mediante la revocatoria de mandato a todos los puestos de elección popular desde el Presidente de la República hasta la de los representantes de corregimiento. Solo así lograremos un desarrollo y crecimiento sistémico que permita a cada provincia potencializar todas las capacidades humanas que la Patria requiere para una mayor prosperidad y calidad de vida, optimizando con mayor eficiencia los recursos del país en beneficio de todos los panameños.

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