MATERIA PENAL

La autoincriminación involuntaria: Hipólito Gill Suazo

En este momento estamos interesados en determinar el valor probatorio que tiene la autoincriminación involuntaria, formulada por el “imputado” en la investigación de un hecho punible. La prohibición de autoincriminación penal –que es objeto de análisis actual– es considerada como una “evidente” garantía del justiciable, pero sobre la que existe poco debate a fin de encontrar las razones o la legitimación de este derecho o garantía. En lo que sigue exponemos algunas ideas sobre el tema que ha sido objeto de discusión en la doctrina penal alemana más reciente.

La legislación procesal penal alemana –así como su jurisprudencia– ha sido cautelosa al momento de determinar los límites legales de la prohibición de la autoincriminación involuntaria, pues la “simple” descripción legislativa no resuelve, en muchos supuestos, las antinomias y contradicciones que puede descubrir esta garantía. En principio, la declaración voluntaria realizada por el acusado, de manera libre y espontánea, no presenta mayores dificultades, pues el propio imputado decide –por diversas razones: arrepentimiento, solidaridad, “conveniencia”, etc.– exponer su versión sobre los hechos.

Esta declaración voluntaria presupone –como consecuencia de la prohibición de la autoincriminación– que la autoridad correspondiente informe sobre el derecho constitucional y legal a que tiene derecho el imputado y sus parientes cercanos. La advertencia que en este momento hace la autoridad es importante, pues de la misma se derivan consecuencias o efectos que pueden comprometer la responsabilidad penal del imputado.

Esta información o instructivo es fundamental en la suerte de la investigación que se ejerce contra el imputado, por cuanto que es necesario recordar y reiterar que las relaciones que se producen en la investigación criminal, ponen al descubierto la posición desigual que hay entre el imputado y la autoridad, por lo que esta advertencia impide que el acusado sea sorprendido en la investigación criminal que se realiza en su contra.

El punto que ha sido objeto de discusión doctrinal, es determinar el valor que dentro de la investigación e, incluso, dentro del propio proceso penal, tiene la declaración del imputado cuando no se haya hecho la advertencia de que puede abstenerse de declarar contra sí mismo o sus parientes cercanos, es decir, que se han omitido las instrucciones que la Constitución y la ley ordenan tomar en cuenta al momento de producirse esta diligencia, aspecto sobre el cual la jurisprudencia alemana ha seguido dos posiciones:

En una primera decisión consideró el mandato legal de instrucción como una orden meramente reglamentaria, por lo que las declaraciones vertidas sin esta instrucción podrían ser usadas en contra del acusado, dependiendo del interés perseguido por la investigación, o sea, si se pretendía arrancar una confesión de parte del imputado no se exigía este requerimiento, lo que pone en evidencia la contradicción entre la garantía individual y el interés legítimo de impedir la impunidad.

En una segunda decisión consideró que si la declaración es realizada durante un juicio, en el que el juez omite este requerimiento de instruir al inculpado sobre el derecho a no declarar, la misma no puede ser admitida como prueba y, en todo caso, la sentencia podría ser revocada en segunda instancia, lo que resulta de difícil cumplimiento, pues es extraño que el juez cometa semejante vulneración de la ley a la vista del público y, porque en todo caso, el acusado que comparece al juicio puede haber sido asesorado, previamente, por su abogado defensor o puede haber sido instruido en el proceso con anterioridad, pero de todas maneras esta dirección representó un progreso de la jurisprudencia alemana en esta materia.

Sin embargo, esta “última” posición de la jurisprudencia penal alemana solo se refería al proceso penal propiamente tal, por lo que quedaba excluido el interrogatorio que se realizaba ante la policía y en el que el principio ocupa un lugar importante, pues el acusado puede en este momento ser tomado por sorpresa y puede realizar una confesión sin haber sido instruido sobre el derecho a guardar silencio sobre este aspecto. Los tribunales han admitido, sin embargo, la admisión de la declaración como prueba válida en el proceso penal, cuando el imputado ha tenido conciencia de su derecho o cuando ha consentido en ella, como ha dicho claramente el profesor Claus Roxin: “No obstante, la admisión de declaración como prueba es permitida en algunos casos, en los que no se ha realizado la instrucción, si el acusado era consciente de su derecho a permanecer en silencio o si, explícita o implícitamente, él consintió que su testimonio sea admitido. Pero esta excepción no puede restringir la prohibición sobre la admisibilidad, ya que estos son casos en los que el testimonio es admitido con fundamento de la elección del acusado”. (Claus Roxin, Pasado, presente y futuro del derecho procesal penal, Edit. Rubinzal, culzoni, Argentina, 2009, p. 91).

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