CONCIENCIA CANALERA

La autonomía de la ACP: Franklin Castrellón

En el acto de lanzamiento de las actividades con que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) celebrará el centenario del funcionamiento de esta vía, el miembro de la junta directiva Adolfo Ahumada hizo señalamientos que deben llamar la atención a todos los panameños, particularmente de quienes lucharon por dotar a la agencia canalera de una coraza que la protegiese de la depredación de los políticos.

Tras ponderar lo que identificó como la “conciencia canalera” que se anidó en el cuerpo social del país para proteger ese bien inalienable de la nación, Ahumada señaló que fue esa conciencia la que produjo la autonomía que ha permitido a la ACP proyectarse como una organización de clase mundial. Esa autonomía le ha permitido que haya sido y sea administrada por panameños capaces y probos, apoyados por un gran equipo laboral altamente calificado y dedicado.

Ahumada, quien en sus años mozos fue dirigente estudiantil y luchador por la “causa panameña”, hizo una oportuna advertencia sobre el riesgo que enfrenta la autonomía de la ACP. “Hasta ahora, la autonomía canalera ha prevalecido porque la conciencia canalera ha seguido su curso, a pesar de que ha terminado el proceso de transición y Panamá ha acumulado más experiencia en el manejo de la temática del Canal”, señaló.

La autonomía, surgida en la década de 1990 de los diálogos de Bambito y Coronado, no pretendía crear una nueva Zona del Canal. Trataba de aislarlo de la voracidad de los políticos panameños. La inquietud de Ahumada se sustenta en su prolongada y provechosa experiencia en la junta directiva de la ACP, y sus palabras merecen ser analizadas frente a la coyuntura política actual y las oportunidades que abre al país el Canal ampliado. “Todavía me causa asombro cuando hay personalidades que no distinguen o no toman en cuenta que la Autoridad del Canal no es un ministerio, que existe el ministro por razón derivada de ser presidente de la junta directiva, pero que no hay un organigrama administrativo como lo tienen los ministerios, y ni siquiera un viceministro”, dijo.

Para políticos inescrupulosos, como los que abundan en nuestra fauna, el Canal sería un fabuloso botín. Apoderarse de la directiva mediante testaferros sería la manera fácil para modificar reglamentos de administración de personal, manejo del tráfico de naves, otorgar contratos de a dedo e, incluso, incursionar en las funciones propias de la administración. Ello sería el principio del fin del Canal.

Visiblemente alarmado por el asalto a las instituciones democráticas que guió desde un principio al actual gobierno, escribí un artículo titulado, ¿Ahora le toca al Canal? (La Prensa, 10/2/2010), en el que advertía del riesgo de que su próximo objetivo fuese este. Semejante acto violaría su autonomía contemplada en el título constitucional y en la Ley Orgánica de la ACP.

Este riesgo ha aumentado debido a que la ACP ha identificado oportunidades atractivas de negocios una vez el Canal ampliado esté en operación, cuya decisión corresponderá a la directiva. Esas oportunidades se basan en estudios técnicos realizados por prestigiosas firmas internacionales. Para decirlo con claridad, la decisión que se tome en estos temas debe enmarcarse, no en lo que deseen el Ejecutivo, amigos o potenciales socios, sino en el gran objetivo de optimizar los ingresos que pueda generar para beneficio de Panamá y los panameños.

A juicio de Ahumada, “uno de los aspectos en los que se reflejaría la ´conciencia canalera´ es en el grado de flexibilidad que podrá tener el Canal para incursionar en estas nuevas áreas y contribuir de ese modo a la mayor potencialidad de nuestra posición geográfica”. La facultad de la ACP para incursionar en negocios distintos al tránsito de naves se la otorgan el Título Constitucional (Art. 316) y la Ley Orgánica. Esta, en su artículo 18, señala entre las facultades de la junta directiva la de “aprobar las políticas sobre realización de actividades comerciales, industriales o de servicios, que complementen el funcionamiento del Canal, por la Autoridad directamente o por concesión a terceros”.

Considero que la mayoría de los directivos mantiene esa “conciencia canalera” descrita por Ahumada, y comprende que su rol es defender los intereses del país. Su actual presidente, Roberto Roy, ha probado con creces su patriotismo. No solo ha sido miembro de la directiva, sino que acompañó a Alberto Alemán Zubieta en el comité de expertos que auditó la infraestructura del Canal y formuló el plan de modernización y mejoras. Confío en que las decisiones que se tomen frente a esas oportunidades reafirmarán la autonomía de la ACP y crearán el escenario para que Panamá optimice los beneficios derivados del Canal y su posición geográfica.

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