UN FALSO PROBLEMA

El fantasma del voto en plancha: Mario J. Galindo H.

A ojos vistas, el mal llamado “voto en plancha” –expresión del español vernacular– tiene mala prensa. Ello es que desde hace rato le han salido enemigos de todos los colores y pelajes, entre los que se cuentan políticos, apolíticos, independientes e, incluso, indiferentes. La inquina que despierta el tal voto se ha exacerbado en fechas recientes, al punto de que se le quiere guillotinar. No en pocas ocasiones me ha tocado comprobar, con cierta sorpresa, que personas generalmente bien informadas, a las que les reconozco cultura política, cuando me he permitido preguntarles en qué creen que consiste el mentado voto, resulta que o no saben qué responder o, peor aún, se equivocan.

La respuesta más frecuente que he escuchado es la de que el “voto en plancha” es una aberración jurídica privativa del sistema electoral panameño, que obliga al elector a votar, en los circuitos plurinominales, por la lista completa de los candidatos a diputados postulados por los partidos políticos en dichos circuitos.

Nada más alejado de la verdad. No hay tal obligación. El voto en plancha no existe en Panamá. Existe, sí, en España, donde se le denomina “voto de lista completa”. Allá el elector que desea votar por un determinado partido sí que está obligado a votar por la papeleta completa en la que figuran los candidatos postulados por dicho partido. A mí ese sistema no me gusta y, probablemente, tampoco les gusta a muchos españoles, pero, que yo sepa, nadie lo ha tildado de aberrante.

En Panamá ningún elector está obligado a “votar en plancha”. Desde tiempos inmemoriales, el elector panameño ha tenido a su disposición el mecanismo del voto selectivo, que le permite tachar de la lista de los candidatos postulados por un partido a aquellos a los que no quiere favorecer con su voto. Y si decide votar por todos es porque le da su libérrima gana o por simple disciplina de partido.

No es ocioso recalcar que el sistema de votación que en Panamá se aplica en los circuitos plurinominales no está diseñado para favorecer a los llamados partidos políticos grandes, como equivocadamente parecen entenderlo algunos, sino, por el contrario, para procurar que los partidos pequeños, o los candidatos independientes, accedan al Órgano Legislativo, aun en desmedro de los partidos grandes. A ello propende el sistema electoral aplicable en tales circuitos, sistema al que el Dr. César Quintero dio el nombre de “cuociente, medio cuociente y residuos”, y que ha estado vigente en Panamá desde que se aprobó la Ley 60 de 1925.

Para ilustrar el aserto traigo a colación un ejemplo sencillo. Imaginemos un circuito electoral (usaré números redondos para facilitar la comprensión) que debe elegir a cuatro diputados. En la elección sufragan 50 mil ciudadanos y en ella participan un candidato independiente y tres partidos políticos, que obtienen, respectivamente, los siguientes votos, a saber:

Candidato independiente, 11 mil votos.

Partido “a”, 22 mil votos.

Partido “b”, 9 mil votos.

Partido “c”, 8 mil votos.

Lo primero que hay que calcular para asignar las cuatro curules es el cuociente electoral. Este se obtiene dividiendo la cantidad de votos emitidos por el número de diputados a elegir. Así, al dividir 50 mil entre cuatro, se obtiene un cuociente de 12 mil 500. En consecuencia, el medio cuociente es de 6 mil 250. Se procede, entonces, a adjudicar las curules entre los partidos o candidatos independientes que hayan obtenido un número de votos superior al cuociente. En el caso de nuestro ejemplo, solo el partido “a” superó una vez el cuociente entero y, por lo tanto, se le adjudica una curul (de haber superado el cuociente dos veces habría obtenido dos escaños). Después de adjudicadas las curules por cuociente entero, se procede a adjudicar las restantes entre los candidatos independientes o partidos que hayan llenado el medio cuociente, es decir, 6 mil 250 votos o más. En nuestro ejemplo, ello supone que el candidato independiente y los partidos “b” y “c” se llevan una curul cada uno por haber llenado el medio cuociente. Ahora bien, si hubiese ocurrido que el partido “c” no hubiese obtenido siquiera el medio cuociente, la cuarta curul le correspondería al candidato que hubiese logrado, individualmente, más votos, que, con toda probabilidad, aunque no necesariamente, sería alguno de los postulados por el partido “a”.

Salta a la vista que, en el caso de nuestro ejemplo, el partido con mayor votación en el circuito obtuvo solo una curul. Las otras tres se les adjudicaron, gracias al medio cuociente, al candidato independiente y a los otros dos partidos. Esta realidad pone de manifiesto que no es cierto que el sistema electoral aplicable en los circuitos plurinominales tienda a favorecer a los partidos políticos grandes. Lo que sí puede ocurrir es que los partidos con un escaso contingente de votos, que no llegan siquiera a alcanzar el medio cuociente, se quedan fuera del Legislativo. Ello, en mi opinión, no es criticable. La elección se gana con votos.

Para terminar, destaco que el sistema del cuociente, medio cuociente y residuos no es el único diseñado para procurar la representación proporcional de las distintas fuerzas políticas en el Órgano Legislativo. Hay muchos otros. Entre los más conocidos está el sistema D´Hont, el de Saripolos, muy parecido al nuestro, y el de Pichardo, todos bien analizados por el Dr. César Quintero en su obra Derecho Constitucional y por el diputado de Cambio Democrático Hernán Delgado, en su tesis de grado titulada El Derecho electoral panameño.

A manera de advertencia, apunto que nuestra Constitución exige que en los circuitos plurinominales se aplique un sistema electoral que respete el principio de representación proporcional. Ello supone que toda ley que se aparte de esa exigencia resultará inconstitucional. Es de esperarse que los pocos diputados versados en esta materia, como es el caso del Dr. Delgado, se ocupen de evitar que la Asamblea Nacional, al legislar sobre la ley electoral, incurra en las improvisaciones y dislates de que, con demasiada frecuencia, hace gala ese órgano del Estado, y termine por aprobar un engendro que, a la postre, infrinja lo que dispone la Constitución, creando un problema que en la actualidad no existe.

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