SITUACIÓN DEL PAÍS

Por mal camino: Betty Brannan Jaén

PANAMÁ, R.P. –Una pregunta de rigor en los sondeos políticos en Estados Unidos es si el encuestado encuentra que “el país va por buen o mal camino”.

Para el presidente Barack Obama, quien encara graves dificultades en las elecciones de noviembre, la medida exacta de esas dificultades queda confirmada en esta cifra: el 64% de los votantes estadounidenses consultados en una encuesta, el domingo pasado, opinó que el país va por mal camino (encuesta Rasmussen).

Y el contexto histórico es demoledor, si se compara dónde está Obama hoy con dónde estaba George W. Bush al finalizar su primer período. En 2004, para esta época –cuando se comprendía ya que la guerra en Irak era un error catastrófico– las encuestas mostraban que solo el 48% de los encuestados pensaba que el país estaba mal encaminado.

Menciono todo esto porque no veo que las encuestas panameñas incluyan esta pregunta; por lo menos no la veo incluida en las encuestas de este diario. Siempre se pregunta cómo el encuestado “califica” la gestión del Presidente, pero eso frecuentemente es interpretado como indicio de la “popularidad” del mandatario, lo que personaliza el tema. Además, el concepto “mal camino” abarca mucho más que la gestión del Presidente. Incluye también, entre otras cosas, una legislatura corrompida, cuyos miembros se cogen a trompones frente a las cámaras de televisión, con balaceras sospechosas pocos días después; un sistema de justicia que garantiza impunidad a los amigos del oficialismo; una cultura política en la que todo está a la venta y las ideas valen poco; una inestabilidad política que fomenta confrontación en vez de participación ciudadana; y una sociedad que tolera y hasta aplaude los rackets de cada quien.

Tras una semana en que todo lo anterior estuvo deprimentemente a la vista, la primera plana de La Prensa, el viernes, puso broche de oro con la noticia de que el gobierno de Martinelli le ha entregado una maquinita de fabricar millones a una empresa llamada Traffic Safety de Panamá, aparentemente representada por un allegado del hijo del Presidente. Según informó La Prensa, hay un contrato por 10 años que contempla que la empresa colocará cámaras para detectar infracciones de tránsito y se quedará con el 65% de lo recaudado en multas. La Prensa tilda de “jugoso” el contrato, en lo que seguramente es el understatement del año; solo lo de Juan Hombrón lo sobrepasa en descaro.

El viernes, al leer esto, investigue rápidamente cómo funciona esto en Estados Unidos. Para mi sorpresa, descubrí que también allá se trata de un negocio privatizado; hay dos empresas que dominan el 80% del mercado estadounidense, American Traffic Solutions y Redflex. En la crisis financiera estadounidense, los municipios han llegado a depender del dinero fácil que les entra con estas cámaras de “luz roja” y “velocidad excesiva”, pero no encontré ningún arreglo tan jugoso como el panameño. Lo normal es un contrato mucho más beneficioso para el Gobierno. Por ejemplo, encontré un contrato en el que el 35% de lo recaudado es para la empresa y el 65% para el municipio (Baton Rouge, Luisiana), pero también encontré un estudio que recomienda que estos contratos sean por tasa fija, no por comisión (porque ello incentiva que las empresas hagan trampa para aumentar el número de boletas, en vez de ayudar a mejorar la seguridad vial). Advierte el informe que cualquier municipio que esté contemplando cámaras privatizadas para vigilar infracciones de tránsito “debe considerar la decisión cuidadosamente y asegurar que ella protege el interés ciudadano en calles seguras y buen gobierno”. (Maryland Public Interest Research Group, Caution: Red Light Cameras Ahead).

Tristemente, no hay indicio alguno de que en Panamá estas consideraciones se analizaron o se consultaron, o que primó otra cosa más que la simple avaricia. Nos dirán que es para proteger la seguridad en las calles, pero en verdad es la ilustración perfecta de un país que va por mal camino.

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