JUSTICIA

Estado panameño, ¿héroe o cómplice?: Orestes Arenas Nero

Hace unos días agentes de la Policía Nacional de Panamá, en San Carlos, le quitaron la vida a un bebé y a una niña de 15 años que andaban de paseo con su familia. La respuesta de los voceros del Estado fue demorada, y supuestamente ´contundente´ para algún sector de la opinión pública. El problema está en que la orden de separarlos del cargo, así como cualquier detención provisional, por justa que sea, es ilegal.

El artículo 147 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional dicta lo siguiente: “Cuando algún miembro de la Fuerza Pública sea denunciado, querellado, imputado o procesado por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber, exclusivamente por motivo del uso de la fuerza, no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, hasta que concluya el proceso con resolución ejecutoriada y esta sea comunicada a la autoridad nominadora por el tribunal competente”.

Por otro lado, el principio de legalidad criminal establece que “no hay pena sin ley penal previa”, y según la jurista costarricense Rosaura Chinchilla, este principio “cumple una función de garantía de libertad”. Al analizar lo anterior podemos decir que por culpa del Estado “milico” que tenemos en Panamá, por más atroz e injusto que sea el acto cometido por un oficial de policía en ejercicio de sus funciones, aunque existan fuertes indicios de que se fugará de la justicia, no se le puede ordenar una detención preventiva, porque así lo dicta la ley.

El problema de fondo es que el Estado panameño violó el derecho a la vida y a la integridad física de estas infantes, y para ocultar su error ante la opinión pública, ahora está violando la ley al imponer sanciones y medidas que van en contra de ella, lo que a nuestro juicio se está haciendo intencionalmente para generar, ahora sí, una verdadera impunidad, porque un juez apegado a la ley deberá decretar “ilegal” cualquier medida que no permita el artículo 147, ya sea ahora o dentro de algunos años.

El Estado panameño, lejos de ser un héroe en defensa de la sociedad, en realidad hace papel de cómplice, porque con su actuación está promoviendo la nulidad del proceso penal contra los agentes de policía, es decir el Estado actual está promueve la impunidad. Ante esta realidad toca concluir que todo el aparato de seguridad del Estado, lejos de protegernos, se ha convertido en un instrumento de opresión contra cualquier voz disidente al gobierno actual.

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