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COOPERACIÓN

La tragedia de las personas desaparecidas en Panamá: Carmen Antony G.

Recientemente, vimos y escuchamos a través de los medios de comunicación la violenta intervención de la señora Mónica Serrano en una sesión de la Asamblea Nacional. Para quienes no lo saben, la señora Serrano es la madre de una menor desaparecida desde el año 2003, sin dejar huellas.

La actitud de la Sra. Serrano no es la de una persona provocadora ni terrorista, sino el resultado de sus años de frustración, de falsos informes y deficiente atención por parte de las autoridades en el caso de la desaparición de su hija. Esto la ha llevado a la situación desesperada de una madre que no pierde las esperanzas de recobrar a su pequeña.

El caso de la Sra. Serrano y muchos otros nos llevó a investigar, en colaboración con la trabajadora social, Gladys Miller, lo que estaba pasando en nuestro país con relación a los casos de mujeres y niñas desaparecidas. Contamos con el apoyo de instituciones como el Inamu, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Red contra la Violencia, el Centro de Estudios y Capacitación Familiar y el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la mujer; con su ayuda hemos logrado recabar algunos datos aproximados con relación a esta terrible situación. Infortunadamente, no contamos del todo con datos fiables y actualizados, pero sí podemos informar –de acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público– que solo en el corregimiento de Ancón desde el año 2003 al 2010 se reportaron 585 casos; en San Miguelito, 332, y en Colón 109. ¿Qué ha sucedido con estas denuncias?, es lo que deberíamos saber.

Debido al aumento de casos de desaparición de personas, se ha creado un centro de acopio de información en la Dirección de Investigaciones Judiciales, para recabar las estadísticas y darle seguimiento a casos ligados a femicidios, trata de personas, explotación sexual comercial y otras actividades ilícitas.

El caso de la Sra Serrano y tantos otros, particularmente de adolescentes y menores de edad, debe contar con la colaboración, no solo de las autoridades que tienen la obligación de esclarecerlos, sino de la sociedad entera, que está llamada a brindar apoyo y atención a las familias afectadas, porque perder a un hijo o hija es la tragedia máxima que puede sufrir una persona.

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