Hoy: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

LA HORA DE LA JUSTICIA

El valor de la presión ciudadana: Enrique Jaramillo Levi

Uno no se anda por las ramas por las simples ganas de salirse por la tangente, para no enfrentar la crudeza de las cosas o por querer hacerse el gracioso. A veces ocurre, simplemente, que al momento de tomar decisiones no gozamos de la lucidez suficiente y, por tanto, no somos capaces de separar el árbol del bosque. Es más, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que ha ocurrido semejante falla de percepción. Cuando en algún momento tomamos conciencia del error, o alguien nos lo hace notar, no es raro que, tarde o temprano, de una manera u otra, arda Troya. Y cuando esto ocurre, no se vale meter la cabeza debajo de la tierra dejando el resto del cuerpo estúpidamente a la intemperie. Pero resulta que en otras situaciones, fingir demencia no es más que una forma deliberada y cobarde de evadir el bulto, de forma provisional, y de paso ganar tiempo. Porque a la larga, sobre todo cuando se exacerba la presión popular y se hace evidente la torpeza e injusticia notoria que representa esa evasión de responsabilidad, hay que dar la cara. Ante el pueblo y ante la historia.

Todo esto viene a cuento con respecto a la reciente decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en cuanto a solicitar que el expresidente de la República Ricardo Martinelli sea detenido y conducido a Panamá para enfrentar a la justicia, en el caso del espionaje telefónico realizado por el Consejo de Seguridad que él lideraba, en contra de más de 150 ciudadanos, algunos de los que presentaron querellas que han sido atendidas por los magistrados.

Como un simple ciudadano y lego en la materia, como lo es la mayor parte de la población, las pasadas indecisiones de la CSJ, sus demoras y devaneos en cuanto a tomar decisiones trascendentales, de una forma u otra, con respecto a dichos asuntos, fueron objeto de críticas más que comprensibles. Y es que es un hecho conocido y tristemente notorio que nuestra flamante CSJ, al igual que la múltiples veces desacreditada Asamblea Nacional, han adoptado vergonzosas decisiones o, por el contrario, han incurrido en falta de ellas, cuando más se esperaba de sus altas investiduras en materia de probidad y justicia ciudadana, no pocas veces solapándose una entidad a la otra. Esa justicia, sumada al prestigio de nuestro país, a menudo han estado y siguen estando en juego. Sin embargo, en días recientes resulta obvio de parte de los magistrados el cambio dramático de actitud, el nuevo tono decidido y justiciero adoptado, el riesgo asumido en muchas de sus acciones e incluso la sorprendente unanimidad.

Es de esperar que se le dé pronto curso efectivo al dictamen de la CSJ de llevar a cabo la búsqueda y arresto de Martinelli, antes declarado “en rebeldía”, para que sea traído a Panamá y juzgado de acuerdo a las leyes vigentes, ya sea que lo hagan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, implementando los convenios de extradición existentes con Estados Unidos o solicitando a Interpol su pronta conducción. Lo ideal sería, por supuesto, hacer ambas cosas de forma paralela, si la complejidad de las disposiciones vigentes lo permite.

Para ello es menester consultar antes todas las aristas de los aspectos legales de manera extremadamente minuciosa y puntual. La idea es no equivocarse propiciando que, como consecuencia de errores o imprevisiones torpes, el caso a última hora “se caiga”. Sin embargo, cada vez son más las voces de expertos en la materia que señalan que cualquiera de las vías que se apliquen habrá de demorar un tiempo considerable, a juzgar por otros casos famosos precedentes, incluido en su momento el de Manuel Antonio Noriega en sus periplos carcelarios por Estados Unidos y Francia, antes de ser traído a Panamá.

Por supuesto, llama la atención, como acotación no tan marginal como pudiera parecer, la manera en que el equipo de abogados de la defensa ha insistido, una y otra vez, sobre asuntos de forma, buscando impugnarlos en la conducción de este sonado caso, sin abordar y entrar a dirimir cuestiones de fondo que a todas luces parecen irrefutables, dado los testimonios contundentes recabados en las investigaciones y la manera en que operaba el Estado bajo el mando omnívoro del expresidente. Razón de más, sin duda, para que la CSJ haya adoptado finalmente la decisión hoy de todos conocida, la que se ha constatado ya que favorece un altísimo porcentaje de los panameños encuestados.

Así las cosas, no cabe duda de que tanto la presión ciudadana bien organizada, como la tenaz labor de los medios de comunicación, con auténtica vocación investigativa y justiciera, contribuyen decididamente, aquí y en cualquier parte del mundo en que rigen los derechos cívicos, a desarticular, poco a poco, las diversas instancias de la impunidad, así como no permitir que la corrupción continúe institucionalizándose en detrimento de la ciudadanía.

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