CASO MONCADA LUNA

La tormenta perfecta: Dicky Reynolds 0´Riley

Pareciera que el tema del magistrado Alejandro Moncada Luna tiene los elementos necesarios para recrear la tormenta perfecta. El morbo y los intereses velados le han dado una perversa notoriedad periodística que mantiene en vilo a los ciudadanos, como lo hace cualquier telenovela de moda.

En primera instancia, el gobierno no parece despegar en sus gestiones administrativas por aquello de que el país se acostumbró a la forma de gobernar del pasado reciente, que rayaba casi en la dictadura por el exceso de presidencialismo y el ego que hacían ver al primer ciudadano como “magnánimo” y “buena gente”.

La campaña política pasada prometía, entre otras cosas, juzgar a los corruptos. Esta es una materia pendiente y cuyos involucrados suman índices tan altos como el de la criminalidad violenta en la que más se fija la ciudadanía porque deja rastros y traumas visibles. La corrupción, en cambio, queda invisibilizada porque sus actores principales son políticos y gente de alta alcurnia, los llamados ciudadanos de cuello blanco.

El magistrado Moncada Luna conjuga todos los ingredientes por haber sido electo durante el gobierno pasado, al que todavía no se le ha pasado factura por sus desaciertos administrativos. Además, sin subjetivizar, este personaje concita el odio hasta de aquellos que no lo tienen como enemigo. Todos acuden ahora a su proceso de lapidación y no quieren faltar a su misa de réquiem. Esto me recuerda la trama del libro El Extranjero, de Albert Camus.

La llamada sociedad civil clama por mayor beligerancia en la persecución de los delitos que se le endilgan a ciertos funcionarios, que no dan la cara ante su opulencia sospechosa. El dossier de Moncada Luna es solo un elemento de distracción de otras personas que incrementaron su peculio (sin precisar su procedencia) para hacerse de artículos suntuosos que su trabajo no puede patrocinar, porque los sueldos que percibieron no eran cónsonos con su nueva realidad económica. Su pírrica autodefensa para justificar un préstamo raya en la insolencia, en un país donde hay leyes tan absurdas como la exigencia de facturas para probar la procedencia de un celular, y a falta de este requisito a cualquier ciudadano se le puede abrir una causa criminal. Este es un país en el que un corregidor, de manera caprichosa, te puede solicitar hasta la fe de bautismo en cualquier litigio predial. Por eso, decir a estas alturas del siglo XXI que la palabra sirve como rúbrica de cualquier obligación es una ficción.

La Asamblea Nacional, un ente cuestionado por su falta de credibilidad y confianza, no pareciera ser el juez justo para el encartado en ciernes. El secreto de su voto promueve la suspicacia o esconde cuál es su intención en este caso inédito.

Hay una extraña docencia, con explicaciones seudolegales, en el sentido de que a los diputados les está vedado hablar sobre el tema por el temor de viciar el proceso. Además, se habla de hacer prevalecer los derechos humanos de quienes se pretende, o no, enjuiciar, apelando a formalidades so pretexto de que “no se caigan las denuncias”, y con ello se cubre el proceso con el manto de la impunidad.

Ahora sí se apela a los principios de presunción de inocencia, amparo de garantías constitucionales, términos fatales, procedimientos legales justos, el indubio pro reo, etc., beneficios que no se les aplican a los ciudadanos de a pie, que son juzgados con rigores inusitados. Basta observar cómo se oxidan los hábeas corpus, cuando se procura la libertad de algún ciudadano cualquiera.

La Asamblea Nacional alberga el temor del “efecto bumerán” por parte de los otros integrantes de la Corte Suprema de Justicia que mantiene en sus anaqueles procesos contra diputados aún en espera de solución.

En definitiva, el magistrado Moncada Luna será el chivo expiatorio de todos los pecados del sistema, para lavarle la cara y para que no se pierda del todo la fe en la justicia, al estilo de un señuelo cazabobos.

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