terrenos en siete islas pasan a manos del municipio de taboga

Ediles contradicen a la Anati

880.7 hectáreas entre las islas de Taboga, Taboguilla, Otoque, Melones, Urabá, Tórtola y Tortolita están en manos de los ediles del Municipio de Taboga.

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EL 72% de esta isla fue entregada por Anati al Municipio de Taboga, con un valor oficial de $509.4 millones o $119 el metro cuadrado. LA PRENSA/Iván Uribe. EL 72% de esta isla fue entregada por Anati al Municipio de Taboga, con un valor oficial de $509.4 millones o $119 el metro cuadrado. LA PRENSA/Iván Uribe.
EL 72% de esta isla fue entregada por Anati al Municipio de Taboga, con un valor oficial de $509.4 millones o $119 el metro cuadrado. LA PRENSA/Iván Uribe.

El Municipio de Taboga solicitó 772.7 hectáreas en siete islas del Pacífico a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) para ampliar su ejido. La Anati respondió otorgándole 108 hectáreas más de lo solicitado: 880.7 hectáreas en total.

La petición de tierras está firmada por José Chirú, alcalde de Taboga, y Azael Ortiz, presidente del Consejo Municipal, con carácter de “urgencia”, según el Decreto 114 del 27 de agosto de 2012.

Su fundamento: que las áreas pobladas de las islas de Taboga cabecera y Otoque “presentan un crecimiento demográfico y habitacional que exige urgentes medidas para el ordenamiento territorial y la preservación de sus características paisajísticas y medioambientales”.

Todo parece indicar que los ediles tenían la seguridad de que la Anati accedería a su petición, porque un mes antes de que esta entidad le entregara al municipio las tierras pedidas –en junio 2013– firmaron un acuerdo para vender parte de las islas solicitadas al empresario Ernesto Bósquez Ditrani. Una venta irregular que se anuló por quejas de la comunidad.

Mediante las resoluciones 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 del 19 de julio de 2013, firmadas por el administrador de la Anati, Franklin Oduber, la entidad responde a la petición y le entregó al Municipio de Taboga 880.7 hectáreas en las islas Taboga, Taboguilla, Melones, Urabá, Tórtola, Tórtolita y Otoque, para que los ediles dispongan de los terrenos.

En estas resoluciones de traspaso gratuito de terrenos baldíos al municipio se estableció el número de finca de los nuevos ejidos, con sus respectivos avalúos oficiales, calculados entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

No obstante, dicha cámara edilicia, después de pedir “la ampliación de su ejido” a la Anati en agosto de 2012, se aseguró de establecer su propia metodología para “adjudicar lotes de terreno en las áreas municipales” y la exclusividad de ponerle precio a estas fincas, mediante el Acuerdo 131 de diciembre de 2012, lo que contrasta con las mencionadas resoluciones de la Anati (ver facsímil).

En otras palabras, independientemente de los avalúos del MEF y de la Contraloría, el Municipio de Taboga dejó pactado que son ellos (los ediles) los que le establecen el precio, un cálculo cuyos detalles tampoco se mencionan en el documento.

Benjamín Colamarco, ex director general de Catastro y Bienes Patrimoniales, indicó que, aunque se trate de tierras municipales, siempre se requiere de un precio promedio entre los avalúos del MEF y la Contraloría. “Estos procedimientos deben cumplirse a cabalidad”, por lo que el concejo “tiene que cumplir con lo que dictan dichos avalúos”, subrayó.

El único documento que menciona precios de estas tierras municipales es el Acuerdo 63 de 2008, también firmado por Ortiz, que fijó la venta del metro cuadrado a un valor inferior, entre 10 centésimos y 5 dólares para los residentes, y de 5 a 50 dólares para foráneos.

En este sentido, Rainier Del Rosario, ex subcoordinador técnico del Programa Nacional de Administración de Tierras (Pronat) –hoy Anati–, consideró que es un derecho del municipio establecer el precio, pero la Contraloría debería investigar si los precios establecidos “son tan bajos que implican una lesión patrimonial”.

“Esos precios tienen que establecerse con claridad... Es inusual que establezcan el acuerdo de venta y titulación y el precio lo dejen para posterior; es inusual e irregular”, agregó Del Rosario

Las resoluciones de la Anati argumentan que la entrega de tierras “obedece a los procesos de titulación y regularización masiva de tierras” a favor de los poseedores beneficiarios dentro del globo traspasado a favor del Municipio de Taboga, lo que en la práctica con el empresario Bósquez Ditrani no se cumplió, pues le vendieron tierras municipales que él nunca ocupó.

Un municipio vende un terreno para un desarrollo concreto con su estudio de viabilidad económica y ambiental, previo a la venta, o porque existen derechos posesorios, premisas básicas que se incumplieron, destacó Del Rosario.

Sin embargo, para Colamarco dicha venta fue inconstitucional.

El alcalde de Taboga firmará las escrituras correspondientes en estas 880.7 hectáreas entregadas por la Anati, indica el Acuerdo 114 de ese municipio.

En la isla Taboga el municipio solicitó 308.3 hectáreas, pero la Anati le entregó 110 hectáreas más: 428.6 hectáreas. El 72% de la isla, que mide en su totalidad 590 hectáreas, está en manos de los ediles.

Según los avalúos oficiales, el valor del terreno en Taboga es de 509.4 millones de dólares, es decir, a unos 119 dólares el metro cuadrado.

De Taboguilla se entregaron 135 hectáreas, pedidas y avaluadas en 94.06 dólares el metro cuadrado o unos 128 millones de dólares.

De igual manera, los ediles solicitaron 246.5 hectáreas en la isla de Otoque, cantidad de tierras que entregó la Anati, avaluadas en 136.4 millones de dólares a razón de unos 55 dólares el metro cuadrado.

En la isla de Melones, los ediles pidieron unas ocho hectáreas y la Anati entregó cinco, según la Resolución 19, cuyo avalúo oficial es de 8.1 millones de dólares, equivalentes a unos 160 dólares el metro cuadrado.

En la isla Urabá la solicitud fue de 70 hectáreas y se les entregó 61, con un avalúo de 128.8 millones de dólares, o unos 104 dólares el metro cuadrado.

En Tórtola solicitaron 2.6 hectáreas y la Anati entregó una cantidad similar, valoradas en 2.1 millones de dólares, a razón de unos 82 dólares el metro cuadrado.

Por último, en Tortolita pidieron 3 mil 145 metros cuadrados y la Anati entregó 3 mil 212 metros cuadrados, con un avalúo de 257 mil 333 dólares, o unos 80 dólares el metro cuadrado.

Agregan las resoluciones que los terrenos no podrán usarse para fines distintos al que dice el documento, que el municipio debe mantener el 10% del área demarcada a disposición del Estado, lo que también fue violado en la venta de islas a Bósquez Ditrani.

A su vez, señala que el municipio no podrá enajenar ninguno de los predios ocupados o habitados por entidades estatales o gubernamentales, lo que tampoco se respetó cuando le vendieron la isla Tortolita a Bósquez Ditrani, un bien inalienable de la Autoridad del Canal de Panamá.

Este diario contactó a la Anati y le solicitó una entrevista a Oduber a su correo electrónico, y a través de la relacionista pública, al menos, cuatro veces, pero remitieron al medio a un comunicado en su portal.

El comunicado indica que la Anati no promueve resoluciones para la venta de tierras en áreas de régimen municipal. No obstante, admiten que, por el “desarrollo urbano, gestión ambiental y utilidad pública”, se amplió el ejido de Taboga.

En tanto, el alcalde de Taboga señaló que no ofrecería entrevistas al diario La Prensa.

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