Seis funcionarios han sido intimidados

Fiscales están bajo amenazas

En el ejercicio del cargo, fiscales y jueces han de redoblar su seguridad, e incluso abandonar el país, para salvar sus vidas.

Las pandillas que se disputan el dominio territorial de San Miguelito son sospechosas de haber ejecutado el homicidio de Christopher Román Birmingham y Efraín Rodríguez, en represalia por una serie de operativos hechos hace unas semanas contra algunos grupos que operan en ese sector.

Román era hijo de la fiscal segunda superior de San Miguelito, Anny Irasema Birmingham

El fiscal tercero superior, Sofanor Espinosa, informó que hasta ahora los tres detenidos por este doble homicidio han adoptado un “código de silencio”, pues se han negado a declarar y aportar datos que pudieran esclarecer los hechos.

A los tres detenidos se les formularon cargos por homicidio, posesión ilícita de armas y asociación ilícita para delinquir.

Dos de ellos viajaban en un taxi que fue visto en el lugar y que posteriormente fue ubicado en un retén montado por agentes policiales en Calle Segunda, Pueblo Nuevo.

El tercero fue retenido en un vehículo marca Lexus, similar a uno que fue avistado en la plaza comercial en la que fueron baleados Román y Rodríguez. A esta persona se le decomisó un arma de fuego cuyas balas están siendo comparadas con las encontradas en la escena del crimen.

Espinosa aseguró que su despacho aún no tiene certeza del móvil del crimen, ya que ambos jóvenes eran profesionales del derecho que se encontraban en el inicio de sus carreras. Román laboraba en la Autoridad Marítima de Panamá.

El fiscal reconoció que las investigaciones de pandillas y casos “de alto perfil” constituyen un riesgo para los funcionarios de instrucción y abogados litigantes. Aseguró que a veces se reciben amenazas, pero que en su mayoría se trata de situaciones “del momento” sin ningún fundamento real.

Varios fiscales han recibido amenazas.

La fiscal segunda superior de Chiriquí, Nedelka Díaz, denunció públicamente el pasado 15 de julio haber sido advertida de muerte por miembros de una pandilla que opera en la ciudad de David.

También en julio pasado, Argentina Barrera, que ocupaba el cargo de fiscal segunda superior de San Miguelito, fue amenazada por pandilleros que actúan en el área.

Antes, en agosto de 2009, el fiscal primero de Drogas, Javier Caraballo, también denunció una serie de amenazas en su contra, tras apelar un sobreseimiento que un juzgado otorgó a 77 personas investigadas dentro del operativo denominado “Ley Patriótica”. Durante esa investigación, la Fiscalía de Drogas se incautó de una gran cantidad de bienes inmuebles y vehículos.

En noviembre de 2007, la fiscal de Adolescentes de Colón, Judith Gómez, también denunció haber sido amenazada, tras llevar un proceso por homicidio que incluía a algunos de los cabecillas de una pandilla de esa ciudad.

El presidente Martín Torrijos facilitó la salida del país del entonces fiscal de Drogas, José Abel Almengor, y su hijo, tras recibir amenazas de muerte por parte de narcotraficantes colombianos.

El 17 de septiembre de 2006, el asistente del fiscal tercero de Colón, Armando Gittens, sufrió un atentado con arma de fuego por parte de tres individuos que viajaban en un automóvil.

Según comprobó la Policía, el vehículo que usaron los tres pistoleros encapuchados, un Mitsubishi Lancer color gris, había sido robado 15 días antes en un centro comercial de Chanis, por lo que se sospecha que desde esa fecha se planificaba el “golpe”.

Gittens instruía el expediente por el robo de 2.4 millones de dólares, en marzo de 2005, en el International Commercial Bank of China, de la Zona Libre de Colón.

La exprocuradora Ana Matilde Gómez consideró que estas son acciones del crimen organizado para amedrentar a los jueces y fiscales. Aseguró que las bandas obtienen información tras penetrar los estamentos de seguridad con personal dedicado a espiar las actividades de los funcionarios de instrucción.

Gómez sostuvo que el narcotráfico trabaja los perfiles de los funcionarios que pueden ser susceptibles de corrupción.

Jueces también son objeto de amenazas

Los jueces tampoco escapan a esta realidad. A inicios de 2010, el entonces juez sexto penal, Rubén Royo, denunció una serie de amenazas en su contra, por lo que la seguridad del Órgano Judicial le asignó un agente especial para custodiar su despacho.

Royo había manejado casos de alto perfil como “Ley Patriótica”, Gatopardo y otros relacionados con narcotráfico.

En el año 2009 Royo fue absuelto en un proceso por supuestas faltas a la ética judicial y pocos meses después presentó su renuncia al cargo.

También la exjuez suplente Zulay Rodríguez recibió una serie de llamadas amenazantes tras abandonar el cargo y denunciar una serie de irregularidades en el manejo de algunos procesos judiciales, entre ellos el de la exprocuradora Ana Matilde Gómez.

El propio ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, señaló que el crimen organizado tiene en la mira a todos los funcionarios que los combaten y que su caso no es la excepción.

Precisó que el ataque hecho por un grupo de hackers a las computadoras de ese ministerio demuestra el interés del crimen organizado por saber las acciones de las autoridades para combatirlos.

Mulino reconoció que luchar contra el crimen organizado es muy difícil por la gran cantidad de recursos de que dispone para evadir la acción de las autoridades.

Sobre este tema se consultó al procurador José Ayú Prado, quien no quiso emitir comentarios.

Juan Manuel Díaz C.

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