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VENEZUELA

Inhabilitan a Capriles por 15 años

Según la Contraloría, la inhabilitación política es consecuencia de la responsabilidad penal que surge tras hallársele culpable de un delito.

Almagro pide a Maduro parar la represión

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Henrique Capriles llegó en 2008 a la gobernación y fue reelecto en 2012; su partido Primero Justicia ya anunció que será precandidato para la coalición opositora.AFP Henrique Capriles llegó en 2008 a la gobernación y fue reelecto en 2012; su partido Primero Justicia ya anunció que será precandidato para la coalición opositora.AFP
Henrique Capriles llegó en 2008 a la gobernación y fue reelecto en 2012; su partido Primero Justicia ya anunció que será precandidato para la coalición opositora.AFP Federico Parra

La Contraloría General de Venezuela inhabilitó por un período de 15 años al ex candidato presidencial Henrique Capriles, una medida que según la autoridad de control obedece a irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador del estado de Miranda.

Un comunicado, emitido por la Contraloría y que fue publicado por Globovisión, indica que el contralor, Manuel Galindo Ballesteros, “previo el cumplimiento del procedimiento administrativo, en el cual se garantizó el derecho a la defensa y al debido proceso, inhabilitó al ciudadano Henrique Capriles Randonski (...) como sanción accesoria a la declaratoria de responsabilidad dictada mediante Auto Decisorio de fecha 19 de enero de 2017. La ejecución de esta sanción administrativa accesoria (...) de fecha 6 de abril de 2017, surtirá efectos a partir de la fecha en la cual el ciudadano antes identificado cese en sus funciones como gobernador del estado Bolivariano de Miranda”.

De acuerdo con el comunicado, Capriles fue hallado culpable de “ilícitos administrativos durante su gestión como gobernador del estado de Miranda durante los años 2011, 2012 y primer trimestre del año 2013, por haber actuado de manera negligente al no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013 ante el Consejo Legislativo del estado de Miranda, por haber celebrado convenios de cooperación internacional entre la gobernación a su cargo y las Embajadas de la República de Polonia y de Gran Bretaña, sin la autorización legal requerida, y por omitir el procedimiento de selección de contratistas, comprometiendo el presupuesto público mediante contratación directa”.

Al final de la tarde de ayer, Capriles dio una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de alcaldes, diputados y parte del liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Allí señaló que el único inhabilitado en Venezuela es el presidente Nicolás Maduro, y le advirtió a sus compañeros de la Unidad que hoy vinieron por él y mañana irán contra ellos.

A esta minoría corrupta con vínculos en el narcotráfico no les queda sino esto –manifestó Capriles mostrando la notificación– e instituciones secuestradas, como la Contraloría. “Todo esto forma parte de lo mismo, es el paquete del autogolpe, aquí estamos viendo los coletazos (...) Maduro lo que tiene es miedo (...) es la hora no de pensar en una candidatura, no de pensar en un cargo, sino en la obligación que tenemos en la Constitución”, remarcó.

Capriles también anunció que va a empezar a recorrer cada uno de los pueblos de Venezuela. “Hoy me declaro en campaña, no como candidato, sino para cambiar el pueblo de Venezuela...”, aseguró.

La inhabilitación para ejercer cargos públicos ya fue aplicada en 2015 por el gobierno de Maduro para frenar a líderes opositores de alto perfil y con gran carisma entre la población. Fue el caso de la exdiputada María Corina Machado, a quien el 14 de julio de ese año le entregaron una nota en la que le notificaban una inhabilitación de 12 meses, presuntamente por no haber reportado un bono de alimentación que habría cobrado cuando ocupaba su curul en la Asamblea, de la que fue destituida por el régimen en 2014, a pesar de haber sido electa por votación popular. Ese año también le fueron quitados sus derechos políticos al encarcelado exalcalde Daniel Ceballos, al exalcalde Vicenzo Scarano y al exgobernador Pablo Pérez.

Para ese momento, la oposición se preparaba para enfrentar al oficialismo en las elecciones legislativas del 6 de diciembre, que terminó ganando por mayoría. Ahora, están pendientes en el panorama electoral los comicios para alcaldías y gobernaciones, que debieron celebrarse en 2016.

De acuerdo con el oficio de notificación entregado a Capriles –y publicado por él– tiene la opción de presentar un recurso de reconsideración ante el contralor dentro de un lapso de 15 días y uno de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia hasta dentro de 180 días.

A través de un comunicado colgado en su sitio web, la MUD se pronunció en contra de la inhabilitación a Capriles. Asegura que esta acción “confirma una vez más que en Venezuela no existe la separación de poderes y que el mal llamado Contralor General solo responde a los intereses de Nicolás Maduro y los cómplices de su régimen”. “Además, sabemos que esa acción contra Henrique Capriles, como ha sucedido en reiteradas ocasiones, tiene una sola causa, por cierto muy distinta a cualquier artimaña administrativa o judicial que quieran desde el gobierno poner como excusa, y es que temen que los venezolanos lo apoyen ante una eventual candidatura”.

El director para las Américas de Human Rights Watch, J osé Miguel Vivanco, aseguró que el gobierno de Maduro ha usado sucias trampas para sacar del juego democrático uno a uno a todos sus adversarios políticos. “Varios fueron condenados penalmente sin evidencias, como Leopoldo López, y otros, como Henrique Capriles, han sido inhabilitados arbitrariamente para participar en política. Si aún queda alguna persona que cree en la fachada de democracia de Maduro, la inhabilitación de Capriles debería desmoronar esa fantasía”, apuntó.

Vivanco remarcó que Venezuela sufre una dictadura con todas sus letras, y la necesidad de una acción multilateral firme y decisiva para proteger a los venezolanos, es cada día más urgente.

Almagro pide a Maduro parar la represión

La violenta represión de que fueron objeto los venezolanos el pasado jueves, que dejó como saldo un joven muerto, decenas de heridos y otra decena de detenidos, fue criticada ayer por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Almagro expresó, a través de un comunicado colgado en el sitio de la OEA, que ese saldo de heridos y detenidos “en forma absolutamente arbitraria e indiscriminada” es una muestra más “de autoritarismo”, y que el asesinato de Jairo Ortiz, de 19 años, “debe llamar a la democracia en el país a hacer justicia, a superar la ignominia de la cobardía de sus asesinos”.

Almagro también llamó la atención sobre las fuerzas armadas. “Se trata de un autoritarismo que se escuda en las fuerzas armadas que, lejos de actuar como las fuerzas del orden, actúan como las fuerzas de la represión y del terror. Es un autoritarismo que, en su escalada de odio y vergüenza, contagia también de odio y vergüenza a las fuerzas armadas. Este régimen autodenominado cívico-militar es el responsable no solo de la pérdida de la Democracia y de la crítica situación alimentaria, es también responsable de incitar al odio mediante la represión”.

El secretario general le recordó al gobierno de Nicolás Maduro que protestar pacíficamente y reunirse son derechos universales que debe respetar cualquier gobierno, y que lo sucedido revela nuevamente que en Venezuela no existe Estado de derecho y que “se violan metódicamente los derechos humanos”.

En su comunicado, Almagro pide al régimen cesar inmediatamente todo acto de represión  por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de “los grupos civiles de choque que responden al oficialismo”. Asimismo, indicó que se ve obligado a “advertir al Gobierno de Venezuela que los demócratas del continente no aceptaremos pagar con sangre venezolana las deudas de democracia, libertades, prosperidad, Constitución y derechos que sus gobernantes han contraído a costillas del pueblo”. Por último, hizo un nuevo llamado a celebrar elecciones, para que Venezuela tenga un gobierno legítimo surgido del pueblo.

Anoche la oenegé Foro Penal confirmó que hay 20 detenidos por las protestas del 6 de abril.

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