Caso cobranzas del istmo

Jueza: Cucalón ‘dilata’ proceso

A pocos días de la celebración de la audiencia, el exjefe de la DGI busca a un abogado que tiene una causal de impedimento con la jueza.

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Cucalón, prácticas dilatorias de un caso. Cucalón, prácticas dilatorias de un caso.
Cucalón, prácticas dilatorias de un caso. LA PRENSA

La jueza primera penal Águeda Rentería hizo un llamado de atención al exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI)Luis Cucalón por usar mecanismos “dilatorios” en la investigación que se le sigue por la supuesta comisión del delito de peculado en el cobro de impuestos morosos a través de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., (CISA).

El llamado de la jueza se produce porque Cucalón otorgó poder a Moisés Bartlett para que lo represente en sustitución de Edwin Teira y Juan Carlos Sánchez. El cambio surge a pocos días de la audiencia del caso, programada para el próximo 18 de septiembre.

La jueza Rentería rechazó el nuevo poder otorgado por Cucalón a Bartlett debido a que ella mantiene una causa de impedimento o recusación con el abogado.

"... Representa [la acción de Cucalón] claramente un propósito meramente dilatorio que busca el impedimento...", dijo la jueza.

Carmen Boyd, vocera de Cucalón, indicó que van a insistir con Bartlett como apoderado y la jueza es la que debe declararse impedida.

JUEZA NIEGA CAMBIO DE ABOGADO A CUCALÓN POR TÁCTICA DILATORIA

El 24 de agosto pasado, el secretario del Juzgado Primero Penal, Manuel Lezcano, puso en conocimiento a Águeda Rentería, la encargada de ese despacho judicial, de que se presentó un escrito de “renuncia al poder otorgado” a los abogados Edwin Teira y Juan Carlos Sánchez por Luis Cucalón, exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI) en el gobierno pasado.

Minutos después de esta situación, detalla el secretario en su informe, se presentó al despacho judicial Débora Cruz con un poder otorgado por Cucalón al abogado Moisés Bartlett para que lo represente en el caso en el que se le investiga por la presunta comisión del delito de peculado en el cobro de impuestos morosos, a través de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., (CISA).

El documento, que fue recibido por insistencia, según el secretario, era una copia autenticada del poder que ya había sido presentado ante el Secretario del Segundo Tribunal de Justicia.

El secretario Lezcano advierte a la jueza Rentería de que ella mantiene una causal de impedimento con Bartlett. No se precisa cuál es la razón del supuesto impedimento.

LA JUEZA OPINA

“Es evidente que al insistir en traer al proceso una copia de un poder que fue presentado ante el Secretario del Segundo Tribunal, cuando en dicho tribunal se tramitó una acción de habeas corpus, por un defensor [Moisés Bartlett] con quien concurre causal de impedimento o recusación por esta funcionaria, pretende dilatar el proceso”, indicó la jueza en una resolución que emitió sobre este procedimiento.

Indicó que la actuación de los abogados y del imputado contraviene lo establecido en el artículo 653 del Código Judicial que señala que “nombrado un apoderado como principal o sustituto en un proceso, no podrá otorgarse nuevo poder ni sustituirse el ya otorgado a persona o personas en quien o quienes concurran algunas de las causales que den lugar a impedimento o recusación del funcionario...”.

Además, recordó el artículo 18 del Código Procesal Penal y el 215 del Código Judicial que señalan como uno de los principios rectores del proceso penal la lealtad y probidad en la conducta de los abogados.

Indica que la “ley procedimental vigente exige un mínimo de lealtad y decoro a los abogados de las partes, que incluso también recoge el Código de Ética y Responsabilidad Profesional de los Abogados... y por lo tanto, el ejercicio de actos como el que ahora nos ocupa, resulta improcedente, por representar claramente un propósito meramente dilatorio que busca el impedimento o recusación...” .

En atención a lo que dicta el numeral 5 del artículo 201 del Código Judicial, que otorga a los jueces la facultad de rechazar cualquier solicitud o acto que sea notoriamente improcedente o que indique una dilación manifiesta en un proceso, la jueza Rentería rechaza la copia del poder otorgado al abogado Moisés Bartlett, “que según se aprecia fue presentada el 19 de julio de 2017 cuando aún no había renuncia de los señores Teira y Sánchez...”. La renuncia de estos dos abogados fue reportada el 24 de agosto pasado, como se dijo anteriormente.

En su decisión, la jueza acoge la renuncia de los abogados Sánchez y Teira, pero fija un plazo de cinco días a Luis Cucalón para que nombre a otro defensor; y le advierte que si no lo hace en ese plazo, se le nombrará un defensor de oficio.

La jueza ordena notificar de esta decisión a Cucalón en el hospital Punta Pacífica, donde está bajo arresto hospitalario desde el 9 de septiembre de 2015, es decir, casi dos años.

CUCALÓN RESPONDE

Carmen Boyd, vocera de la familia Cucalón, explicó que el exjefe de la DGI debió cambiar de abogados por falta de recursos económicos y los gastos que enfrenta para asumir su tratamiento en el Hospital Punta Pacífica.

No detalló cuánto es lo que ha pagado por los servicios médicos.

Boyd señaló que el proceso se ha dilatado porque la jueza Rentería no ha querido ordenar que Cucalón sea evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), por lo que se debió recurrir al Segundo Tribunal de Justicia para que ordene a la jueza practicar esta diligencia.

Detalló que si la jueza Rentería tiene alguna diferencia con el abogado Bartlett, ella es la que debe declararse impedida. Dijo que Cucalón es libre de otorgarle poder a cualquier abogado y en eso la jueza no tiene injerencia alguna.

POCOS DÍAS PARA LA AUDIENCIA 

Esta nueva situación surge a pocos días de la audiencia a Cucalón por el caso CISA, fijada para el 18 de septiembre próximo.

Hace casi un año, el 12 de septiembre de 2016, la audiencia fue suspendida porque Cucalón alegó problemas de salud.

PRÁCTICA RECURRENTE 

El exfuncionario también ha logrado dilatar el proceso que se le sigue por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad en perjuicio de Digicel.

Alegando también problemas de salud, Cucalón ha esquivado las dos audiencias que se han programado por este caso: el 15 y el 29 de mayo pasado.

Cucalón también tiene otro proceso por supuesto blanqueo de capitales por el caso CISA que adelanta la Fiscalía Séptima Anticorrupción.

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