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Libertad de expresión, en riesgo

Defensores solicitaron a la CIDH priorizar acciones que indiquen la situación de violaciones de derechos humanos a través de informes.

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El presidente de la CIDH, James Cavallaro, y el primer vicepresidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren. El presidente de la CIDH, James Cavallaro, y el primer vicepresidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren.
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, y el primer vicepresidente de la CIDH, Francisco José Eguiguren. LA PRENSA/Ana Rentería

Representantes de medios de Venezuela, Ecuador y Paraguay denunciaron la falta de derechos a la libertad de expresión en sus respectivos países en el cuarto día de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolla en esta capital.

Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), con sede en Venezuela; Fundamedios, de Ecuador, y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) participaron en las audiencias junto con otros representantes de la sociedad civil el día de ayer.

AMENAZAS AL PERIODISMO EN VENEZUELA

Miembros de Espacio Público, asociación independiente y promotora de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión; el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social, aseguraron que el “papel de los periodistas en Venezuela se encuentra amenazado y con una reducción sustantiva de sus posibilidades”.

Carlos Correa, director ejecutivo de esta asociación, explicó que entre enero y octubre de 2016, Espacio Público registró un total de 309 denuncias de violaciones a este derecho, lo que representa un aumento del 41.74% en las violaciones denunciadas respecto al mismo período del año anterior.

De las 309, la intimidación (111), la agresión (49), la censura (43) y las amenazas (33) constituyeron los principales patrones de violaciones denunciados.

Sobre el acceso a la información pública, “el gobierno mantiene una política de opacidad y falta de información en diferentes ámbitos”, dijo el constitucionalista y miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Políticas, Carlos Ayala Corao.

Hasta la fecha, Espacio Público realizó 43 peticiones de información sobre cumplimiento de obligaciones relativas a solución de problemas comunitarios. Sin embargo, en solo dos casos pudieron obtener una respuesta “adecuada”.

MANIFESTACIONES Y LA PRENSA EXTRANJERA

Según los miembros de la entidad, las autoridades venezolanas “intentan por diferentes medios obstaculizar y reprimir el ejercicio de las manifestaciones públicas”. Explicaron que el 98.36% (2 mil 696) de las manifestaciones públicas fueron de carácter pacífico y el 1.64% fueron protestas violentas.

“El uso desproporcionado de la fuerza nacional dejó un saldo de 729 personas detenidas y 232 lesionados”, indica un informe presentado.

Entretanto, aseguran que unos 16 periodistas de prensa extranjera que venían a Venezuela, entre agosto y septiembre de 2016, enfrentaron obstáculos para el ingreso y desenvolvimiento de sus labores en el país.

“El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería realizó deportaciones y expulsiones de cinco periodistas extranjeros que llegaron a Venezuela. A otros les retuvieron equipos y los sometieron a largas horas de espera en los aeropuertos”, indicó Correa.

VIOLACIONES EN ECUADOR

De acuerdo con las estadísticas presentadas por los representantes de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) durante la sesión del día de ayer, 2015 “fue el peor año registrado para los periodistas en Ecuador”.

Según un informe presentado, de enero a diciembre, Fundamedios registró 377 violaciones a los medios de comunicación.

Así mismo, señalaron la falta de transparencia en la aplicación de la restrictiva Ley Orgánica de Comunicación por parte del regulador de medios del país (Supercom), “como contribución al deterioro del panorama mediático”.

“La tendencia de la Supercom a usar y abusar de la ley, apuntando a ciertos medios, resulta evidente en el número de multas y sanciones impuestas a los medios de comunicación de todos los tamaños”, aseguraron.

Al mismo tiempo denunciaron el clima “generalmente hostil y estigmatizante para los medios de comunicación en Ecuador que es perpetuado por altos funcionarios en el Gobierno, incluyendo al actual mandatario de Ecuador, Rafael Correa, quien en varias oportunidades ha desacreditado a los medios de comunicación durante su programa semanal de televisión “Enlace Ciudadano”.

SITUACIÓN PARAGUAYA

Una comisión integrada por Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay, y el abogado asesor Dante Leguizamón expuso la situación que atraviesan los periodistas independientes y la libertad de expresión en ese país.

“Nuestro país vive en estos momentos un período de deterioro de todos los derechos humanos, pero particularmente estamos preocupados por la situación del derecho a la libertad de expresión”, afirmó Ortiz en su intervención.

Asimismo, el abogado Dante Leguizamón , hijo de Santiago Leguizamón (primer periodista asesinado después del fin de la dictadura de Alfredo Stroessner), afirmó que desde entonces han sido 17 los periodistas asesinados, además de incontables ataques y amenazas, y que solo en dos de los casos, los asesinos han sido juzgados y “parcialmente” condenados.

“Solicitamos medidas urgentes. Una medida urgente que podría tomar el Estado hoy es adoptar el protocolo de protección en el contexto del Ministerio del Interior, por ejemplo, con un protocolo elaborado por el Sindicato de Periodistas con participación del Estado, que hace más de un año se encuentra en la sede del Ministerio del Interior sin ser aprobado”, enfatizó.

Los expositores se refirieron a la falta de una legislación que proteja con efectividad a los periodistas independientes , a pesar de que el pasado mes firmaron, en conjunto con el Estado, una ley referente a la libertad de expresión y protección de periodistas y defensores de los derechos humanos.

Según datos aportados en la ponencia, el 45% de los asesinatos acontecidos en Paraguay han ocurrido en los últimos cuatro años, y la mayoría de ellos se encuentran en impunidad. Además, “un informe de la comisión bicameral, del poder legislativo, concluyó que el 70% de la Policía Nacional está infiltrada por el crimen organizado.

Ortiz afirmó que de los últimos seis casos de homicidio a periodistas, tres tienen relación con personas vinculadas al poder político de las zonas, y que en muchas ocasiones los dueños de medios son funcionarios que los usan para atacar a sus adversarios políticos.

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