Libertad de Prensa

Ordenan audiencia a empleados de TCT

Tribunal de Apelaciones y Consultas revocó el sobreseimiento a favor de cinco sindicados por impedir la circulación de ´La Prensa´ y ´Mi Diario´.
La noche del 2 y la madrugada del 3 de agosto de 2012, camiones de TCT bloquearon los accesos de Corprensa, impidiendo la salida de ‘La Prensa’ y ‘Mi Diario’. LA PRENSA/Archivo. La noche del 2 y la madrugada del 3 de agosto de 2012, camiones de TCT bloquearon los accesos de Corprensa, impidiendo la salida de ‘La Prensa’ y ‘Mi Diario’. LA PRENSA/Archivo.
La noche del 2 y la madrugada del 3 de agosto de 2012, camiones de TCT bloquearon los accesos de Corprensa, impidiendo la salida de ‘La Prensa’ y ‘Mi Diario’. LA PRENSA/Archivo.

El Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial acogió el proyecto de fallo elaborado por el destituido juez Alexis Ballesteros y revocó el sobreseimiento definitivo a favor de cinco trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, S.A. (TCT) por el bloqueo a la circulación de La Prensa y Mi Diario, el 2 y 3 de agosto de 2012.

El ponente del fallo –fechado el 7 de mayo de 2014– es el juez cuarto penal Manuel Mata, quien reemplazó a Ballesteros, destituido hace mes y medio tras denunciar presiones de sus superiores para no revocar el sobreseimiento originalmente dado por el juez municipal Leslie Loaiza.

El fallo –que también firmaron los jueces Enrique Paniza y Celia Bonilla de Duncan– establece realizar una audiencia preliminar en donde las partes puedan presentar sus alegatos.

El tribunal concluye que el sobreseimiento dictado por Loaiza, el pasado 26 de noviembre, vulneró el artículo 2198 del Código Judicial que establece que no se realizará audiencia preliminar en aquellos casos en que no hay imputados, y la Ley 31 de 1998 sobre protección de víctimas de delitos.

Mata, Paniza y Duncan sostienen que sí hay imputados en el proceso, puesto que los cinco trabajadores de TCT “ostentan la calidad de sindicados”, lo que hace necesario hacer la audiencia preliminar.

A la vez señala que en el artículo 2 de la Ley 31 de 1998, se consagra que la víctima –en este caso el querellante es Corporación La Prensa (Corprensa)– debe ser oída por el juez, cuando este decida sobre una solicitud de archivo presentada por el Ministerio Público.

Loaiza se declaró impedido para realizar la audiencia preliminar y seguir conociendo el caso, bajo el argumento de evitar un prejuzgamiento, al haber dado ya una opinión de fondo.

Ahora el expediente deberá ser admitido por otro juzgado municipal.

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