RESIDENTES Y COMERCIANTES DE PACORA SE QUEJAN POR BLOQUEO DE LA SEÑAL DE TELEFONÍA CELULAR

Pacoreños, incomunicados

El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, lamentó los problemas causados a la población, pero dijo que la seguridad es la prioridad.

Mixela Alvarado piensa renunciar al contrato para la compra de un terreno en Paso Blanco, Pacora, donde construiría su hogar.

¿La causa? No puede comunicarse con familiares ni amigos desde la instalación de antenas bloqueadoras de celulares en el complejo penitenciario La Joya, como medida para evitar que los reos cometan delitos a través de llamadas telefónicas.

La medida, solicitada por el Ministerio de Seguridad y ejecutada por el Ministerio de Gobierno, está vigente desde junio de 2012.

Sentada frente a la oficina del promotor de la empresa Inmobiliaria Tanara Panamá Investment, donde acudió para protestar por la situación, Mixela Alvarado admitió estar molesta por el perjuicio que le ha provocado la disposición.

Según advirtió, si el problema continúa buscará un arreglo con la promotora y devolverá el terreno, pues no vivirá incomunicada.

Y no es la primera en llegar a esa determinación. Nevy Castrellón, promotor de la inmobiliaria, admitió que a causa de la interrupción de la señal de telefonía celular muchos de sus clientes se echaron para atrás.

“Yo padezco de una enfermedad y ni en el día o la noche tengo cobertura. Debo salir a otra área para tener comunicación con los clientes y esto no debe ser”, dijo, visiblemente enojado.

Aclaró que la comunidad no se opone a que las autoridades restrinjan las comunicaciones en La Joya y La Joyita, pero una cosa es eso y otra que se afecte al resto de los que residen o trabajan en la zona.

El bloqueo de la señal de celulares afecta a las comunidades de Unión Azuero, Paso Blanco, Tanara y El Naranjal, entre otras del corregimiento de Pacora, varios de cuyos residentes protestaron por la situación en agosto pasado y cerraron la Panamericana, tras lo cual fueron reprimidos por la Policía Nacional (PN).

Aquella vez, los vecinos informaron de que la restricción de las comunicaciones afecta a por lo menos 25 mil de las más de 52 mil personas que residen en el corregimiento, según el censo de 2010.

EDUCACIÓN, EN JAQUE

Como se dijo, el negocio de Castrellón no es el único perjudicado; por el contrario, los planteles educativos también están parcialmente incomunicados.

Tal es el caso del Instituto Profesional y Técnico México-Panamá, situado en Tanara, según lo reconoció su director, Víctor Pimentel.

De entrada, dijo que el bloqueo de la señal impide que los estudiantes reciban clases de informática y tengan acceso a internet.

Más allá, advirtió que la medida representa un riesgo para la salud de los estudiantes y de los profesores, y ya lo vivieron en carne propia.

Hace una semana, uno de los estudiantes se lesionó en las labores agropecuarias y para socorrerlo tuvieron que llevarlo al hospital del corregimiento 24 de Diciembre en un carro particular, porque no pudieron contactar una ambulancia.

“Fue un problema localizar una ambulancia y a la aseguradora, para informarle que lo llevaríamos a una clínica, por lo que tuvimos que trasladarlo al hospital de 24 de Diciembre”, indicó.

Denunció, asimismo, que en los últimos meses han sido objeto de varios hurtos y no han podido denunciar los hechos a tiempo, pues no pueden llamar a la PN.

“Esta es una zona roja. Hemos sufrido las consecuencias de hurtos, pero no podemos llamar para pedir protección”, acotó.

SIN INVENTARIOS

Y mientras avanza el tiempo, los pequeños comercios dedicados al expendio de alimentos y bebidas se quedan sin productos para la venta, lo que también afecta a las comunidades.

Chen Fai Yau, propietario de la abarrotería Joreibis, en el sector Unión de Azuero, contó que para obtener “algo de señal” y llamar a sus proveedores debe subir a una loma cercana a su negocio y esperar a que el aparato tenga señal para hacer la llamada.

De hecho, en un recorrido realizado por este diario en la zona, el pequeño comerciante fue visto en esa actitud, como si estuviese jugando con un celular.

“He estado toda la mañana tratando de comunicarme con el distribuidor de agua para que me surta”, narró en un “atropellado” español.

Como él, los residentes de la comunidad salen de sus casas para llamar e incluso algunos, hartos, han “desechado” sus teléfonos. “De qué vale cargar conmigo el celular, si no puedo hacer ni recibir las llamadas de mis clientes”, se quejó Alicia Jaén, vendedora de tamales, cuyas ventas han bajado,según afirmó.

Jaén conversó con este diario en su residencia, mientras amasaba el maíz para los tamales junto a otras mujeres.

Pese a la falta de señal, se confesó esperanzada de que sus clientes lleguen a su casa a buscar los tamales, porque ella ya no puede llamarlos.

En Paso Blanco, la situación no es diferente y los vecinos parecen haberse resignado a las limitaciones.

Milena Moreno contó que lo que han hecho es estar pendiente de las horas en que llega la señal, sobre todo en la mañana, para aprovechar los minutos y hacer las llamadas pendientes.

Pero, por lo general, la conexión no es asunto fácil y la semana pasada estuvieron a punto de ser víctimas de una tragedia de grandes proporciones, ya que se quemó la casa de un vecino y no pudieron llamar a los bomberos para que controlaran el fuego, que, por fortuna, no se propagó a otras residencias.

Después del siniestro, el vecino de Moreno tuvo que mudarse, pues su casa quedó reducida a escombros.

En el último año, Moreno ha cambiado de empresa de telefonía celular, pero no le ha servido de nada, pues el problema sigue y no mejora. “Nosotros tenemos computadora en nuestra casa, pero no la usamos porque está bloqueada la señal”, acotó.

EN EL CORREGIMIENTO

Desde Paso Blanco, La Prensa se trasladó hasta El Naranjal, donde la señal es completamente nula y los residentes hacen milagros para comunicarse con familiares y amigos.

Mireya de Murillo, dueña del quiosco Chona, afirmó que su negocio ha quedado semanas sin productos y no ha podido comunicarse con sus distribuidores.

“Ya llevamos meses en esto. La señal va y viene; no tengo manera de comunicarme con los carros que me traen las cosas”, dijo.

Después de conversar con Mireya, el recorrido siguió hacia Tierra Prometida, Espavé, San Martín y Chepo, sectores donde la señal es escasa.

Muchos de sus residentes y comerciantes optaron por rescindir sus contratos de internet.

Como María Ruiz, administradora del restaurante Tres M, en la vía Panamericana, quien entre bachatas y ballenatos contó que el negocio sigue con clientela, aunque el problema de la señal comienza a alejarlos.

“Este negocio se mueve, porque estamos a un lado de la vía y tengo carro para salir y conseguir mis productos. Pero la situación nos afecta a todos por igual”, dijo.

SEGURIDAD PRIMERO

Consultado sobre las quejas, el ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, ofreció disculpas a los residentes y comerciantes de las zonas afectadas, pero aclaró que la seguridad es prioridad y por lo tanto el bloqueo de la señal seguirá.

“Tenemos una responsabilidad que tiene que ver con la seguridad y creo que esta es primordial”, argumentó.

Reconoció que desde las cárceles del país ha salido durante años información para cometer delitos y por ello se tomaron estas medidas de prevención.

Aclaró, sin embargo, que de común acuerdo con las empresas que prestan el servicio ajustarán el bloqueo, que actualmente abarca casi 100% de la zona.

Al ser entrevistado por este diario en el Centro Femenino de Rehabilitación, Fábrega no quiso detallar el tipo de bloqueadores comprados ni dónde están colocados.

Luego, no contestó un cuestionario ni varias llamadas realizadas a su celular, para que diera detalles sobre el financiamiento del programa y del perjuicio causado al Estado tras la destrucción de las primeras antenas bloqueadoras instaladas en La Joya y La Joyita en 2011 durante varias reyertas promovidas por los reos.

El director del Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, tampoco quiso hablar sobre este tema, con el argumento de que no estaba autorizado para ello.

Por su parte, la exministra de Gobierno y ahora alcaldesa de Panamá, Roxana Méndez, quien coordinó la puesta en operación del programa en 2011, no contestó un cuestionario enviado por este medio.

Y lo mismo hicieron el exdirector del Sistema Penitenciario Luis Donadío, a quien se llamó a su celular; y la empresa que según noticias publicadas por diferentes medios de comunicación en 2011 fue contratada para la instalación de las antenas, Mer Security & Communications Systems, a la que se envió una nota solicitando información de dicho contrato.

Frente a esta situación, La Prensa envió el 9 de este mes al ministro Fábrega una solicitud formal de información, basada en la Ley 6 del 22 de enero de 2002 (ley de transparencia), que tampoco ha sido contestada.

La información publicada por los diarios locales en 2011 da cuenta de que los equipos bloqueadores costaron al Estado unos $2.5 millones, $300 mil de los cuales fueron aportados en una primera etapa por el Programa de Ayuda Nacional.

Rescatistas, en servicio

Aunque el director del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Pablo Tuñón, reconoció que el bloqueo de la señal de celulares afecta parcialmente las operaciones de esa entidad en Pacora, afirmó que siguen brindando el servicio a los habitantes del corregimiento.

De acuerdo con Tuñón, funcionarios del Sistema Penitenciario le han informado de que el “problema” de la interrupción de la señal será resuelto en poco tiempo.

Por su parte, el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Arturo Alvarado, explicó que esa institución tiene una base de transmisión de comunicaciones en Panamá este y por ello no se han visto afectados por el bloqueo de la señal de telefonía celular.

En tanto, el Órgano Judicial confirmó que el sistema de videoaudiencias penales, implementado desde 2007, tampoco ha sido interrumpido por el programa de los bloqueadores.

Elio Núñez

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