CASCO ANTIGUO DE SAN FELIPE

Pecados de una contratación

La Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos abrió procesos a varios profesionales contratados para restaurar la Catedral.

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CATEDRAL. Dentro de la estructura levantada hace 340 años, donde están los restos mortales de todos los obispos que ha tenido Panamá, no se celebra la misa desde diciembre de 2012. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga CATEDRAL. Dentro de la estructura levantada hace 340 años, donde están los restos mortales de todos los obispos que ha tenido Panamá, no se celebra la misa desde diciembre de 2012. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga
CATEDRAL. Dentro de la estructura levantada hace 340 años, donde están los restos mortales de todos los obispos que ha tenido Panamá, no se celebra la misa desde diciembre de 2012. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga

Un contrato directo del Instituto Nacional de Cultura (Inac) relacionado con estudios y planos para restaurar la Catedral Metropolitana, en el corregimiento de San Felipe, está envuelto en infracciones y vicios.

Las anomalías, que van desde tráfico de influencias hasta contratación de personal no idóneo para llevar a cabo las obras, están documentadas en un expediente levantado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, luego de una denuncia presentada en 2011.

De hecho, tras varios años de investigación, ese organismo técnico, adscrito al Ministerio de Obras Públicas (MOP), abrió procesos contra esos profesionales e incluso solicitó la intervención del Ministerio Público.

Todo empezó en septiembre de 2011, cuando a la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos llegó una queja por irregularidades relacionadas con los estudios y diseños de planos para restaurar la Catedral.

La obra del Instituto Nacional de Cultura (Inac) costaba casi un millón de dólares y había sido dada de manera directa a la empresa Restauraciones Integrales, cuyo presidente es el arquitecto colombiano Pedro Rafael Tono Lemaitre.

No obstante, para que la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura pudiera certificar la idoneidad de la compañía, debía aparecer la firma de un profesional nacional como responsable. Esa certificación se cumplió y quienes estaban autorizados para firmar en representación de la empresa eran los arquitectos panameños Yaneth Haydeé Achurra y Enrique Restrepo Núñez.

Restrepo Núñez había llevado a cabo varios proyectos de restauración dentro del Casco Antiguo y era el encargado de elaborar los planos para la propuesta de restauración. Su nombre es bastante conocido dentro del círculo de arquitectos que tienen que ver con la adecuación del patrimonio histórico.

Sin embargo, Achurra no maneja el tema patrimonial y tampoco tenía la experiencia para elaborar planos y firmar bosquejos relacionados con este aspecto.

Lo que sí tiene esta profesional de la arquitectura es un vínculo bastante cercano con el exministro de Obras Públicas Federico Suárez, ya que trabaja como gerente de operaciones del Grupo Suárez, empresa relacionada con el exfuncionario.

Cuando ese contrato se firmó, Suárez todavía era el titular de Obras Públicas.

Pero luego de todas las pesquisas, en mayo de este año la junta técnica –que dirige Rodrigo Sánchez, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA)– encontró argumentos legales suficientes contra Tono y Achurra.

El expediente fue enviado en julio pasado al MOP, debido a que la junta técnica es un organismo adscrito a esa institución que tiene como función reglamentar las profesiones de arquitecto e ingeniero, y las empresas de construcción.

El organismo conserva la facultad de reglamentar las distintas especialidades del ramo que aparecen y dar seguimiento a los ingenieros o arquitectos, responsables técnicos de constructoras, cuyos dueños no son de la profesión.

HALLAZGOS DE LA JUNTA

Durante la investigación, la junta detectó que Tono firmó planos cuando no estaba autorizado para ello.

“Los planos desarrollados por la empresa tienen en su membrete la indicación y firma de puño y letra como profesional responsable del proyecto a Pedro Rafael Tono, arquitecto restaurador (colombiano), en abierta violación a los artículos 7 y 8 del Decreto No. 257 del 3 de septiembre de 1965 y el artículo 18 de la Ley No. 15 del 26 de enero de 1959”, menciona el expediente de la Junta Técnica.

El artículo 18 de la Ley No. 59 indica que: “Ninguna persona, compañía o empresa podrá anunciarse u ofrecer sus servicios bajo cualquiera de las denominaciones profesionales establecidas en esta ley y sus reglamentos, si no posee certificado de idoneidad o no hay en la empresa o compañía un profesional idóneo en funciones, regulares con la misma”.

En ese sentido, los comisionados de la junta denunciaron la participación irregular del arquitecto colombiano como consultor profesional, por no tener idoneidad. También instaron a trasladar la denuncia al Ministerio Público por “usurpación de título” contra Tono por carecer de idoneidad, plantea el expediente.

En medio de las labores de investigación de los miembros de la junta, el profesional extranjero solicitó que se anulara la denuncia que había sido presentada en su contra, pero no procedió dicha petición. Es más, el organismo técnico consideró que había argumentos suficientes sobre irregularidades en dicho proyecto y los profesionales que participaban en su desarrollo.

Igualmente consideraron que la empresa Restauraciones Integrales y Tono actuaron contra las normativas que regulan sus actividades, específicamente en este trabajo.

“Los profesionales que laboran en las empresas gubernamentales con jurisdicción sobre el proyecto han actuado con negligencia, irresponsabilidad e incapacidad del cumplimiento de sus funciones, en violación a las leyes y normas que regulan su ejercicio profesional, afectando adicionalmente el patrimonio histórico y cultural del mencionado monumento y todo el país”, resalta una de las conclusiones de los expertos de la junta técnica.

Para los estudios y planos de restauración de la Catedral Metropolitana el Inac pagó más de 840 mil dólares a Tono, dividido en dos contratos.

Por la primera fase le entregó 280 mil dólares en 2010 y por la segunda 560 mil dólares a mediados de 2011. Ambos fueron otorgados de manera directa.

El propio Tono estimó que la restauración completa de la iglesia podría costar cerca de 15 millones de dólares.

ACHURRA SE DEFIENDE

En el caso de la arquitecta Yaneth Achurra, la junta técnica pidió que se abriera un proceso de oficio en su contra por tener conocimiento de las anomalías y vicios en este proyecto y no informar a ese organismo. Achurra era la profesional idónea responsable de la empresa Restauraciones Integrales.

Pero antes de que la junta técnica emitiera ese veredicto, decidió llamar a capítulo a la arquitecta a finales del año 2011 con el fin de que aportara sus descargos y aclarara la situación. No obstante, su aclaración generó más interrogantes y dudas sobre esa contratación.

Cuando los técnicos le preguntaron a la profesional sobre el trabajo que hizo para la empresa Restauraciones Integrales, su respuesta fue que “ella no ejecuta diseños, dibujos o trabajos relacionados con el desarrollo de los proyectos”. Su papel solo era de “representante técnica y revisar planos del proyecto”.

Pero mucha mayor sorpresa generaron sus palabras cuando se le interrogó sobre el porqué siendo la responsable panameña de la empresa y arquitecta no ejecutó esos trabajos. Simplemente dijo que “actualmente ella tiene un contrato de trabajo a tiempo completo con la empresa Constructora Suárez”. “En ese proyecto de restauración que tiene componentes de estructura, electricidad y otros, el diseñador es el arquitecto restaurador colombiano Pedro Rafael Tono Lemaitre”, agregó.

Achurra reconoció, además, que ella solo había refrendado los planos que ya tenían membrete donde aparecía Tono como responsable de la obra.

Otra de las anomalías que admitió la arquitecta durante el interrogatorio fue la introducción de diseños realizados en el extranjero. En el momento que se le cuestionó sobre ese tema, explicó que “sí tenía conocimiento, pero que esos diseños fueron avalados por profesionales y empresas panameñas con registro e idoneidad en la materia”.

APRUEBAN ANOMALÍAS

Los planos con el membrete de Tono fueron aprobados por instituciones como la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura, la Dirección de Obras y Construcciones del Municipio de Panamá, el Cuerpo de Bomberos de Panamá e incluso la Arquidiócesis de Panamá.

El director de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Rodrigo Sánchez, sostuvo que en este contrato el arquitecto extranjero violó las normas, como consta en el expediente que elaboró la junta técnica que él preside. “Hay que denunciar este tipo de acciones en las que se ignoran las leyes”, manifestó.

En el círculo de los ingenieros y arquitectos consideran que varios funcionarios pasaron por alto las irregularidades que estaba cometiendo Tono en el país.

A pesar de ello, la directora del Inac, María Eugenia Herrera, dice que no conoce a profundidad el tema.

Según Herrera, recibieron una nota del exarzobispo José Dimas Cedeño en la que le decía que solamente Tono era el único arquitecto que podía tocar la Catedral Metropolitana y por eso le dieron el contrato de forma directa. “Yo no tomé esa decisión absoluta. Yo fui con monseñor Ulloa [arzobispo, José Domingo Ulloa] al Consejo Económico Nacional para que se permitiera el traslado de partida y así darle la contratación directa al señor Tono”, añadió.

La titular del Inac sostuvo que el arquitecto colombiano cumplió con todas las normas para darle el contrato, ya que constituyó una empresa y [hay] una arquitecta panameña que firma por él.

Sobre la participación de Achurra y su vinculación con el exministro de Obras Públicas, indicó categóricamente: “yo investigué [a Achurra] y no tiene que ver con eso [Grupo Suárez], gracias a Dios”.

Por otra parte, defendió el acto público y dijo que en los últimos 15 años las personas que han tocado la Catedral no han hecho bien su trabajo. “Por qué la han dejado deteriorar. Este es un proceso constructivo de todos: la Iglesia, los arquitectos que estuvieron antes y de nosotros. Mi posición es amplia y clara, yo no tengo por qué estar escondida detrás de los árboles si allí están los documentos”, manifestó la directora del Inac.

Las palabras de Herrera difieren con los resultados de la investigación hecha por la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, la cual dejó claro que hubo anomalías, tráfico de influencias y otros pecados en la contratación.

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