ESCÁNDALO DE FINANCIAL PACIFIC

Pellegrini señala al magistrado José Ayú Prado

La única detenida por el millonario desfalco confiesa que el actual presidente de la Corte redactó la declaración que hizo en la fiscalía.

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José Ayú Prado es magistrado de la Corte Suprema de Justicia desde el 3 de enero de 2013, tras ser designado por el entonces presidente Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo. José Ayú Prado es magistrado de la Corte Suprema de Justicia desde el 3 de enero de 2013, tras ser designado por el entonces presidente Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo.
José Ayú Prado es magistrado de la Corte Suprema de Justicia desde el 3 de enero de 2013, tras ser designado por el entonces presidente Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo.

El exprocurador de la Nación y actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, tuvo participación en la elaboración de la declaración con la que Mayte Pellegrini intentó desvincular al expresidente Ricardo Martinelli del millonario desfalco en la casa de valores Financial Pacific (FP).

Así de claro lo manifestó Pellegrini, exempleada de FP, al ampliar su declaración indagatoria el pasado viernes 31 de octubre en la Fiscalía Decimocuarta de Circuito.

Pellegrini, acusada junto con 12 personas de delitos financieros por un desfalco de $12 millones en perjuicio de FP, declaró por primera vez el 22 de noviembre de 2012, y dijo que en la casa de valores había una cuenta llamada High Spirit que era de Martinelli y se le usaba para manipular el mercado de valores con las acciones de la minera Petaquilla Minerals.

El mismo día en que el diario La Prensa divulgó esa información, el 26 de diciembre de 2012, Pellegrini fue trasladada, sin haberlo pedido, desde las celdas de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en Ancón a la Fiscalía Decimotercera de Circuito –que entonces investigaba el caso–, para ampliar su indagatoria.

En esa primera ampliación, Pellegrini se retractó de lo dicho contra Martinelli, a cambio de su libertad.

Pero al no cumplirse con lo pactado, escribió una carta que hizo llegar a este diario, con fecha 2 de julio de 2013, en la que aseguró que esas no fueron sus palabras, porque las escribió el entonces procurador de la Nación José Ayú Prado, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), nombrado en el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

El pasado viernes 31 de octubre, Pellegrini contó todo lo ocurrido ese día y develó la intromisión y relación entre el poder Ejecutivo y el Órgano Judicial.

LE PASABAN EL CELULAR

Pasadas las 5:00 p.m. de aquel día, un carro de la Procuraduría llevó a Pellegrini a la Fiscalía Decimotercera.

Allí, Pellegrini se encontró con su abogado, Mauricio Ceballos, y con el fiscal encargado Frank Torres (el titular, Julio Laffaurie, estaba de vacaciones).

Ceballos le comunicó que debía retractarse de lo dicho sobre Martinelli y la cuenta High Spirit, y que en 15 días liberarían a su familia. Ella saldría en 30 días.

“Mi declaración, según Ceballos, sería escrita por Ayú Prado –en ese entonces procurador– y lo que pude observar es que Frank Torres entraba y salía de la oficina con una hoja y preguntas hechas en un papel”, dijo la acusada el viernes.

Las declaraciones son recibidas en los cubículos de los tramitantes y no en la oficina de los fiscales.

Pellegrini detalló que las respuestas a las preguntas que le hicieron ese día eran escritas a través del celular de Ceballos por Ricardo Solís, exfuncionario del Ministerio de Economía y Finanzas. “Me pasaban el celular en medio de la declaración, algo totalmente inusual”, expresó.

“Una vez terminada de leer las respuestas, Frank Torres llevaba las mismas a la oficina del fiscal y si había algún cambio, mandaba la respuesta correcta”, acotó.

Dijo que su declaración concluyó a eso de las 8:00 p.m. y recordó que al día siguiente Ayú Prado y Martinelli dieron declaraciones a los medios sobre el asunto.

Para entonces, Ayú Prado había sido ratificado por la Asamblea Nacional como magistrado de la CSJ y desde el 3 de enero de 2013 asumió el cargo.

COIMAS Y AMENAZAS

Pellegrini explicó que el 26 de enero de 2013 acudió nuevamente a ampliar su indagatoria a la fiscalía y amenazó con decir lo sucedido, porque no habían cumplido con liberar a su familia. Ese mismo día, Raúl Phillips y su hermano, Carlos Pellegrini, fueron liberados.

El 28 de febrero de 2013, Pellegrini cambió a su abogado y contrató a Zulay Rodríguez, actual diputada por el Partido Revolucionario Democrático, que para entonces era una dura crítica del gobierno de Martinelli.

El cambio de abogado se dio porque no se cumplió el trato de darle libertad.

Tras contratar a Rodríguez, al día siguiente fue enviada a la celda de máxima seguridad del Centro Femenino de Rehabilitación.

Confesó que el 20 de marzo de 2013 llamó al despacho de Ayú Prado, en la CSJ.

En vista de que el magistrado no estaba, le dejó dicho con su secretaria que iría a declarar seis días después a la fiscalía y si llegada la fecha no le daban su libertad, diría por qué se retractó.

Por esta llamada, Ayú Prado presentó un informe a la procuradora Ana Belfon, que abrió una investigación por la supuesta amenaza.

El 26 de marzo de ese mismo año, Pellegrini no fue llevada a ampliar su indagatoria, debido a un supuesto informe de inteligencia del Sistema Penitenciario que daba cuenta de un plan de fuga.

Desde entonces, Pellegrini esperó un año y siete meses para declarar ante la fiscalía las razones por las que se retractó.

Este diario envió un correo electrónico al magistrado José Ayú Prado para conocer su versión sobre los señalamientos de Mayte Pellegrini, pero no hubo respuesta.

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