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DESARROLLO GOLF CORONADO, S.A.

Tribunal rechaza recursos

I.Roberto Eisenmann, presidente de Desarrollo Golf Coronado, S.A. se dijo desilusionado de que a pesar del enorme cúmulo de trabajo que tiene el Tribunal Administrativo Tributario, en solo días falló en su caso.
I. Roberto Eisenmann, presidente de Desarrollo Golf Coronado, S.A., se sorprendió de lo expedito de los fallos. LA PRENSA/Archivo. I. Roberto Eisenmann, presidente de Desarrollo Golf Coronado, S.A., se sorprendió de lo expedito de los fallos. LA PRENSA/Archivo.
I. Roberto Eisenmann, presidente de Desarrollo Golf Coronado, S.A., se sorprendió de lo expedito de los fallos. LA PRENSA/Archivo.

El Tribunal Administrativo Tributario (TAT) negó por improcedente, en dos fallos separados, las solicitudes de la empresa Desarrollo Golf Coronado, S.A. para que se remitieran a la Corte Suprema de Justicia dos advertencias de inconstitucionalidad interpuestas como parte de los dos procesos por liquidación adicional de impuestos por $3 millones 76 mil.

Los fallos, fechados el 1 de este mes, tuvieron como ponente a la magistrada Ana Mae Jiménez y fueron avalados por Reinaldo Achurra e Isis Ortíz, los tres nombrados por el actual gobierno .

Desarrollo Golf Coronado, S.A. tiene como presidente y representante legal al fundador de La Prensa, I. Roberto Eisenmann.

Primer fallo

La empresa interpuso una primera advertencia de inconstitucionalidad dentro de la apelación a las resoluciones de la Dirección General de Ingresos (ahora Autoridad Nacional de Ingresos, ANIP) que sancionaron y confirmaron un alcance fiscal por $2 millones 83 mil 590, atribuido a supuestas deficiencias en las declaraciones de impuestos de los años 2008, 2009 y 2010.

En el recurso adujeron la posible inconstitucionalidad del artículo 74 de la Ley 6 de 2005, referente a la aplicación de las normas internacionales de información financiera y del artículo 699 del Código Fiscal.

Jiménez basó su decisión de negar la remisión de las advertencias de inconstitucionalidad a la Corte Suprema en tres fallos de esta, que datan de 2009 y 2011, y establecen los tres aspectos a tomar en cuenta por el funcionario receptor de los recursos: cuando la Corte Suprema ya se ha pronunciado, cuando la norma ya ha sido aplicada o cuando la ley no es aplicable al proceso.

En ese sentido, Jiménez advirtió de que negó la remisión del recurso porque tanto en la resolución del 4 de enero de 2012 que sancionó, como en la del 20 de abril de 2012 que confirmó, la DGI ya había aplicado el artículo 699 del Código Fiscal, que se dijo era inconstitucional.

En el caso de la advertencia de inconstitucionalidad al artículo 74 de la Ley 6 de 2005, tampoco acogió la solicitud basada en un fallo del 12 de marzo de 2009, según el cual esa ley no es inconstitucional.

Segundo fallo

El otro recurso de inconstitucionalidad iba en contra de la aplicación de los ar-tículos 1240-A y 1257V del Código Fiscal, aplicados en las resoluciones de la DGI del 4 de enero y del 20 de abril de 2012, que sancionó a Desarrollo Golf Coronado, S.A. a pagar $992 mil 765 con 75 centésimos por impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la prestación de servicios (ITBMS) desde 2007 hasta junio de 2011.

Al igual que en el anterior fallo, Jiménez negó la remisión del recurso a la Corte, debido a que la DGI ya había aplicado las normas señaladas de inconstitucionales.

En ambos fallos, Jiménez advirtió de que las decisiones son “irrecurribles [apelables] en la vía gubernativa”.

REACCIONES

Consultado sobre los fallos, Eisenmann manifestó: “es un poco desilusionante el apremio con que el Tribunal Administrativo Tributario ha tomado esta decisión, teniendo tantos casos pendientes”.

Según Eisenmann, la decisión fue tomada a los pocos días de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, enviara una nota al administrador de la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), Luis Cucalón, indicándole que podía continuar con el proceso contra Desarrollo Golf Coronado, S.A.

“Teníamos la esperanza de que hubiera independencia en el actuar del tribunal”, añadió Eisenmann.

Por su parte, el abogado de Desarrollo Golf Coronado, S.A., José Javier Rivera, denunció que Moncada “se ha ensañado y ha secuestrado todos los expedientes que tienen que ver con” la empresa.

“Se ha reservado todos los expedientes, tanto los del pleno [de la Corte] como los de la Sala Tercera [de lo Contencioso Administrativo], para manejarlos todos él”, dijo.

ANTECEDENTES

Antes de los fallos del Tribunal Administrativo Tributario, el pleno de la Corte, en dos fallos del 5 de marzo pasado y con ponencias de Moncada, negó dos solicitudes a Desarrollo Golf Coronado, S.A. para que se remitieran a esa instancia las dos advertencias de inconstitucionalidad.

Esas solicitudes se presentaron después de que Cucalón resolviera dos recursos de reconsideración presentados por la empresa, y confirmara las sanciones a Desarrollo Golf Coronado, S.A. sin enviar los recursos de inconstitucionalidad a la Corte.

Además, en fallos del 22 de noviembre de 2012, Moncada no admitió dos amparos de garantías que interpuso Desarrollo Golf Coronado, S.A contra las resoluciones del 20 de abril de 2012, dictadas por Cucalón, que le impusieron la sanción de liquidación adicional de impuestos por $3 millones 76 mil.

Aún está pendiente que Moncada resuelva otro amparo de garantías presentado el 2 de mayo pasado contra una resolución del 7 de diciembre de 2012, dictada por la directora de Desarrollo e Inversiones Turísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Teodolinda Quintero.

Esa resolución canceló el Registro Nacional de Turismo a la empresa Desarrollo Golf Coronado, S.A., operadora del hotel Coronado Golf & Beach Club, ubicado en Chame.

Además de todos estos recursos, la empresa interpuso uno de ilegalidad como parte de la apelación a la cancelación del Registro Nacional de Turismo.

Dicha advertencia de ilegalidad no fue admitida por la Sala Tercera de la Corte, en fallo del 5 de junio pasado, con ponencia del magistrado Luis Ramón Fábrega.

Rivera apeló esta decisión y Fábrega la concedió el 18 de julio pasado.

En tanto, el pasado 22 de julio, Moncada envió una carta a Cucalón para comunicarle que ya habían resuelto y que estaban debidamente ejecutoriados todos los recursos presentados por Desarrollo Golf Coronado, S.A. contra las resoluciones que le impusieron las sanciones, por lo que lo instaba a continuar con el proceso.

La carta de Moncada fue enviada después de quedar ejecutoriado el fallo que dictó el 11 de julio pasado, con el que negó una aclaración de sentencia al último de los amparos de garantías que rechazó.

Negación de justicia

El pasado el 7 de junio, un panel de abogados integrado por Mario Galindo, Alvin Weeden, Iván Robles, Fernando Berguido y Ebrahim Asvat, asesores ad honórem de Desarrollo Golf Coronado, S.A., divulgó un comunicado público y alertó que en este caso se ha dado una evidente denegación de justicia.

Los abogados manifestaron que los fallos de Moncada se apoyaron en tecnicismos e ignoraron las infracciones de la DGI.

Además, señalaron que hubo una violación al derecho a la defensa, pues la DGI impidió la práctica de pruebas a la empresa.

Pleno no admite recusaciones

Con ponencia de la magistrada suplente Gisela Agurto, el pleno de la Corte Suprema de Justicia rechazó los cuatro incidentes de recusación presentados por la empresa Desarrollo Golf Coronado, S.A. contra el magistrado Alejandro Moncada, por enemistad manifiesta.

Los fallos, fechados el 19 de junio pasado, fueron notificados por edicto el 1 de este mes.

Tres de las recusaciones buscaban que Moncada quedase impedido de conocer un amparo de garantías y las solicitudes para que la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos remitiera a la Corte Suprema de Justicia las advertencias de inconstitucionalidad presentadas contra las sanciones a la empresa por $3 millones 76 mil.

Agurto rechazó las recusaciones por extemporáneas, basada en que fueron presentadas el 29 de mayo pasado, cuando ya Moncada había emitido los tres fallos que negaron los recursos, el 5 de marzo de 2013 y el 22 de noviembre de 2012.

Los fallos de Agurto fueron avalados por los otros ocho magistrados del pleno, pero con el voto razonado de Jerónimo Mejía, que estuvo de acuerdo con rechazar las recusaciones por extemporáneas, pero aclaró las fechas en las que fueron elaborados los proyectos de fallo. En tanto, la cuarta recusación fue negada por Agurto, quien concluyó que no se configura la causal de enemistad manifiesta para que Moncada perdiera la ponencia del amparo de garantías presentado por la empresa contra una resolución dictada por la Autoridad de Turismo de Panamá el 7 de diciembre de 2012, que le canceló el Registro Nacional de Turismo.

“La enemistad manifiesta exige la comprobación de un motivo que haya arraigado profundamente y que en consecuencia despierte una intensa antipatía hacia la persona que lo causó, lo que en esta situación no se ha suscitado”, dijo Agurto. En este fallo, Mejía salvó su voto y Harley Mitchell lo razonó.

Mejía consideró que en la fase de admisibilidad del recurso no se deberían dar razones de fondo, y aunque Mitchell tampoco estuvo de acuerdo con que se sustenten las razones de la enemistad manifiesta en la fase de admisión, reconoció que al final no se prueba la enemistad.

Además, Mitchell cuestiona el hecho de que Agurto señala en el fallo que Moncada presentó un proyecto de fallo aprobado por la mayoría del pleno.

Sin embargo, Mitchell cuestionó que hasta ahora no se ha presentado proyecto o circulado resolución que resuelva el amparo.

Rubén Polanco

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